Los cuatro pilares de la política energética deben ser: seguridad de suministro, competitividad, sostenibilidad y respeto al medioambiente.

Ninguno de esos pilares se cumple con la propuesta del gobierno de España de intervenir masivamente el mercado eléctrico. Cuando los ciudadanos muestran su descontento con el sistema eléctrico, el poder político siempre lleva a cabo el truco de hacer mirar a otro lado.

El sistema eléctrico está masivamente regulado e intervenido. Más del 70% de la tarifa en la última década se compone de impuestos y costes regulados. Es el gobierno el que determina el mix energético vía planificación obligatoria, el que fija los cargos y peajes, el que fija la remuneración de las actividades reguladas y el que impone cargas fiscales en toda la cadena. Hasta la parte llamada “liberalizada” está intervenida, con impuestos en la energía hidráulica, la nuclear y un impuesto encubierto como es el precio del CO₂.

Las empresas eléctricas son concesionarias en un sistema regulado y si nos podemos quejar de algo es que los gobiernos escuchan cada vez menos a las empresas y más a gente que intenta recuperar ideas fracasadas del pasado.

El gobierno de España parece escuchar más a activistas que piensan que dos más dos suman veintidós que a aquellos que pueden fortalecer los cuatro pilares de la política energética mencionados. No hay nada más insostenible que un sistema que genera pérdidas, no hay nada más insostenible y anti-medioambiental que destruir la energía nuclear en el mix y poner riesgo regulatorio y trabas a la inversión en renovables competitivas. No hay nada más anti-competitivo que cargar la factura de impuestos usando al consumidor y empresas como cajero automático de la voracidad fiscal del estado. La seguridad de suministro se pone en peligro con la imposición de un sistema arriesgado, de regulación cambiante, intermitente y caro.

Un informe reciente de PWC España (¿Cómo se tiene que adaptar el mercado eléctrico al contexto actual?, abril 2023) alerta sobre la propuesta de planificación centralizada y comprador único que elimina la libre cooperación entre agentes. Esto podría derivar en sobrecapacidad de generación con el consiguiente sobrecoste para el consumidor, algo que España ya sufrió en el pasado.

Es importante rechazar la imposición de subastas para renovables con liquidación mediante contratos por diferencias respecto al precio spot y centralizados desde el estado. Esto impide la contratación a plazo a precios fijos (PPAs), cuando es el PPA precisamente el mecanismo que da estabilidad y predictibilidad de los costes energéticos de los consumidores finales a la vez que impulsa la inversión en renovables.

Es una locura que el gobierno fije precios para hidráulica y nuclear, puesto que no tiene más ni mejor información sobre el coste variable, el coste de capital y supone un freno a la inversión.

La propuesta legislativa de la Comisión Europea, sin embargo, fortalece el instrumento de los mercados a plazo como herramienta para desacoplar los precios de la electricidad de los precios del gas y reducir la volatilidad en la factura. De hecho, la Comisión Europea propone incentivar la firma de PPAs como garantía para reducir el riesgo para el consumidor, y contratos por diferencias o CfDs voluntarios, no centralizados.

Es, por lo tanto, esencial contar con medidas que aumenten la protección al consumidor, de forma que no sean los principales afectados por la volatilidad, y tenga más libertad para elegir la duración y forma de sus contratos de energía. Se debe mantener la figura del mercado spot como herramienta para el despacho eficiente de las centrales y como un mercado de ajuste para cubrir los desbalances horarios que se puedan producir entre la oferta y la demanda.

Para garantizar el suministro en un mix energético que puede sufrir por volatilidad e intermitencia, hay que dar señales claras que permitan dar acceso a capacidad flexible y de respaldo con una remuneración adecuada.

Para garantizar la sostenibilidad se debe tener en cuenta que el mercado marginalista es clave para fortalecer las inversiones y dotar al sistema de un entorno de precios que refleje realmente los costes, sabiendo que la inmensa mayoría de la energía no se vende a ese precio, sino con contratos a largo plazo. El mercado marginalista es la única manera de garantizar que usted y yo dispongamos siempre de luz cuando apretamos un botón.

No se consigue un sistema medioambientalmente sostenible si se repele la inversión, se hace el sistema más volátil y, con ello, más dependiente del carbón y el gas en periodos de elevada demanda y baja eolicidad y factor de carga solar.

Para ser competitivos y sostenibles tenemos que tener un sistema que atraiga la inversión, no uno que la desplace.

No podemos olvidar que la inmensa mayoría de los errores generados en el sistema eléctrico han sido de planificación. Apostar por una mayor intervención como solución a los problemas de intervencionismo es como esperar adelgazar comiendo muchos más dulces.