Los datos del paro de octubre vuelven a desmontar la euforia gubernamental.

El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumenta en 44.015 personas en octubre con  respecto a septiembre y alcanza los 3.256.822. Además, hay 11.313 personas en ERTE. Los desempleados «demandantes de empleo ocupados», que incluyen los fijos discontinuos inactivos, aumentan en 40.959 y ya son 1.088.938.

Mientras el gobierno se vanagloria de tener 21 millones de afiliados, en el tercer trimestre de 2023 las horas efectivas trabajadas por asalariado se sitúan en 27,85 semanales, casi cuatro horas menos que en el mismo periodo de 2019. La afiliación a la seguridad social es un indicador engañoso de empleo cuando una gran parte de esos afiliados trabajan muchas menos horas que cuando eran 19,6 millones.

Pero si algo nos debería alarmar es que en España hay 50.475 empresas cotizando menos que cuando llegó Sánchez a la Moncloa, en 2018 y que la inversión extranjera caiga un 26% en el primer semestre, hasta los 12.000 millones de euros, una cifra irrisoria. España ha pasado de ser la novena economía del mundo, según los datos del Banco Mundial, a ser la decimoquinta en 2022. Y vamos camino de perder otros dos puestos para 2024, si atendemos a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Si ya contábamos con malos datos y pérdida de relevancia económica mundial, las últimas noticias pueden tener un impacto negativo todavía mayor.

Sánchez ha encumbrado la inseguridad jurídica con su pacto con ERC, al dinamitar los contrapesos y encumbrar la aleatoriedad del poder político por encima de las leyes, las instituciones independientes y la seguridad inversora. 

El acuerdo de amnistía y condonación de parte de la deuda es un pacto que dinamita al poder judicial, institucionaliza la impunidad del poder político ante la malversación y el uso de los mecanismos del estado y además envía una peligrosa señal a inversores y ahorradores.

Condonar parte de la deuda a Cataluña es simplemente pasarle al resto de los ciudadanos el exceso fiscal de una región rica, penalizar a los que cumplen con sus obligaciones y responsabilidades financieras y premiar la irresponsabilidad fiscal.  Serán los ciudadanos de las regiones más pobres y aquellas comunidades autónomas con mejor gestión de sus recursos los que carguen con la deuda adicional y el asalto fiscal que la acompaña.

La falacia del déficit fiscal de Cataluña, argumento del separatismo para generalizar el mensaje de que “España nos roba” se desmonta cuando salta la evidencia de que la Comunidad de Madrid tiene un déficit que duplica al de Cataluña y aporta el 75% de los recursos del fondo de solidaridad regional. Si asumimos ese tramposo cálculo del “déficit fiscal” y lo ajustamos por deuda avalada por el estado, se desploma toda la narrativa del separatismo… que ha comprado el PSOE.

La inseguridad jurídica y el mensaje de irresponsabilidad fiscal, añadido al incentivo perverso que lleva a que sea más beneficioso endeudarse y despilfarrar que cumplir con las reglas, un problema que no soluciona adecuadamente el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico y cuyos elementos de control han sido ya completamente demolidos por el PSOE y ERC.

Hay más mensajes peligrosos que demuestran la inseguridad jurídica creciente. El ejecutivo en funciones va prometiendo desequilibrios y un dinero que no tiene mientras la Seguridad Social ha triplicado su deuda y la deuda total de las administraciones públicas ya supera los dos billones de euros –pasivos totales según el Banco de España-. Aunque la deuda pública en términos de déficit excesivo es del 111% del PIB, una brutalidad en cualquier caso, los pasivos en circulación, que es deuda que se paga y se debe, superan el 143% del PIB.

Añadan ahora el intolerable intervencionismo y el uso de las empresas como cajeros automáticos y peones del poder político, incluyendo la vergonzosa actuación en regulación, y el resultado solo es uno: Perdemos importancia y atractivo como país.

Cuando el ejecutivo penaliza a los responsables, premia a los que se endeudan, ataca fiscalmente a los que producen y subvenciona a los que expolian mientras dispara el gasto clientelar, el mensaje que envía a los inversores es que no es fiable y solo nos salva el apoyo del BCE y que la Unión Europea nos sostiene. Pero eso ni es eterno ni tolerable. España debería ser un centro global de atracción de capital, no un experimento de peronismo a la europea.