La prohibición de despedir mientras se mantienen impuestos y escollos es la típica medida intervencionista que finge proteger y solo empeora:

• Lleva a empresas asfixiadas por el cierre forzoso a tener que cesar actividad y negocio y echar a todos, en vez de alguno.
• Lleva a no contratar después ante el miedo a que el gobierno lleve a cabo más medidas intervencionistas en cuanto se genere un problema.

Este gobierno, en vez de proteger el tejido productivo para crear más empleo cuando pase la pandemia, va a llevar a centenares de miles de empresas a la quiebra.

Una empresa se encuentra con cero ventas, impuestos y costes fijos creciendo, y el gobierno le dice que se endeude, pero la gran mayoría no puede. Aumenta riesgo de cierres y, con ello, muchos más despidos. Exigen economía de guerra a todos y ellos: gasto de bonanza.

Imaginen la situación:

• Pyme con 5 empleados.
• Cero ventas por cierre forzoso
• Ningún impuesto exonerado y, como mucho, pospuesto.
• Costes fijos acumulados.

Prohíben despedir a 1 para mantener el negocio a flote, tiene que echar el cierre. Adiós 5 empleos y adiós empresa, con todo lo que conlleva, pérdida de marca, de base de clientes, etc.

¿Quién va a crear un negocio o invertir en un país donde lo primero que se decide en un cierre de actividad obligatorio por emergencia es que las empresas carguen con todos los costes, asuman todos los impuestos y como mucho, y si se lo conceden, se endeuden?

En 1976[1], tras la muerte de Franco, se establecieron una serie de leyes laborales tan agresivas que prácticamente estaba prohibido despedir. Tal vez al lector le parezca una idea estupenda, pero el paro se duplicó en cinco años[2]. Mientras tanto, los países nórdicos o anglosajones flexibilizaban sus legislaciones laborales y lograban reducir su desempleo.

La rigidez del mercado laboral suele darse por medidas legislativas que buscan activamente entorpecer un cambio de patrón de crecimiento o sostener el existente, cuando es obsoleto. Políticas que buscan perpetuar el poder en la negociación de ciertos agentes o que directamente suponen que el Estado deba decidir en todo el proceso de inversión. La rigidez no se limita a si un contrato es fijo o si es fácil despedir, sino a todo un conjunto de leyes y acciones que burocratizan, intervienen y entorpecen. Solo protege en el papel, suena muy bien, pero supone un freno a la contratación, un desincentivo a la inversión y, al aumentar el paro, no mejora la calidad de vida ni las opciones de los trabajadores[3]. Si la rigidez del mercado laboral fuera una garantía de derechos, los países con mayor nivel de intervención tendrían mayores cotas de bienestar y menor desempleo. Sin embargo, ocurre lo contrario. Los ejemplos tan repetidos de los países nórdicos, que mencionaremos en el libro en varias ocasiones, son precisamente los que cuentan con mayor flexibilidad del mercado laboral[4].

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[1] Ley 16-1976

[2] 1976-1980

[3] Why Deregulate Labour Markets?, Gøsta Esping-Andersen, Marino Regini (Oxford, 2000)

[4] Scandinavian Unexceptionalism. Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism (Nima Sanandaji, IEA)