«You don’t have to believe it, take it or leave it». Joe Elliott.

El Tribunal de Cuentas ha certificado un récord en el agujero de la Seguridad Social. Más de 68.000 millones de euros. Mientras tanto, el Gobierno mantiene que subirá las pensiones «con el IPC».

Yolanda Díaz ha acusado al gobernador del Banco de España de ignorancia argumentando que «me preocupa, porque parece desconocer que la mayor parte de las pensiones no alcanzan una renta de mil euros al mes» (cita textual). Es alucinante que la ministra de Trabajo acuse de desconocimiento al gobernador del Banco de España a la vez que ignora lo que es un sistema de reparto y equipara las pensiones a una renta independiente de la cotización. Es todavía más alucinante que se indigne ante lo que es una realidad.

Primera realidad. Este Gobierno ya ha bajado las pensiones en términos reales. El Consejo de Ministros ha aprobado la bajada en términos reales de las pensiones para el año 2022, al subirlas muy por debajo de la inflación. Es decir, lo que llaman «una subida de un 2,5% de las contributivas y de las clases pasivas del Estado y el incremento del 3% de las pensiones mínimas y de las no contributivas» es ya una bajada y además de las grandes. En 2021 subieron un 0,9%, es decir, perdieron poder adquisitivo masivamente. La pérdida de poder adquisitivo media 2020-2022 es superior a un 4% anual «nada más».

A mí me atacaron masivamente por decir lo que ya es una realidad.El Gobierno que te promete subir pensiones con el IPC no lo hace y luego te las baja.

Ya es una realidad. El Gobierno que te promete subir pensiones con el IPC no lo hace y luego te las baja

Segunda realidad. La reforma de Escrivá que se plantea para las pensiones, reduce una media del 5,5% las nuevas pensiones sin reducir las contribuciones. De hecho, con el «error» de voto del PSOE, se ha aprobado subir los impuestos al trabajo vía cotizaciones a cambio de nada, es decir, pagas más y recibes menos pensión.

Ampliar de 25 a 35 años los años para el cálculo de la pensión implica una reducción inmediata, perjudicando especialmente a las personas con vida laboral intermitente por entrar y salir del paro. Bienvenido al Estado ‘social’.

Tercera realidad. La subida masiva de impuestos que ha sufrido el contribuyente español y el «récord de ingresos» del que se vanagloria el Gobierno por no ajustar los impuestos a la inflación no solo no han reducido el agujero de las cuentas públicas, sino que el déficit estructural se ha duplicado desde 2018 a 50.000 millones de euros anuales.

Cuarta realidad. El Gobierno se vanagloria de tener 20,2 millones de afiliados a la Seguridad Social disfrazando paro con los «indefinidos discontinuos». El problema es que 20,2 millones de afiliados cuando se incluyen cientos de miles que no cotizan la mayoría del año es mucho peor que 19 millones de afiliados antes del maquillaje estadístico.

En mayo, solo el 18% de los contratos fueron a tiempo completo y de los llamados «indefinidos», solo el 40%. El 82% de los contratos en mayo son temporales, a tiempo parcial o «discontinuos». En mayo aún hay 2,9 millones de parados. Si incluimos los demandantes de empleo no registrados como parados (DENOS y ERTEs), la cifra de desempleados efectivos se incrementa hasta los 3,15 millones. Los 600.000 nuevos ‘fijos discontinuos’ no trabajarán la mayoría del año y cobrarán el paro, pero no computarán como parados.

20,2 millones de afiliados cuando se incluyen cientos de miles que no cotizan la mayoría del año es mucho peor que 19 millones de afiliados antes del maquillaje

Es una vergüenza que llamen «récord de empleo» a más de 20 millones de cotizantes que es, en realidad, una tasa de empleo del 58,5%, mucho menor que la de 2018. Y es hilarante que se vanaglorien de la bajada del paro a «menos de tres millones» escondiendo parados como «discontinuos».

Lo próximo que se le puede ocurrir a este gobierno es llamar a los parados «trabajadores potenciales» y así acaban con el paro.

Decir que la subida del SMI no ha tenido efecto en el empleo cuando uno de cada tres empleos creados entre febrero de 2020 y abril de 2022 son públicos y la creación de empleo en términos comparables en 2021 y 2022 es inferior a la media de periodos similares (2015 a 2019) es, como mínimo, alucinante.

Aún sigue habiendo 42.000 empresas cotizando menos que en febrero de 2020 y casi 70.000 menos que hace 3 años. Por lo tanto, el número de empresas cotizando tampoco ha recuperado los niveles prepandemia.

Este enorme agujero económico no se soluciona subiendo aún más los impuestos. España ya tiene de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE y algunas de las cuotas sociales más altas. Este es uno de los grandes escollos a la contratación.

Estudios del International Labour Review (Alain Euzeby) o la OCDE muestran que el aumento de las mal llamadas cuotas sociales, que son impuestos al trabajo, tiene un efecto negativo tanto en crecimiento como en empleo potencial y recaudación sostenida. Tenemos el ejemplo en casa. España es uno de los países con unas cotizaciones sociales más altas y sufrimos la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea (abril 2022, Eurostat).

Es un escándalo que el PSOE se haya «equivocado» y haya votado a favor de eliminar el tope de las bases máximas (vamos, una enorme subida de impuestos) sin que aumenten las pensiones máximas, de hecho, bajándolas. En un sistema de reparto no se puede exigir contribuir a cambio de nada. Y eso es lo que propone Podemos y vota «por error» el PSOE. Contribuir a cambio de nada -que pervierte el concepto de sistema de reparto- y además, poner una bomba en la economía atacando al empleo y el crecimiento potencial que soportan el sistema. Es una política extractiva y confiscatoria típica.

¿Soluciones? Las expliqué aquí (Quién pone en peligro las pensiones). España tiene un problema demográfico (pobre crecimiento vegetativo y envejecimiento de la población), económico (empresas mucho más pequeñas que nuestros países comparables y más economía sumergida) y un problema laboral (mucho más paro que los países de nuestro entorno). Ninguno de esos problemas se soluciona disparando los impuestos y poniendo trabas al empleo potencial.

El sistema de reparto puede hacerse sostenible y compatible con uno de capitalización, crear muchas más empresas y atraer más capital, con ello más empleo y más productividad.

Entorpeciendo inversiones, aumentando la burocracia y subiendo impuestos no se garantizan las pensiones, se ponen en peligro las de los próximos años.

No olvidemos que en Francia se han recortado las pensiones desde 1996 varias veces con el famoso impuesto «solidario» y las subidas de cuotas. ¿Por qué?, porque se reduce la capacidad de consumir, ahorrar y tener descendencia si acometemos las reformas aumentando la fiscalidad y nos lanzamos al estancamiento.

El Gobierno ya ha bajado las pensiones en 2021 y las bajará en 2022 en términos reales, y es probable que las termine bajando hasta en términos nominales mientras siga disparando empleo público, gasto y deuda.

La «reforma» que viene es: cotizará usted mucho más, pero tendrá menos pensión.