“Nothing to do nowhere to go, I wanna be sedated” Joey Ramone
Es alucinante leer a la prensa del régimen sanchista aplaudir que la “deuda ha bajado” cuando el aumento de deuda en términos absolutos es brutal.
La deuda de las Administraciones Públicas, según el Banco de España, ya alcanza un récord histórico de 1.578 miles de millones de euros en septiembre de 2023, con una tasa de crecimiento del 4,9% en términos interanuales. Eso, con ingresos récord y aumentando masivamente los impuestos a familias y empresas, además de lucrarse con la inflación. El dato real es todavía peor. La cifra antes mencionada es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, pero la deuda total de las administraciones públicas (pasivos totales) supera los 2.026 miles de millones de euros, más de dos billones de euros. Un aumento de más de 350.000 millones de euros de deuda en cinco años.
Lo único que baja en España es la renta disponible de las familias y los resultados de las empresas.
España cerrará 2023 como el país de la UE donde más ha caído el poder adquisitivo, y las familias se encuentran ahogadas justo cuando el gobierno anuncia más impuestos. Se sube el impuesto a la electricidad, al gasóleo, al azúcar y a los seguros y primas. Vamos a pagar mucho más por todo porque, además, la inflación se sitúa en un 3,5% en octubre mientras en la media de la eurozona ya es del 2,9%.
Preocupa, y mucho, ver que la cifra de negocios empresarial anual registra una caída del 6,2% en serie corregida por estacionalidad, y de 8,3% en la serie original, según el INE.
Los datos de la cifra de negocios empresarial son extremadamente preocupantes. La industria refleja una caída del 5,7%, el sector de suministro de energía eléctrica y servicios básicos un desplome del 49,5%, el comercio una caída del 2,6% y los servicios no financieros un modestísimo avance del 2,6%. Esto en un año de récord de turismo y de aparente recuperación sólida.
No solo la cifra de negocios desmonta la euforia propagandística del gobierno, sino que, según el Banco de España el 37% de las empresas se encuentran en pérdidas, una cifra récord que supera el nivel previo a la pandemia.
Estos no son datos que lleven al optimismo.
En un análisis reciente sobre el efecto arrastre en el PIB, Capital Economics mostraba lo engañoso que puede ser el indicador. Si en el cuarto trimestre la economía española no creciese nada todavía aparecería un crecimiento de un poco más del 2% del PIB. No sorprende, por lo tanto, que la AiREF estime una tasa interanual de rebote de la economía española de solo 1,9% en su última previsión en tiempo real.
Más deuda, más impuestos y menos crecimiento. Esta es la receta de la ruina.
Mientras en España el gobierno se lanza al expolio de todos los que producen, nuestro vecino Portugal ha extendido otro año las ventajas fiscales para los no residentes. En Portugal saben que atraer inversión y capital es lo que hace que se defiendan los servicios públicos, no expoliar a los ciudadanos para financiar el brutal gasto clientelar del gobierno de Sánchez, 22 ministerios, 1.300 asesores y un despilfarro de más de 38.000 millones de euros en gasto político.
Nos enfrentamos a una legislatura en la que el gobierno va a seguir expoliando a los ciudadanos sin control mientras penaliza a los que ahorran y crean riqueza para premiar a los que consumen presupuesto y disparan los desequilibrios.
España no va a salir de este agujero con las mismas fallidas políticas de gasto, impuestos y deuda que se han impuesto en los últimos cinco años.
Si la oposición no presenta un plan inequívocamente diferenciado, que defienda a los que producen, a los contribuyentes, la inversión y el ahorro, fracasará y, además, le echarán la culpa de los destrozos que acumula el socialismo.
Nos enfrentamos a una legislatura de expolio y la única manera de combatirla es con el bolsillo. Los ciudadanos y las empresas debemos prepararnos para una época difícil y postergar decisiones de consumo, contratación e inversión porque entre la desaceleración y el expolio va a ser difícil sobrevivir intactos.
La verdad es que el despilfarro es un problema que afecta a muchos países y, desde mi punto de vista, la política a menudo juega un papel importante en esto. A veces, siento que las decisiones políticas no siempre se toman pensando en el bien común, sino que están influenciadas por intereses particulares o por la búsqueda de beneficios a corto plazo. Esto puede llevar a un uso ineficiente de los recursos públicos y a la sensación de que la política se ha convertido, en cierto modo, en una ‘mafia’ que prioriza intereses propios sobre los de la ciudadanía. Creo que necesitamos más transparencia y rendición de cuentas para asegurarnos de que los recursos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de todos.