15/3/2014 El Confidencial

“The real goal should be reduced government spending, rather than balanced budgets achieved by ever rising tax rates to cover ever rising spending». Thomas Sowell

“Una reforma que parte del principio de suma cero (lo que te doy por un lado te lo quito por otro) y no rebaja ingresos del estado no es reforma”. Juan Manuel Lopez-Zafra

Se ha discutido mucho sobre las recomendaciones del comité de expertos de cara a la reforma fiscal. Yo mismo comentaba algunos de los puntos principales ayer en la radio. Mi mayor problema con las recomendaciones es que las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos, y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación.

Sinceramente, espero que el Gobierno tenga en cuenta varios elementos que pueden afectar a la principal apuesta del Ejecutivo de cara a las elecciones, la recuperación económica y el empleo.

Considerar la primera vivienda o el coche como renta en el IRPF mientras se baja el tipo del mismo equivale a un aumento neto de lo que paga el ciudadano en impuestos y, de nuevo, ataca la renta disponible y el consumo. Utilizar el concepto de “vivienda improductiva” además es contraproducente para un país con centenares de miles de viviendas sin vender.

Las reformas fiscales orientadas a aumentar la base imponible no dejan de ser aumentos de impuestos y ponen en peligro el crecimiento potencial de una economía en frágil recuperación

Subir el IVA de los productos en el tipo reducido (que ya ha subido al 10%) y super reducidoafecta a nuestra industria más importante, el turismo, a la débil recuperación del consumo y a los márgenes de empresas con enormes dificultades. Con ello sufre el empleo y los consumidores con menos recursos al suponer subidas en carne, pescado, productos sanitarios, transporte de viajeros, servicios de hostelería o libros.

Eliminar deducciones en I+D o inversión en el extranjero es un peligro en un país donde esos conceptos se necesitan cada día más. Decir, como he oído en alguna ocasión “las inversiones las hacen sobre todo las grandes empresas, y si quitas las deducciones no van a dejar de hacerlas” es incorrecto y peligroso.

Con un tipo del 25% en Impuesto de Sociedades no se atrae suficiente inversión extranjera para lo que el país necesita. Reino Unido tiene un 23% y para las pymes con beneficios menores a 300.000 libras, un 20%. Irlanda tiene un tipo del 12,5%, y gracias a ello las mayores empresas se instalan en ese país.

La armonización fiscal no puede hacerse para igualarse al malo e ineficiente,sino a los mejores. Competencia fiscal y gestión eficiente de recursos. Si armonizamos al alza no sólo no atraemos capital, sino que lo echamos de las comunidades con ventajas fiscales.

Adicionalmente, hay varios elementos que no aparecen en el debate y que me parecen esenciales:

• Una reforma fiscal que parte de justificar el gasto y sólo busca aumentar la recaudación sin atender a la razón por la que han caído los ingresos nace con riesgo de entorpecer la recuperación. Los ingresos han caído por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, que generaba ingresos de 50.000 millones de euros, según los ministros De Guindos y Solbes, la caída de los beneficios empresariales, superior al 60%, y la devaluación interna, que ha cercenado la recaudación en los dos impuestos que más capacidad recaudatoria tienen: el IVA –al caer el consumo- y el IRPF –al aumentar el paro y bajar los salarios a niveles de 2001 en muchos casos.
• Una reforma fiscal que busca compensar ingresos de burbuja inmobiliaria con recursos de “lo que ha quedado vivo”, no sólo no soluciona el problema del déficit estructural de la economía, que se sitúa por encima del 4%, según AFI, sino que vuelve a poner en los hombros de las empresas y ciudadanos que han sobrevivido a la crisis el peso de un Estado que se niega a reducir su peso. El gasto público ha pasado en seis años de 412.000 millones de euros a 492.000 millones y alcanza el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) incluyendo las empresas públicas. Incluso si consiguen arrancar – y lo dudo- 30.000 millones de recaudación adicional, España seguiría gastando más de 60.000 millones de lo que ingresa.

• Cuando se acepta como mantra que tenemos “un problema de ingresos y no de gastos”, el diagnostico nace erróneo y la recaudación se convierte en confiscatoria. España nunca ha recaudado más del 41% del PIB, y no va a aumentar los ingresos fiscales en casi nueve puntos de PIB rascando de lo que ha quedado del desastre económico de 2007-2012. Analizar el gasto público quitando los costes de la deuda, la protección social y los extraordinarios como si estos no se pagaran o no fueran parte de lo que un gestor público debe tener en cuenta en su escandallo es tremendamente dañino, porque parte de la base de que todo lo demás es inamovible. Lo extraordinario se convierte en ordinario.

• El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos perdidos se van a recuperar. El historial de error en el cálculo de ingresos estimados por nuevas acciones tributarias de nuestros gobiernos es haberse equivocado entre un 50 y un 70% entre la cifra real y la esperada. Si además en España la economía sumergida se estima en un 24% del PIB -y es mucho estimar- y en los países más avanzados cercana al 15%, la “cántara de leche recaudatoria” que nos están vendiendo es muy inferior a lo que realmente se conseguiría. Hay que luchar contra el fraude, claro, pero caer en el error de gastar hoy esperando unos ingresos a futuro es lo que nos lleva a estos lodos.

Recuerden el caso de Francia y el error de pensar que con gasto público y déficit se sale del agujero (como comentábamos aquí).

No se puede decir que no se haya hecho nada en cuanto al gasto, pero sí se puede afirmar que se ha hecho menos de lo necesario comparado con el ajuste de toda la economía.

El Gobierno cifra en 7.384 millones de euros lo ahorrado con la reforma de las administraciones públicas, y pronostica un ahorro a finales de 2015 de 28.898 millones de euros. Es decir, si damos por válidas las cifras, el ahorro conseguido con los mal llamados recortes –ya que el gasto no ha bajado- no llega a un 21% de todo lo que aumentaron los gastos desde 2005 a 2012 (143.000 millones de euros).

Argumentar que se ha recortado el gasto social es incorrecto cuando en 2012 superaba en 3.000 millones lo gastado en 2010 (según IGAE) y se ha disparado en 56.000 millones desde 2006.

Mientras tanto, la economía española privada ha visto ajustes del 40-60%, y las administraciones públicas exigen que el esfuerzo vuelva a recaer sobre empresas y familias.

Se ha creado la aristocracia del gasto político, que rechaza cualquier ajuste adicional y siempre exige el esfuerzo a los demás.

Pero además, no se puede hablar de ahorro cuando han aumentado los gastos. Y repito, los gastos extraordinarios cuentan, cuestan y se pagan, no son aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien decir “si quito los costes de la obra de casa, la hipoteca, los intereses de la tarjeta, el seguro, el dentista y el taller del coche mis gastos son muy bajos”?

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ha alcanzado los 960.640 millones de euros. Se ha reducido el coste, pero la cantidad sigue aumentando, a un ritmo del 8%.

Incluso si eliminamos los gastos extraordinarios de los rescates autonómicos, el de las cajas -todas públicas, recordémoslo- y de facturas sin pagar –ese que siempre olvidan los que dejan los impagos-, las administraciones publicas siguen siendo muy deficitarias. Eso suponiendo, y es mucho suponer, que el Estado no consuma aún más al calor de “lo que vamos a ingresar”.

La fiscalidad debe orientarse hacia dos objetivos: atraer capital y crear empleo. Y ante todo, debe evitar hacer el cálculo desde un gasto inamovible para alcanzar una cifra de ingresos de pasado burbujero, como comentábamos aquí.

El cuento de la lechera del fraude fiscal no puede servir de excusa para subir los impuestos a quienes no lo cometen o gestionan su contribución dentro de la legalidad, ni mucho menos para asumir que esos supuestos ingresos “perdidos” se van a recuperar.

En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” hablo de la enorme cantidad de gasto político que sigue entorpeciendo la recuperación, hasta 80.000 millones de euros anuales. Juan Rallo en su libro“Una Revolución Liberal” muestra que el coste del estado español es de 22.100 euros por trabajador anualmente, 8.275 anuales por habitante.

El esfuerzo fiscal (lo que los ciudadanos pagan respecto a su renta) en España es de los más altos de la Unión Europea, mientras que la presión fiscal es aparentemente baja. ¿Por qué?Porque la presión fiscal es un ratio recaudatorio, se calcula en base al PIB, y cuando el 50% del PIB lo controla el Estado y se ha aumentado a base de burbuja de obra civil e inmobiliaria, la trampa de la ratio nace en toda su gloria.

Entendamos la diferencia entre una fiscalidad orientada al crecimiento y otra recaudatoria a corto plazo, que frena el desarrollo potencial.

Hay que bajar impuestos y cortar gasto político. Efectivamente, sin lo segundo ninguna reforma fiscal va a funcionar, porque el déficit estructural creado por dicho gasto es demasiado alto. Lo comentaba en esta columnahace más de un año: “Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5% real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo -además de ser muy oneroso- es su altísima complejidad. Un tipo real del 12.5% reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota de 25 euros –todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable, como se ha prometido. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse”.

Sólo pido que el Gobierno tenga en cuenta el riesgo de que la reforma ataque al consumo y retrase la inversión productiva que tanto necesitamos mientras las empresas analizan y se aclaran sobre el impacto y aplicación de las nuevas normas. España puede crecer al 3% y crear millones de puestos de trabajo si no volvemos a ponerle la zancadilla con gasto improductivo. No para garantizar el Estado del Bienestar, sino para justificar el bienestar del Estado.