Los datos de Europa en 2018 siguen siendo decepcionantes, y los últimos datos de índices manufactureros han sido muy pobres.

El gráfico muestra que el efecto placebo del gas de la risa monetario del BCE ha dejado de surtir efecto (aumento del balance del BCE comparado con índice de sorpresa económica).

El gran error de la Unión Europea ha sido abandonar todo impulso reformista y fiarlo todo a la política monetaria. Y cuando los políticos abandonan las reformas y se entregan a la alta liquidez y los bajos tipos, los ciudadanos no distinguen, pero el riesgo político avanza.

Primero, se “blanquea” el populismo. Y, como escuchamos constantemente, el votante medio interpreta que “si hay dinero para todo esto, entonces hay para despilfarrar mucho más”.

Segundo, se aumentan los desequilibrios en época de bonanza. Con la Unión Europea creciendo, la liquidez a máximos históricos y los tipos a mínimos de la serie histórica, un “clamor” político para gastar mucho más y endeudarse (eso que llaman eufemísticamente “relajar el déficit”).

Tercero, se negocia sobre bases imposibles de financiar. En Europa vuelve el riesgo político de la mano de Italia, y ahora España.

En España, podemos lanzar por la borda la recuperación con un episodio similar.

La desastrosa cadena de casos de corrupción-todos- genera riesgo y pérdida de confianza. Pero lo peor es que se usa, no de manera distinta a la que hemos visto en tantas ocasiones en Italia, para forzar un cambio de gobierno, no para acabar con la mala gestión de fondos públicos. No para forzar unas elecciones anticipadas, eso no parece interesarle a ninguno de los partidos que saldrían debilitados de las mismas, sino para un cambio de gobierno a cualquier precio.

El impacto de la corrupción se analiza constantemente. Según el Banco Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5% del PIB de un país. Pero en España no tenemos un sector público sistemáticamente corrupto. Todos los casos que han saltado desde 2010 vienen de hace muchos años y una época atroz –la burbuja inmobiliaria- que esperemos no vuelva jamás.

Pero la ley funciona, como demuestra el hecho de que nadie que haya cometido fraude se está escapando de la acción de la justicia.

La corrupción afecta a la economía cuando se percibe impunidad, y ese no es el caso de España, donde la actuación de la justicia es ejemplar y se demuestra por las resoluciones contra altos cargos y miembros de partidos políticos, estén en el poder o no.

Por eso ante estos casos es donde hay que poner por encima de todo los principios de libertad y honestidad, demostrar que no es sistémico.

Lo que es cierto es que, en España, el índice de percepción de corrupción de Transparency International muestra que somos un país transparente pero que debe mejorar mucho más rápidamente y ser líder. Es difícil que eso ocurra cuando se usan los casos de corrupción como armas para tomar el poder y no para acordar una verdadera regeneración de la gestión de fondos públicos.

Pero no debemos olvidar que lo que nos mantiene como un país donde la inversión y la percepción internacional mejora es el hecho de que las instituciones y las administraciones públicas son independientes, sólidas y fiables.

Si hablamos de España ¿No es curioso que las cantidades defraudadas sean casi indirectamente proporcionales a la atención generada?Parece a veces que no preocupa la corrupción, sino la del enemigo político.

El problema del riesgo político no es solo la corrupción, sino la evidencia de que la utilización de la misma es partidista.

Pero hay más problemas. En España, como en Italia, el “cambio” es gastar más y endeudarse más. Vamos, el descambio.

La recuperación de España no es difícil de sabotear, desafortunadamente. Porque sigue siendo frágil. Ayer, a cierre de este artículo, mientras las bolsas europeas avanzaban, no sorprendía ver a Italia y España mostrar caídas y las primas de riesgo aumentar.

¿Por qué es fácil sabotear la recuperación? La falta de confianza en las propuestas económicas explica parte, pero la evidencia de que el parlamento español no tiene la menor intención de reducir los desequilibrios económicos y de las cuentas públicas es mucho más preocupante.

Todos los partidos políticos –en distintas combinaciones y con distintos grados de exceso- fían por completo la mejora de las finanzas públicas a los ingresos.

Ningún partido, en el debate de los presupuestos, se ha preguntado a qué prima de riesgo nos financiaremos y cuál será el coste cuando las inyecciones de liquidez terminen. Todos hablan de cómo gastar “el ahorro en intereses” y pocos de cómo se va a suplir si se aumenta el riesgo “relajando” el déficit.

Hoy, las compras del Banco Central Europeo suponen más de tres veces las emisiones netas de bonos soberanos. Todos nos acostumbramos a los periodos de bonanza. Pero la realidad es que nadie sabe exactamente cuál sería la demanda real y el coste real cuando termine esa manipulación artificial del coste y cantidad de dinero.

Si el bono a 10 años de Estados Unidos ha subido de una rentabilidad del 1,5% al 3% desde el final de los estímulos, podemos hacernos una idea del riesgo en el que una economía tan frágil como la española o la italiana pueden entrar si se dedican a destruir su credibilidad volviendo a los errores de 2007, pero mucho más endeudados.

La falta de responsabilidad en el debate presupuestario empieza porque ninguno de los que piden más gasto han analizado los riesgos de mayores tipos, ni de lanzarse a endeudarse sin tener el más mínimo análisis de demanda real.Háganle la siguiente pregunta a cualquier líder político de los que “exigen” gastar mucho más y aumentar el déficit: “¿cuánto nos va a costar?”

No saben cuál es la demanda real de bonos soberanos españoles cuando se acabe el programa de recompras del BCE, y se acabará.

Incluso si no se acaba, no valoran el efecto “saturación”. Ninguno ha mencionado la evidente ralentización de nuestras economías vecinas como riesgo.

No saben cuál es el efecto en mayor deuda y más déficit de tener que refinanciar más de 430.000 millones de euros mientras se lanzan a multiplicar el gasto.

No lo saben, ni les importa. Para eso ya tienen preparada la máquina de subir impuestos, aunque no recauden ni un tercio –con suerte- de lo que anuncien y se estanque la economía, el empleo y la creación de empresas.

Lo más triste es que haya un porcentaje importante de la población que piensa que aumentar de manera descontrolada la deuda y el gasto es “defender lo público”, cuando es exactamente lo contrario, acelerar el desastre. Y que la corrupción se va a atajar dando muchísimos más fondos de nuestros impuestos a otros políticos.

España no se puede permitir caer en otra crisis de confianza crediticia. Los casos de corrupción se deben atajar, desde la ley, no usarse para táctica política de “paja en el ojo ajeno”.

Pero, sea lo que sea lo que se decida en el parlamento, debemos informar de las señales de alarma que nos llegan de países amigos y vecinos. El debate político debe incluir ya los riesgos en los que nos metemos por ignorar los desequilibrios de la economía.

El gran problema del riesgo político es que ninguno de los que lo causa lo paga. Lo pagamos los demás.

Gobierne quien gobierne, la palabra “acuerdo” no puede ser sinónimo de fomentar la irresponsabilidad.