Se ha generado una enorme polémica por el anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, y creo que la oportunidad merece que se lleve a cabo no solo una ley que siga la línea de la legislación nacional para la Comunidad de Madrid, sino que sea una plataforma para que ésta sea un referente mundial de educación, acceso a talento y excelencia educativa.

Conviene poner en contexto la situación. La Comunidad de Madrid es la que más universidades privadas tiene, ocho privadas y 36 centros privados adscritos, frente a 6 públicas. También se sitúan por encima de la media de España en rendimiento, según el Ivie y la fundación BBVA.

Pero hay que hacer mucho más, y entre los objetivos a alcanzar es que el proceso administrativo y burocrático para crear una universidad de calidad, y avalada por premios Nobel y catedráticos de prestigio internacional, no se eternice ni se convierta en una locura de requisitos repetidos y retrasos injustificables. Primera cosa que debemos analizar. ¿Dónde se crean los cuellos de botella y por qué? Y poner las soluciones en marcha, rápida y eficientemente.

Como anteproyecto, la Ley está sujeta a un amplio debate, pero el objetivo de todos los involucrados debe ser único. Que la Comunidad de Madrid tenga algunas de las mejores universidades del mundo. Desde ese objetivo, y con la obligación de todos de resaltar aquellos aspectos que deban mejorarse o eliminarse, conviene entrar en algunas aclaraciones.

Que sea el Parlamento autonómico el que apruebe, mediante ley, la autorización para crear una nueva universidad privada es algo que se exige en la Ley Orgánica de Reforma Universitaria y se ha mantenido en la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Pero la apertura de una nueva universidad no requiere del visto bueno vinculante del resto de universidades. El Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid es un órgano consultivo y sus informes son preceptivos, pero no vinculantes.

El anteproyecto de ley no introduce una novedad en esto, ya que ya se exigía antes. También es preceptivo, como hasta ahora, un informe de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio.

Es importante abrir el debate sobre si estos requisitos son absolutamente necesarios o barreras de entrada, y si deben ser cambiados, pero no podemos poner un nombre y apellido a algo que ya existía y demonizar a una persona por un sistema que funciona de la misma manera en otras comunidades.

La Ley exige que se tenga una “trayectoria universitaria contrastada”, bien como centro adscrito o bien como centro de educación superior, pero ni se exige que haya sido dentro de la Comunidad de Madrid o en Universidades madrileñas. Se trata de una exigencia de mínimos que nunca afectaría a proyectos de calidad contrastada con profesionales de prestigio nunca cuestionado.

Tampoco es correcto que el anteproyecto elimine a aquellas opciones que ofrezcan titulaciones similares a las de las actuales. Utiliza la palabra “preferentemente”, para evitar duplicidades, además así favorece a las especialidades.

Podemos hacer mucho más por la educación sin un carácter normativo extremadamente detallado

No es exacto que se exijan diez titulaciones. Se pueden combinar grados y másteres. Por ejemplo, diez másteres equivalen a tres grados. Ni que se exijan instalaciones deportivas a cualquiera.

Una cosa he aprendido con ésta polémica. Podemos hacer mucho más por la educación sin un carácter normativo extremadamente detallado, porque nunca vamos a contemplar todas las particularidades posibles, sobre todo en un mundo cambiante donde la educación reglada está en proceso de revolución global. Tenemos que liderar el cambio. Si queremos tener una educación líder y de calidad no va a venir por una enorme cantidad de papeles y por una normativa detallista.

España merece una educación de calidad, de verdad. Y algo que se le puede reconocer al anteproyecto de ley es que el espíritu busca evitar una burbuja de baja calidad o de exceso y alto precio, y tiene como objetivo asegurar unos mínimos. Como todos los anteproyectos, está sujeto a debate y el objetivo de todos debe ser que mejore, para que Madrid no esté entre los mejores destinos de educación superior de España, que lo está, sino del mundo. Nadie puede negar el espíritu de mejora constante y diálogo de esta administración.

Educación no es una universidad 100% pública que expenda cientos de miles de títulos anuales sin un valor real

En muchas ocasiones intentamos buscar la excelencia desde la normativa, y asegurarla desde la creación de grupos de análisis, externos o internos. Pero lo importante, de verdad, es el reconocimiento internacional. Y eso es lo que va a dar a nuestra educación un empuje no visto antes.

Porque educación no es una universidad 100% pública que expenda cientos de miles de títulos anuales sin un valor real. Ni muchas privadas que los expendan igual, pagando. Existe una razón por la que tenemos algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo. Por su prestigio internacional y sus exigencias de calidad y mérito. Educación no es tampoco adoctrinar ni controlar el tipo de ideario de los centros. Educación es formar a los jóvenes en el mérito, el conocimiento, la práctica y como cimiento para su futuro.

Estamos ante una oportunidad de oro. Las polémicas ayudan a enfrentarnos a los retos y hacerlo mejor. Y si el proceso administrativo es ilógico, es una oportunidad para hacerlo más eficaz. Mi experiencia en ese sentido ha sido clarísima. Cuando se ha presentado un problema de exceso de papeleo innecesario o de procesos administrativos injustificados y duplicados, la Comunidad de Madrid ha trabajado para solventarlo rápida y eficazmente.

Vamos a trabajar para asegurar que la Comunidad de Madrid tiene las mejores universidades del mundo. Mejorando y aportando soluciones. Todos.