Conferencia en Pamplona marzo de 2014 explicando la situación económica española y las razones por las que podemos ser optimistas pero con cautela, y las soluciones mágicas no existen.
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Debate en La Sexta con Gonzalo Bernardos
Debate sobre economia con Gonzalo Bernardos
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Una reforma fiscal equivocada
15/3/2014 El Confidencial
“The real goal should be reduced government spending, rather than balanced budgets achieved by ever rising tax rates to cover ever rising spending». Thomas Sowell
“Una reforma que parte del principio de suma cero (lo que te doy por un lado te lo quito por otro) y no rebaja ingresos del estado no es reforma”. Juan Manuel Lopez-Zafra
Se ha discutido mucho sobre las recomendaciones del comité de expertos de cara a la reforma fiscal. Yo mismo comentaba algunos de los puntos principales ayer en la radio. Mi mayor problema con las recomendaciones es que las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos, y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación.
Sinceramente, espero que el Gobierno tenga en cuenta varios elementos que pueden afectar a la principal apuesta del Ejecutivo de cara a las elecciones, la recuperación económica y el empleo.
Considerar la primera vivienda o el coche como renta en el IRPF mientras se baja el tipo del mismo equivale a un aumento neto de lo que paga el ciudadano en impuestos y, de nuevo, ataca la renta disponible y el consumo. Utilizar el concepto de “vivienda improductiva” además es contraproducente para un país con centenares de miles de viviendas sin vender.
Las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación
Subir el IVA de los productos en el tipo reducido (que ya ha subido al 10%) y super reducidoafecta a nuestra industria más importante, el turismo, a la débil recuperación del consumo y a los márgenes de empresas con enormes dificultades. Con ello sufre el empleo y los consumidores con menos recursos al suponer subidas en carne, pescado, productos sanitarios, transporte de viajeros, servicios de hostelería o libros.
Eliminar deducciones en I+D o inversión en el extranjero es un peligro en un país donde esos conceptos se necesitan cada día más. Decir, como he oído en alguna ocasión “las inversiones las hacen sobre todo las grandes empresas, y si quitas las deducciones no van a dejar de hacerlas” es incorrecto y peligroso.
Con un tipo del 25% en Impuesto de Sociedades no se atrae suficiente inversión extranjera para lo que el país necesita. Reino Unido tiene un 23% y para las pymes con beneficios menores a 300.000 libras, un 20%. Irlanda tiene un tipo del 12,5%, y gracias a ello las mayores empresas se instalan en ese país.
La armonización fiscal no puede hacerse para igualarse al malo e ineficiente,sino a los mejores. Competencia fiscal y gestión eficiente de recursos. Si armonizamos al alza no sólo no atraemos capital, sino que lo echamos de las comunidades con ventajas fiscales.
Adicionalmente, hay varios elementos que no aparecen en el debate y que me parecen esenciales:
- Una reforma fiscal que parte de justificar el gasto y sólo busca aumentar la recaudación sin atender a la razón por la que han caído los ingresos nace con riesgo de entorpecer la recuperación. Los ingresos han caído por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, que generaba ingresos de 50.000 millones de euros, según los ministros De Guindos y Solbes, la caída de los beneficios empresariales, superior al 60%, y la devaluación interna, que ha cercenado la recaudación en los dos impuestos que más capacidad recaudatoria tienen: el IVA –al caer el consumo- y el IRPF –al aumentar el paro y bajar los salarios a niveles de 2001 en muchos casos.
- Una reforma fiscal que busca compensar ingresos de burbuja inmobiliaria con recursos de “lo que ha quedado vivo”, no sólo no soluciona el problema del déficit estructural de la economía, que se sitúa por encima del 4%, según AFI, sino que vuelve a poner en los hombros de las empresas y ciudadanos que han sobrevivido a la crisis el peso de un Estado que se niega a reducir su peso. El gasto público ha pasado en seis años de 412.000 millones de euros a 492.000 millones y alcanza el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) incluyendo las empresas públicas. Incluso si consiguen arrancar – y lo dudo- 30.000 millones de recaudación adicional, España seguiría gastando más de 60.000 millones de lo que ingresa.
- Cuando se acepta como mantra que tenemos “un problema de ingresos y no de gastos”, el diagnostico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria. España nunca ha recaudado más del 41% del PIB, y no va a aumentar los ingresos fiscales en casi nueve puntos de PIB rascando de lo que ha quedado del desastre económico de 2007-2012. Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios como si estos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en ordinario.
- El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70% entre la cifra real y la esperada. Si además en España la economía sumergida se estima en un 24% del PIB -y es mucho estimar- y en los países más avanzados cercana al 15%, la “cántara de leche recaudatoria” que nos están vendiendo es muy inferior a lo que realmente se conseguiría. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos lodos.
Recuerden el caso de Francia y el error de pensar que con gasto público y déficit se sale del agujero (como comentábamos aquí).
No se puede decir que no se haya hecho nada en cuanto al gasto, pero sí se puede afirmar que se ha hecho menos de lo necesario comparado con el ajuste de toda la economía.
El Gobierno cifra en 7.384 millones de euros lo ahorrado con la reforma de las administraciones públicas, y pronostica un ahorro a finales de 2015 de 28.898 millones de euros. Es decir, si damos por válidas las cifras, el ahorro conseguido con los mal llamados recortes –ya que el gasto no ha bajado- no llega a un 21% de todo lo que aumentaron los gastos desde 2005 a 2012 (143.000 millones de euros).
Argumentar que se ha recortado el gasto social es incorrecto cuando en 2012 superaba en 3.000 millones lo gastado en 2010 (según IGAE) y se ha disparado en 56.000 millones desde 2006.
Mientras tanto, la economía española privada ha visto ajustes del 40-60%, y las administraciones públicas exigen que el esfuerzo vuelva a recaer sobre empresas y familias.
Se ha creado la aristocracia del gasto político, que rechaza cualquier ajuste adicional y siempre exige el esfuerzo a los demás.
Pero además, no se puede hablar de ahorro cuando han aumentado los gastos. Y repito, los gastos extraordinarios cuentan, cuestan y se pagan, no son aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir “si quito los costes de la obra de casa, la hipoteca, los intereses de la tarjeta, el seguro, el dentista y el taller del coche mis gastos son muy bajos”?
La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ha alcanzado los 960.640 millones de euros. Se ha reducido el coste, pero la cantidad sigue aumentando, a un ritmo del 8%.
Incluso si eliminamos los gastos extraordinarios de los rescates autonómicos, el de las cajas -todas públicas, recordémoslo- y de facturas sin pagar –ese que siempre olvidan los que dejan los impagos-, las administraciones publicas siguen siendo muy deficitarias. Eso suponiendo, y es mucho suponer, que el Estado no consuma aún más al calor de “lo que vamos a ingresar”.
La fiscalidad debe orientarse hacia dos objetivos: atraer capital y crear empleo. Y ante todo, debe evitar hacer el cálculo desde un gasto inamovible para alcanzar una cifra de ingresos de pasado burbujero, como comentábamos aquí.
El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos “perdidos” se van a recuperar.
En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” hablo de la enorme cantidad de gasto político que sigue entorpeciendo la recuperación, hasta 80.000 millones de euros anuales. Juan Rallo en su libro“Una Revolución Liberal” muestra que el coste del estado español es de 22.100 euros por trabajador anualmente, 8.275 anuales por habitante.
El esfuerzo fiscal (lo que los ciudadanos pagan respecto a su renta) en España es de los más altos de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal es aparentemente baja. ¿Por qué?Porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio, se calcula en base al PIB, y cuando el 50% del PIB lo controla el Estado y se ha aumentado a base de burbuja de obra civil e inmobiliaria, la trampa de la ratio nace en toda su gloria.
Entendamos la diferencia entre una fiscalidad orientada al crecimiento y otra recaudatoria a corto plazo, que frena el desarrollo potencial.
Hay que bajar impuestos y cortar gasto político. Efectivamente, sin lo segundo ninguna reforma fiscal va a funcionar, porque el déficit estructural creado por dicho gasto es demasiado alto. Lo comentaba en esta columnahace más de un año: “Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5% real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo -además de ser muy oneroso- es su altísima complejidad. Un tipo real del 12.5% reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota de 25 euros –todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable, como se ha prometido. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse”.
Sólo pido que el Gobierno tenga en cuenta el riesgo de que la reforma ataque al consumo y retrase la inversión productiva que tanto necesitamos mientras las empresas analizan y se aclaran sobre el impacto y aplicación de las nuevas normas. España puede crecer al 3% y crear millones de puestos de trabajo si no volvemos a ponerle la zancadilla con gasto improductivo. No para garantizar el Estado del Bienestar, sino para justificar el bienestar del Estado.
Falacias tributarias, inversión y donación
1/3/2014 El Confidencial
«I’m saying it bluntly, that this administration is the greatest wet blanket to business, progress and job creation in my lifetime” Steve Wynn (Julio 2011)
Me preocupa mucho la deriva populista de algunos grupos políticos, que se ha intensificado con el debate sobre el estado de la Nación. No debería extrañarme, cuando en un país en el que se ha disparado el gasto público en 180.000 millones desde 2003 se escuchan cosas tan alarmantes como “usted y yo estamos de acuerdo, no tenemos un problema de gastos sino de ingresos” sin que se revolucione el congreso.
Por supuesto, es falso. España jamás ha ingresado más de 433.000 millones de euros en el pico de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, a pesar de la mayor expansión de crédito después de China y Taiwán. Sin embargo, gastamos más de 60.000 millones por encima de esos ingresos fiscales burbujeros. El gasto se adaptó rápidamente a la fiesta, pero luego los gobiernos se niegan a reducirlo cuando el ciclo cambia. Y hay querecaudar.
Nuestros representantes se lanzan a la represión fiscal sin reconocer el más mínimo error en la gestión ni en el gasto. Cada vez que se comentaba en el debate el agujero dejado por el despilfarro y las facturas sin pagar por las administraciones públicas –total, entre 20.000 y 30.000 millones de euros- que han costado la ruina a miles de empresarios y centenares de miles de empleos, el silencio se tornaba en excusa y se sacaba el nuevo cuento, la demonización de las grandes empresas.
La primera falacia es el mantra de que “España es un paraíso fiscal para las grandes empresas”. En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” lo rebato, y Diego Sánchez de la Cruz lo comenta también aquí. Basta con analizar los datos comunicados por las empresas del Ibex 35 para determinar que su tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades asciende al 20% de las ganancias anuales. Pero además, en el caso de las grandes compañías industriales, la factura en impuestos alcanza hasta el 50% del beneficio neto generado en España y más de la mitad de los impuestos que pagan en todo el mundo, a pesar de contar con más ingresos fuera que en nuestro país.
La primera falacia es el mantra de que “España es un paraíso fiscal para las grandes empresas”. Basta con analizar los datos comunicados por las empresas del Ibex 35 para determinar que su tipo efectivo del Impuesto de Sociedades asciende al 20% de las ganancias anuales
Las empresas que registran beneficios en España, de hecho, se encuentran con una importante cantidad de impuestos que se deducen tanto a nivel nacional como local y regional, desde gravámenes sobre la actividad económica, verdes, sociales, de bienes inmuebles,etc. Esos factores, en el caso de las diez grandes empresas industriales, son casi equivalentes a su factura por impuesto de sociedades.
Si analizamos la totalidad de obligaciones tributarias que enfrentan las compañías españolas, el tipo es mucho mayor. De hecho, usando datos del informe Paying Taxes de Price Waterhouse Cooper, la presión fiscal total sobre los beneficios empresariales es del 59% en España frente al 41% de Europa.
Sin embargo queremos más, sin entender que es menos, a pesar de la evidencia. Demonizar a Inditex, Mercadona o cualquiera de los grandes grupos es hambre para hoy y hambruna para mañana. Necesitamos muchos más de ellos, no atacarlos para confiscar unos euros más.
En vez de enorgullecernos de que nuestro país haya creado multinacionales con capacidad de superar la crisis del euro, la latinoamericana y seguir creando empleo y creciendo, las tratamos como el Sheriff de Nottingham en Robin Hood. Cállese y acepte, que puede ser peor. Hasta que se vayan, una a una, y recaudemos en cromos de Pocoyó.
Imagínense por un segundo lo que hubiera ocurrido con las grandes empresas españolas si no hubieran podido deducir el fondo de comercio de su inversión internacional y cambiar su estructura a multinacional. Tendríamos un 12% del Ibex en quiebra por su exposición a construcción, concesiones en España y cambios regulatorios.
No nos importa la quiebra de mañana si ayer se recaudaron un par de miles de millones para pagar mayor gasto político. Además de confiscar y mantener la política del avestruz, queremos que se inviertan miles de millones en nuestro país. Donación.
Imagínense mi sorpresa estos días cuando leo unas declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, comentando su decisión deinvertir menos en España ante la inseguridad jurídica creada por los eternos cambios regulatorios, similar a otras declaraciones de ejecutivos nacionales, y se genera una polémica casi de caza de brujas.
En Estados Unidos y Reino Unido he escuchado en multitud de ocasiones a los presidentes de las grandes empresas, energéticas, reguladas o de cualquier sector, criticar al gobierno abiertamente y tomar las decisiones que mejor defienden, en su criterio, a los accionistas. Recuerden a Rex Tillerson (Exxon) decir “no, thanks” a las sugerencias de Obama.
En el sector energético europeo, empresas alemanas como RWE o E.On,incluso empresas semi-estatales como Enel, GDF-Suez o EDF, han tomado enormes decisiones de recorte de inversiones ante actuaciones gubernamentales que destruían valor, y han criticado abiertamente decisiones como el mal llamado impuesto de Robin Hood en Italia, los cambios en política nuclear en Alemania, o la congelación de tarifas en Francia. Pero solo en España he visto un revuelo y demonización mediática como el percibido esta semana con empresas privadas –y ojo, no privatizadas- como Iberdrola.
Tras sufrir un zarpazo regulatorio de 2.000 millones de euros en dos años,decidir no invertir más no solo es prudente, es imperativo.
Cuando España tiene una capacidad instalada de 104.000 megawatios para una demanda en punta de capacidad de 40.000 megawatios, pensar que deben invertir más no sólo es delirante, sino innecesario. Y no olvidemos que las inversiones reguladas eran obligatorias y dictadas por la planificación del estado, como comentaba en mi artículo “Oligopolios o planificación de burbuja”.
En vez de enorgullecernos de que nuestro país haya creado multinacionales con capacidad de superar la crisis del euro, la latinoamericana y seguir creando empleo y creciendo, las tratamos como el Sheriff de Nottingham en Robin Hood.
Cuando después de invertir 20.000 millones de euros en España se genera el mismo beneficio en 2013 que en 2002 en el territorio nacional debido a los constantes recortes, no invertir más en España es normal. Para los que dicen que las eléctricas “se forran”: tienen la peor rentabilidad sobre el capital empleado de todo el sector eléctrico europeo. Aun así, el 15% de su plan de inversiones a 2016 se concentra en el territorio nacional en actividades reguladas y distribución.
Cuando sobra capacidad y las inversiones en distribución están limitadas ¡por ley!, invertir más en España es algo que ni el Estado quiere, como han dicho en muchas ocasiones tanto ministros como secretarios de estado. Amenazar con expropiar o cambiar a los gestores de empresas privadas es cuando menos intolerable.
Otras grandes empresas del sector, como Acciona, han tenido que hacer provisiones por pérdidas relacionadas con los cambios regulatorios de 2.200 millones de euros, equivalentes al 65% de su capitalización bursátil y se concentran en reforzar su crecimiento internacional y reestructurar sus actividades. Fuera de España, RWE anunciaba 3.300 millones de provisiones y E.On, tras tres años de ajustes, anunciaba en sus resultados que el 80% de su crecimiento sería fuera de Europa. La propia GDF-Suez, semi-estatal, llevaba a cabo 15.000 millones de euros de provisiones por pérdidas y anunciaba que el 70% de sus inversiones hasta 2016 se centrarían fuera de Europa y un porcentaje mínimo, el 15%, en Francia.
El ataque a las empresas no es una casualidad, ni es nuevo. La tentación de pensar que confiscando e interviniendo nos vamos a forrar todos y no pasa nada viene desde hace siglos. Y siempre falla. Pero se lleva a cabo desde el conocimiento de que es un mensaje que vende muy bien en un país donde no parece interesarnos crear empresas y riqueza, sino sacar el último euro de las que sobrevivan al intervencionismo e ir juntos, como el coro de Nabucco, a la igualdad en la miseria. Y cuando las empresas a las que confiscamos “por el pueblo” caen, le echamos la culpa a los socorridos mercados o a Merkel y a correr.
Esperemos que los españoles despierten, porque convertirnos en “Argentina sin petróleo” puede parecer un objetivo muy goloso para algunos, pero es muy doloroso para todos.