Decía Margaret Thatcher que “el consenso parece ser el proceso de abandono de todas las creencias, principios, valores y políticas, algo en lo que nadie cree y a lo que nadie pone objeciones”. En un periodo de incertidumbre política es precisamente donde esos principios no pueden abandonarse en aras de cualquier acuerdo de gobierno.
La economía española ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo frágil. Pasamos de no tener déficit estructural a un 5% del PIB en 2011, duplicando la deuda pública y con déficits anuales de más de 100.000 millones. Hoy, tras los esfuerzos realizados, se han puesto las bases de un crecimiento sostenible. Pero los desequilibrios se mantienen. Una deuda pública de casi un 100% del PIB y un gasto público que ha aumentado un 41% desde 2004. Por ello no podemos aceptar un acuerdo que propone volver a los errores históricos. Hundir la economía con el inexistente efecto expansivo del gasto corriente e ingresos estimados que no se cumplen.
Si aceptamos relajar el déficit y aumentar el gasto corriente en 25.000 millones aumentaremos el déficit estructural –que se genera aunque la economía crezca- en vez de seguir mejorando. Tras una expansión fiscal de más de 550.000 millones desde 2008 nuestro objetivo no puede ser aumentar la presión fiscal y retrasar la consolidación.
Eliminar deducciones y desgravaciones es un ataque directo a la inversión productiva. En el nuevo escenario fiscal el 80% de los autónomos, según ATA, sufrirá un aumento de impuestos. Hacerlo para aumentar el gasto político en un país que ha mantenido el gasto social en un 21% del PIB en medio de una grave crisis es engañar a los contribuyentes.
En España el gasto social se ha dejado intacto. Es falso que haya que “recuperar” el estado de bienestar. Quieren recuperar el bienestar del burócrata.
Por un lado hablan de eliminar las diputaciones, pero el gasto aumenta. El documento del acuerdo incluye la creación de un nuevo organismo, observatorio o comité estatal casi por página. Y tiene 66.
No se trata de decir no a los acuerdos. Se trata de rechazar lo que, con toda seguridad, agrandará el agujero fiscal español con la experiencia que ya tenemos. Los gastos se cumplen a rajatabla y la estimación de crecimiento e ingresos fiscales demuestra ser optimista.
No hay nada de socialdemócrata en repetir las políticas que han fracasado en media Europa. Y nos lanza a otro shock de deuda.
Publicado en La Razón el 25 de febrero, 2016.
Interesante.
Pero vamos en mi opinión no se puede comparar el gasto que suponen actualmente las diputaciones con la creación de un organismo de ayuda a pequeños ayuntamientos.
Esta visto que aquí hacer reformas estructurales reales es imposible.
Un saludo . Gracias.
¿Un organismo? ¿Se ha leído el documento? Salen más de 50 nuevos organismos
Eliminar las diputaciones supone ahorrar 1000 cargos políticos, los presupuestos de las 38 diputaciones suponen 6500 mill de euros de los que 2000 mill euros son gastos de personal, acumulan una deuda de 7000 mill de euros según Bde.
Esta claro que no se podrá ahorrar todo, pero el avance es importante sin lugar a dudas.
Gracias y saludos