Históricamente siempre han reaccionado tarde ante los desequilibrios. El informe de Moody´s sobre la economía española publicado ayer es, por ello, extremadamente revelador. Nos muestra que el deterioro de las cuentas públicas que se avecina es muy relevante, ante promesas de más gasto y más déficit.

La rebaja a “estable” de la calificación de la deuda española nos muestra que siguen esperando un ritmo positivo de crecimiento de la economía que será insuficiente para reducir el déficit y, lo más importante, señala el riesgo que supone revertir las reformas y caer en políticas que acentúen los desajustes económicos.

Moody´s alerta de un panorama político fragmentado que puede llevar a políticas presupuestarias equivocadas. El clima favorable a avanzar en las reformas ha “decaído por el fuerte calendario electoral” de los últimos meses, afirma la agencia. La fragmentada constelación política que ha emergido de las elecciones del 20D no conduce a una nueva aceleración de las reformas en España.

La agencia de calificación muestra la misma preocupación que he comentado en tantas ocasiones en esta columna. Revertir las reformas puede ser extremadamente negativo, sobre todo la laboral y la de las administraciones públicas, que han supuesto gran parte de la mejora en crecimiento y empleo de nuestro país.  Moody´s avisa que es improbable que “las reformas estructurales que aún necesita España para consolidar el crecimiento se logren en los próximos tres o cuatro años con independencia de la composición del próximo Gobierno”. Y ahí es importante que los partidos que mantienen la responsabilidad y cordura no se rindan a las exigencias de los populistas.

Moody´s estima que España no cumplirá el objetivo de déficit público ni este año ni los próximos, lo que evitará que se reduzca una deuda pública en el entorno del 100% del PIB.

La agencia constata lo difícil que va a ser cumplir con los objetivos cuando las mejoras conseguidas por el Gobierno en los últimos años, entre ellas el control de las administraciones públicas o la reforma de las pensiones, han tenido un menor impacto de lo que la propia agencia estimaba.

La agencia estima que no se han implementado las reformas con la contundencia necesaria para controlar el desajuste presupuestario, a pesar de contar con la legislación para hacerlo.  Moody´s reconoce que el crecimiento económico ha sido mayor a lo estimado, pero constata que el lo no ha resultado en una mejora equivalente de las cuentas públicas, a pesar de la reducción del déficit.

Todo esto nos puede parecer subsanable si continuamos creciendo y creando empleo como hasta ahora. Efectivamente, si el Gobierno tiene como objetivo avanzar en las reformas, seguir creando empleo y fortalecer el crecimiento económico, estas preocupaciones de la agencia de calificación serían irrelevantes. Pero no lo son. Muestran un deterioro que es evidente desde que la incertidumbre política se instaló en nuestro país y comenzaron las promesas rupturistas, populistas y temerarias de gastar y endeudarse.

¿Cuáles son las consecuencias reales?

La economía no va a crecer un 2,8%-3% si se vuelven a subir los impuestos y se aumenta el gasto para alimentar mayor burocracia. Las irresponsables llamadas a relajar el déficit ya parten de unas estimaciones de ingresos optimistas e imposibles de cumplir y de un aumento del gasto corriente que profundizará los desequilibrios de una economía con un déficit estructural de casi 40.000 millones de euros anuales.

Se ha llevado a cabo una modesta reforma de la administración pública que ha generado ahorros de 30.000 millones de euros estructurales, pero olvidamos que el gasto público ha aumentado en España un 41% desde 2004 y llevamos un déficit acumulado de más de 550.000 millones en ocho años. Los políticos olvidan también lo que ha alertado el BCE. No se reduce la deuda con subidas de impuestos y estimaciones mágicas de ingresos fiscales futuros para gastos muy reales.

Debemos hacer mucho más. Garantizar un “colchón” de reducción de gasto ante caídas de recaudación imprevistas que impidan cumplir con el déficit. Introducir sensibilidades al crecimiento que se ajusten cortando gasto discrecional, no aumentando deuda y subiendo impuestos.

Esta llamada de atención no debe ser ignorada.

Si paramos las reformas, intervenimos y gastamos más nos encaminamos a otro shock de deuda que ningún banco central va a disfrazar.

España tiene que refinanciar más de 400.000 millones de euros en 2016, de los cuales unos 230.000 son de deuda pública. Destruir lo conseguido y entorpecer las reformas nos llevará no solo a que se dispare la prima de riesgo, sino al impacto en pymes y familias del mayor riesgo país. Ignorar la alerta de Moody´s es peligroso. Lanzarnos a repetir el 2008, suicida.

Publicado en La Razón, 21 de febrero 2016.