Uno de los mantras más repetidos es el de la necesidad de gastar ingentes cantidades en políticas sociales ante el riesgo de pobreza o exclusión. Lo que raramente se dice es que el principal indicador de aumento o caída de la pobreza es el empleo.

Para todos aquellos amnésicos que descubrieron la pobreza en esta legislatura, merece la pena recordar que el mayor aumento de la pobreza (porcentaje de población con “carencias severas”) de los últimos veinte años se dio entre 2007 y 2011, cuando no había ningún recorte, sino todo lo contrario. De hecho, el aumento entre 2007 y 2010 es uno de los más altos de la Unión Europea.

Según la encuesta de condiciones de vida del INE, la pobreza ha caído un 10% con respecto a 2014, pasando del 7,1% al 6,4% de la población, es decir, la mayor caída de todo el periodo de la crisis. El 80% del cambio se explica por la mejora -y, antes, el empeoramiento- del mercado laboral.

Incluso a nivel de comunidades autónomas, la diferencia es notoria cuando hablamos de políticas orientadas al crecimiento y la creación de empleo comparado con las políticas mal llamadas “sociales”, que ya vimos en 2007-2011 son las menos sociales.

Si medimos el indicador de “riesgo de pobreza y exclusión” (AROPE) la Comunidad de Madrid está 10 puntos mejor que la media nacional. El País Vasco y Navarra (antes de que llegara la política de destruir empresas y empleo) también mejoran a la media nacional en más de diez puntos. Todo eso, además, partiendo de un umbral de pobreza que parte de un nivel de renta más elevado. Ese indicador, por ejemplo, se ha reducido en las comunidades más orientadas al crecimiento y la creación de empresas y con mejor fiscalidad desde 2009, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional.

Recuerden que una cosa es el riesgo de pobreza y otra la pobreza real. No es lo mismo el riesgo de sufrir un accidente que tenerlo. Y que ambas se analizan en términos relativos. Por ejemplo, la renta media por persona en España se sitúa en 10.419 euros y en la Comunidad de Madrid es de 12.534 euros. Es decir, además de tener unas tasas más bajas de pobreza que otras comunidades, el umbral está un 20% más alto.

Si nos vamos a Andalucía, los resultados son opuestos. Más de 13 puntos por encima de la media nacional. Todo muy “social”. Con recepción neta de fondos de otras comunidades y la UE desde hace décadas y políticas de “redistribución” socialista desde hace 35 años. Sí, la política económica tiene un gran impacto y cuando está orientada a crear empresas y empleo la diferencia es notoria.

En cualquier caso, al contrario de lo que dicen los alarmismos interesados, España muestra unos niveles de población con carencias materiales severas (según Eurostat) muchísimo más bajos de lo que algunos dicen -un 6,4%, no un 25%-, inferiores a la media de la Unión Europea, significativamente por debajo de Italia o Portugal, y muy similar al Reino Unido, por ejemplo.

Todo esto pone de manifiesto que para poder llevar a cabo políticas sociales públicas se deben poner como pilares centrales los bajos impuestos, la creación de empresas y de empleo. Una fiscalidad atractiva y orientada a la atracción de capital no sólo permite a las comunidades autónomas mejor posicionadas mantener un endeudamiento inferior a la media, sino dedicar más recursos a dichas políticas sociales sin asaltar al ciudadano a impuestos ni poner escollos al crecimiento.

Al final, como nunca se ha reducido la pobreza es poniendo palos en las ruedas a la creación de empleo y de empresas. Pensar en las empresas como un cajero sólo lleva a mayor pobreza y mayor endeudamiento.

Le echaremos la culpa de lo que queramos al gobierno A o B, pero si no nos damos cuenta de que la prosperidad viene de un sector privado potente y mayor calidad y cantidad de empresas, terminaremos usando el sufrimiento de los desfavorecidos como herramienta política, pero no dando soluciones.

Y es que los intervencionistas se preocupan mucho de los pobres, por eso crean millones de ellos cada año. Pero la mejor política social es tener unas cuentas saneadas y una fiscalidad y una política orientadas a la creación y al crecimiento de empresas. Las promesas de grandes gastos con el dinero de los demás se convierten siempre en la realidad del fracaso intervencionista y enormes recortes.