El gobierno, por fin, reconoce que España se enfrenta a un invierno duro. La euforia con la que han lanzado los mensajes de propaganda contrasta con la realidad.

Hasta Moody’s, agencia muy diplomática en sus estimaciones, prevé una caída de la economía española que retrasaría todavía más la recuperación del PIB de 2019. Se agradece que el gobierno abandone la propaganda y trate a los ciudadanos como adultos, pero no es suficiente.

España se enfrenta a un invierno muy duro con las peores medidas.

El “plan de ahorro energético” ha nacido muerto, al reducir la demanda de energía, pero aumentar la de gas natural. Las causas de ese fracaso vienen de lejos. España tiene un mix energético volátil, intermitente y muy caro y es así por diseño político. En verano, con la ola de calor, la producción eólica y solar se han visto muy afectadas. Sí, la producción solar pierde eficiencia con el calor y el exceso de sol. Un estudio de MIT muestra que la producción de las células fotovoltaicas disminuye a medida que aumentan las temperaturas: pierden un 0,45% de eficiencia por cada grado adicional, como refleja Ambientum.

Es más, el plan energético no tiene sentido cuando el gobierno mantiene un atasco burocrático en las licitaciones solares que puede poner en peligro las expectativas de capacidad instalada a 2023. Adicionalmente, el gobierno mantiene la decisión de desmantelar la central nuclear de Garoña, continúa con sus planes de cierre de nucleares y además seguirá con la política de quitar pantanos. Conclusión, menos energía autóctona y menor seguridad de suministro.

Se repite algo recurrente con este gobierno. Copia lo que hacen mal nuestros socios europeos y lo hace peor, e ignora lo que hacen bien.

Este gobierno solo se compara con los socios europeos para gastar y subir impuestos y para imponer medidas contra los derechos y libertades civiles. Y, efectivamente, cuando se trata de cercenar libertades y aumentar los desequilibrios fiscales, el gobierno resalta en su proactividad.

No solo son malas medidas energéticas, sino económicas.

El gobierno de Sánchez ha implementado más de cuarenta subidas de impuestos desde su llegada, el 80% de ellos contra la clase media, además de seguir negándose a deflactar los impuestos a la inflación, lo cual deja a los españoles sufriendo más inflación y pagando más impuestos por ella.

Los españoles asalariados se enfrentan a un duro invierno con la mayor caída de poder adquisitivo en dos décadas y más impuestos. El gobierno, además, quiere seguir subiendo más la carga fiscal con peajes en todas las autovías, un proyecto rescatado de nuevo, impuestos en el aire acondicionado y otros que se les ocurrirán.

Ya explicamos la semana pasada que los datos de España son claros. Partimos de la peor recuperación, más endeudados y con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y nos enfrentamos a una crisis con políticas que empeoran la situación de todos.

Más escollos a la contratación y mayores costes para los empleadores. El gobierno se lanza al invierno con otra subida del salario mínimo que conlleva una subida de las bases mínimas y, por lo tanto, más impuestos para la mayoría. Los escollos burocráticos y fiscales a la contratación permanecen y se aumentan, empeorando la capacidad de la economía de salir a flote tras dos años de esfuerzo.

Todas las medidas que anuncia el gobierno se resumen en dos palabras: represión y expolio. No hay una sola medida que no sea prohibir, limitar, vigilar y excluir tirando siempre del bolsillo del contribuyente. Esto no es administrar.

Sánchez lleva a cabo una política en la que los contribuyentes, familias y empresas están al servicio del gobierno y no al revés. No se ha anunciado la más mínima medida de reducción de ministerios, gasto superfluo, asesores, etc. Para el ciudadano español el invierno será muy duro. Para el gobierno y sus socios, como si nada.

En este contexto, la oposición debe ofrecer políticas que mejoren la situación de familias y empresas. No valen males menores ni mantener los destrozos acumulados. Hay que ser valientes e ilusionar a una población que está sufriendo un deterioro de su poder adquisitivo y sus condiciones de vida sin precedentes cercanos.