Esta semana hemos asistido a un desafortunado ejemplo del daño de las filtraciones y exageraciones. El sector energético perdía casi dos mil millones de capitalización en un par de días -a cierre de este artículo- ante los rumores de un supuesto hachazo al sector del gas de 753 millones de euros en la parte de activos regulados, para los años 2019 y 2020.

La reacción se producía ante una filtración de un documento que se esperaba aprobar en el Senado dentro del paquete de medidas contra la sequía.

El impacto no se hizo esperar. Ante un posible cambio de tal magnitud, las acciones de las empresas afectadas se desplomaban en Bolsa. No solo las afectadas, sino las que se temía que irían detrás.

En el mercado financiero, siempre que una empresa sufre por riesgo regulatorio económico, la primera pregunta es: who’s next? (¿quién es el siguiente?), y ante filtraciones de tal magnitud, siempre se espera un problema mayor. No es exclusivo de España. En Reino Unido o Alemania lo han sufrido también otros sectores.

Lo primero que chocaba era el impacto tan agresivo de la medida en las empresas para una mejora imperceptible en la tarifa. De haberse confirmado ese hachazo, no tendría impacto visible en la tarifa del consumidor (ni 0,5%), pero muy relevante en la percepción de seguridad jurídica ante los inversores internacionales, acceso a crédito de las empresas y decisiones de inversión futura. Un hachazo del 10% a los ingresos de una parte del sector que es menos de un 6% de la factura le hace mucho daño a ese sector y no beneficia en nada al consumidor. No se trataba de una revisión por exceso de remuneración, parecía una penalización generalizada.

Recordemos que, además, ya se han hecho enormes recortes a la remuneración de la energía hidráulica, nuclear y renovables ante la escalada de costes y desequilibrios del sistema, y que algunas actividades reguladas, como es el caso de parte de la distribución eléctrica, generan rentabilidades por debajo del coste de capital. Lo que sorprendía, además, es que los desequilibrios de tarifa en el sector de gas no solo no eran relevantes, sino que se espera superávit en unos 20 meses.

La realidad final demostró ser completamente diferente. Primero, no es un cambio regulatorio antes de la revisión estipulada, sino una revisión técnica de parámetros de remuneración por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) con un impacto máximo de 50 millones de euros para el sector del gas y 250 millones de euros para el eléctrico.

El pánico, que llevó a que se dispararan las llamadas de inversores internacionales, se calmaba. Pero nos volvía a recordar lo frágil que es la confianza. Se gana con años de esfuerzo, y se puede perder en segundos.

Pues bien, este desafortunado episodio de shock aclarado nos muestra la importancia crucial de tener un marco jurídico y regulatorio estable, predecible y del que todos los agentes implicados deben ser conscientes. Es la única manera en la que seguiremos atrayendo inversión.

El riesgo regulatorio a veces nos puede parecer irrelevante, pero si se convierte en inseguridad jurídica nos puede llevar a sufrir un efecto dominó en otros sectores por falta de confianza. Estamos tan acostumbrados a escuchar monstruosidades como llamadas a la expropiación y que “la economía se tiene que adaptar a lo que decidan los políticos” que olvidamos lo conseguido.

España ha demostrado que puede recuperar la inversión extranjera de manera ejemplar. La inversión extranjera en España superó los 50.000 millones de euros en 2017, según Reuters, lo que representa un avance del 140% respecto al año anterior, y supone en torno al 36% de la inversión total en España.

España ocupa el puesto 28 en el ranking de facilidad para crear empresas y hacer negocios del Banco Mundial y escalar puestos en ese ranking debe ser una prioridad para todos. En esa lista, aunque alguno no lo crea, estamos en puestos superiores en cuanto a protección del accionista minoritario y cumplimiento de contratos. Por lo tanto, debemos mejorar aún más para ponernos entre los países más atractivos para hacer negocios -entre los que están esos países nórdicos que nuestros populistas solo citan para hablar de gasto-. Además, debemos poner los mecanismos para que ese flujo de inversión sea todavía mayor.

Alguno de ustedes me dirá que no les importan los inversores extranjeros, que para eso lo hacemos nosotros a lo autarquía populista. Permítanme que les rompa la entelequia. Sea en originación de préstamos, en sindicación de crédito, en bonos emitidos o en accionariado, estamos en un mundo globalizado donde el concepto de empresa nacional no existe. Existen empresas que invierten en España. O en sus regiones y ciudades.

La regulación atractiva y predecible es un instrumento de seguridad jurídica e inversora y el pilar esencial de un país con instituciones independientes. De ahí la importancia de cortar de raíz los rumores e inexactitudes.

Nuestro mensaje debe ser contundente. Mostrar un compromiso inequívoco a los inversores de que el atractivo de invertir en España no es una apuesta de riesgo, es una certeza.

Invertir no es un privilegio que nos concede el poder político para entrar en su reinado. Bastante riesgo supone poner capital a trabajar como para introducir riesgos innecesarios. El Estado tiene la obligación de crear un entorno que facilite el crecimiento y el empleo. Y su responsabilidad es que la inversión siga creciendo.Sin un entorno predecible, y acorde a los estándares de los países líderes, la inversión desaparece. Y con ella el empleo y el crecimiento.