El gobierno de España ha disparado la contratación pública para disfrazar las malas cifras de empleo. Entre marzo de 2019 y marzo de 2022 se ha inflado la contratación del sector público en 306.134 personas. Entre febrero de 2020 y abril de 2022, uno de cada tres afiliados pertenece al área pública. Ningún país de nuestro entorno ha llevado a cabo un proceso semejante de maquillaje. Ahora anuncian la mayor contratación pública en años, otros 40.000 puestos, y Montero pretende hacer fijos a todos los temporales de las empresas públicas.

Adicionalmente, según las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de funcionarios y resto de plantilla del sector público ascendió a 147.363 millones anuales, con un crecimiento del 10% anual. Esto significa que España ya gasta en salarios públicos y pensiones más de 300.000 millones de euros.

Disparar la contratación pública es extremadamente negativo porque disfraza los datos de empleo financiando dicho gasto con más deuda y déficit. Al disparar el gasto corriente, que se consolida y anualiza, el gobierno pone en peligro las cuentas públicas y, con ello, los salarios de funcionarios de carrera que hacen un trabajo necesario.

Los primeros que deberían estar alarmados ante el enorme aumento de empleo público son los funcionarios, porque pone en peligro sus salarios futuros.

Es importante recordar que ese enorme aumento de gasto no se puede cubrir con impuestos y mucho menos de manera sostenible.

El gasto en sueldos públicos ha aumentado en casi 20.000 millones desde que llegó Sánchez al gobierno. No existe ninguna medida de ingresos por mayores impuestos ni en los sueños más alocados de un burócrata que genere 20.000 millones anuales, recurrentes y aumentados con el IPC.

Esa inviabilidad presupuestaria se hace aún más evidente si añadimos las pensiones. Según estimaciones independientes, cada punto de IPC supone un coste adicional de 1.700 millones de euros. Con una inflación desbocada al 8,7% y el IPC subyacente en el 4,9%

Debemos preocuparnos por la excesiva dimensión del sector público y su coste. España tiene menos funcionarios que Alemania, pero el coste de salarios públicos es casi 3 puntos superior con respecto al PIB, lo que nos recuerda que la crítica no debe ir a los funcionarios de carrera, sino al enorme agujero de contratación por gasto político innecesario.

Muchos argumentan que la contratación pública es buena porque supone empleos seguros. El problema es que se olvidan de que esos salarios se pagan con los ingresos del sector privado.

No existe sector público sin el sector privado. Por eso los funcionarios deben ser los primeros en incentivar y facilitar un sector privado potente, creciente y próspero. Les va el sueldo en ello.

Disparar la contratación pública financiada con deuda es una política profundamente antisocial. Hace las cuentas públicas insostenibles, el déficit estructural mayor y termina inevitablemente con enormes recortes a las pensiones y los salarios públicos. Los problemas serán evidentes cuando la situación financiera del Estado salga a la luz con toda su crudeza, con una deuda sobre PIB que se estima en 117%, un déficit anual que supera al de cualquiera de nuestros socios y sin el paraguas del Banco Central Europeo disfrazando el riesgo.
Esta política es la que hundió a Grecia. Entre 1976 y 2012, el empleo público se multiplicó por tres, mientras el privado solo crecía un 25%. El agujero que creó en la economía llevó a una crisis sin precedentes y, como alertaban muchos economistas en su momento, a enormes recortes de pensiones y salarios públicos posteriores.

Un trabajador público que ve que su administración, que ha aumentado el déficit estructural a 50.000 millones de euros anuales, se dedica a contratar mucha más gente con más deuda debería empezar a preocuparse por la sostenibilidad de su puesto de trabajo. Pero claro, al que echarán la culpa de los recortes es al que tenga que gestionar la quiebra, no al que quebró el sistema.