“No one together, no one is me and you” Kerry Livgren

El acuerdo firmado por PSOE y ERC ya encumbraba la inseguridad jurídica y las desigualdades ante la ley, pero el acuerdo de PSOE y Junts va todavía más allá. The Economist afirmaba que “Sánchez no es un amoral, pero su acuerdo puede ser fácilmente definido como sórdido”, y es correcto. No solo es sórdido, sino especialmente dañino para la democracia.

El acuerdo entre el PSOE y la derecha separatista pone al gobierno al servicio de los independentistas, elimina a la justicia como contrapeso, asume el discurso separatista, deslegitima a las instituciones del estado, el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de 2006, institucionaliza la inseguridad jurídica y blinda a los golpistas ante cualquier imputación pasada y futura. Y usted se cree que esta cantidad de salvajadas es progresista.

Es especialmente grave que se asuma la infame acusación de “judicialización de la política” y se abra la puerta a someter al poder judicial a la presión del poder político. Que el PSOE asuma la falacia del “lawfare” (uso político de la justicia para atacar a la democracia) es absolutamente intolerable. El comunicado conjunto de todas las organizaciones judiciales es meridianamente claro: “El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Hablamos del sometimiento de la justicia y los mecanismos de contrapesos del estado a la voluntad política dictada por la aritmética parlamentaria.

No olvidemos que los partidos de la coalición de gobierno no paran de decir que “esto es la democracia”… salvo por un pequeño detalle. Nadie ha votado la demolición del estado de derecho y ninguno de ellos se presentó a las elecciones con estas propuestas en su programa.

De hecho, estos acuerdos son chanchullos parlamentarios para mantenerse en el poder a toda costa a espaldas de la Constitución, la sociedad y los votantes.

Esto no es democracia, es autocracia.

No olvidemos que el PSOE y Sumar venden estos acuerdos como si fueran una solución para la convivencia y una manera de “desactivar” el separatismo. Es completamente falso. El separatismo no ha movido un ápice su posición. Que Junts proponga un referéndum de autodeterminación “en el marco del artículo 92 de la Constitución” se desmonta en el siguiente párrafo cuando el PSOE se compromete a aplicar el Estatut de 2006 en su totalidad. Recordemos que ese estatuto en artículo 76.4 y 97 vacía de competencias al poder judicial y hace los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias vinculantes. Es decir, Junts se compromete a nada porque el PSOE le regala la independencia de facto con respecto a las instituciones del estado.

Los inspectores de Hacienda también han mostrado su “rechazo frontal y absoluto” ya que el acuerdo incumple el artículo 14 de la Constitución. «Unos acuerdos que (…) conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales». “Esta situación implica sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna”.

Desde el punto de vista económico, que es muy grave ante semejante demolición del estado de derecho y la separación de poderes, el acuerdo es devastador.

Todo el acuerdo con Junts encumbra la inseguridad jurídica y la aleatoriedad política en decisiones que no les competen, incluso aquellas que corresponden a los consejos de empresas privadas. La institucionalización de la inseguridad jurídica que suponen estos pactos nos recuerda que esto no es democracia ni progresismo, es peronismo.

Más inseguridad jurídica implica menos inversión y menos empleo en un país que ya va camino de perder más puestos en renta per cápita de los que ya ha perdido.

La falacia del “déficit fiscal” que repite el separatismo está más que desmontada desde hace años. Es la Comunidad de Madrid la que más aporta a la caja común y la que financia el 75% del fondo de solidaridad. España no les roba. El gobierno les ha concedido todos los privilegios imaginables, ya que ha recibido 135.000 millones de euros de financiación extraordinaria porque la realidad es que Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s declararon la deuda de Cataluña bono basura en 2012, y sería peor que bono basura si se cumple el acuerdo con Junts, por eso el PSOE incluye comprometerse a garantizar el acceso a los mercados. 

Lo que hace el PSOE es garantizar una independencia de facto con aval del estado español ante el mercado financiero. Una aberración financiera y económica.

Que Coalición Canaria, BNG y las comunidades del PSOE acepten este acuerdo demuestra que es una coalición basada en la corrupción.

Que los socialistas de Asturias y Castilla La Mancha acepten este acuerdo que supone que ellos perderán casi 1.500 millones de euros anuales en acceso a financiación nos demuestra que no trabajan para mejorar la situación de su gente, sino para mantenerse en el poder.

No hay manera de justificar un acuerdo que supone la demolición del estado de derecho y una masiva transferencia de riqueza de los más pobres a una comunidad rica. Pero alguno aceptará este asalto a nuestras instituciones porque “por lo menos no gobierna la derecha”. En fin…