El presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo siempre perjudican a los que fingen proteger. La precariedad ha hundido ya la jornada, pues las horas efectivas se hunden desde las 35,4 a la semana de 2018 a 31,7 ahora.

Yolanda Díaz ha celebrado el acuerdo para reducir la jornada laboral sin reducción de salario. Me parece fascinante que Gobierno y sindicatos, los que cobran, lleguen a un acuerdo sin los que pagan, los creadores de empleo. Y lo llaman social. No olvidemos que la ex cúpula de UGT Andalucía fue recientemente condenada por quedarse para el sindicato parte del dinero de las subvenciones de la Junta. La reducción de la jornada laboral es una medida cosmética, propagandística y contraproducente.

Cosmética y propagandística porque Díaz ya ha conseguido la reducción de la jornada al disparar el pluriempleo y disfrazar el paro sacando los fijos discontinuos inactivos. Efectivamente, según el INE, las horas efectivas por empleado eran 35,40 horas a la semana en el segundo trimestre de 2018. En el cuarto trimestre de 2023 cayeron a 31,7 horas. Díaz ha conseguido su objetivo de reducir la jornada laboral a menos de 37,5 horas semanales disfrazando precariedad y temporalidad.

Es una medida contraproducente porque perjudica especialmente a los pequeños negocios y microempresas, que son la inmensa mayoría de las empresas españolas (2.941.440 de las 2.947.353 que hay en España, según datos oficiales). Es más, las microempresas, un pequeño comercio, empresa o tienda en la tienen entre uno y nueve empleados como mucho, y que son 1.136.705, verán sus costes aumentar. Según Cepyme, el coste directo anual para las empresas será de 11.800 millones de euros, por el incremento del salario por hora trabajada, y un coste indirecto que podría superar los 42.000 millones al año si se tiene en cuenta lo que se dejará de producir.

Todo el coste recae sobre las pequeñas empresas y las microempresas. Las grandes empresas no solo se pueden permitir el aumento de gasto, sino que en muchos casos aprovecharán para ajustar plantilla ya que gran parte de ellas tiene exceso de empleados. Es decir, esta medida supone un aumento de costes para las pequeñas empresas y para las grandes una oportunidad para deshacerse de empleos redundantes.

Por supuesto, ni a Yolanda Díaz ni a los sindicatos se les ha ocurrido reducir los costes laborales o los impuestos para facilitar esa reducción. Por lo tanto, todo el aumento de coste se lo pasa a las empresas que desean mantener o aumentar empleo. No pasa nada. Luego, en un país donde hay 3,8 millones de desocupados apuntados al SEPE según el gabinete de estudios de USO, te dirán que hay récord de empleo disparando el empleo público con deuda y el pluriempleo.

Es una vergüenza hablar de récord de empleo en un país donde la tasa de empleo es del 52% –apenas ha subido 2 puntos desde 2018– y la tasa de actividad está estancada en un 59%, apenas unas décimas por encima del nivel del 3T2019 (58,7%). En un país en el que la población de 16 o más años ha aumentado, por inmigración, en más de 2,5 millones desde el tercer trimestre de 2018, es una broma hablar de récord de empleo dando la cifra total de afiliaciones, especialmente cuando ese dato incluye 600.000 pluriempleos.

Perjudica a empresas y trabajadores más débiles

Como siempre, esta medida intervencionista perjudica a los trabajadores y empresas más débiles y se hace sin ninguna compensación en la carga tributaria a las empresas y, como demuestra la cifra de horas efectivas antes mencionada, generará todavía más precariedad efectiva, como explica Fedea, y mayor maquillaje estadístico del paro en este cohete falso que nos venden.

La evidencia de la política antisocial de Sánchez y Díaz la ha reflejado Eurostat. España se convierte en el cuarto país donde más ha aumentado la carencia material severa entre 2022 y 2023. La pobreza aumenta y te cuentan que ellos son muy «sociales».

En 2019, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza de España era del 25,3%; nos superaban Bulgaria, Rumanía, Grecia, Italia, Letonia y Lituania. Pues bien, en 2023, la tasa de riesgo de pobreza de España se sitúa en el 27%; solo nos superan Rumanía y Bulgaria. Toma gobierno social. Eso después de aumentar la deuda en casi 400.000 millones, crujir a todos a impuestos y disparar la inflación, que en noviembre vuelve a estar por encima de la media de la eurozona, según el INE y Eurostat, y acumula un 20,4% de aumento del IPC desde 2019.

Sánchez y Díaz siempre perjudican a los que fingen proteger. El socialcomunismo no lo hace así por incompetencia, sino por diseño: para tener una población dependiente y sometida. Los únicos que viven mucho mejor en el socialismo son los ricos de verdad, porque el socialismo elimina su posible competencia.

El socialismo siempre es miseria. Arruinar al país y empobrecerlo para crear clientes dependientes rehenes.