El anuncio de la compra de un 10% de Telefónica por parte de la SEPI es un ejemplo más de intervencionismo gubernamental destructivo y despilfarro del dinero del contribuyente.

Estamos ante un escándalo de uso de dinero del contribuyente en un estado deficitario con una deuda descontrolada. Un 10% de Telefónica equivale a unos 2.100 millones de euros, cuando la SEPI además no supera los 215 millones de euros de capacidad inversora y la deuda de España supera los dos billones de euros -pasivos totales de las administraciones públicas- con un déficit estructural cercano al 4% del PIB. 

La última vez que el gobierno compró acciones de Telefónica fue con Franco. Toda su historia como empresa semi-pública fue un desastre de gestión política, ineficiente y muy por detrás de sus comparables globales. Y, una vez privatizada, su historia se ha visto plagada de intervencionismo gubernamental.

La SEPI no está para “preservar la autonomía estratégica” de una empresa privada. Además, una empresa privada que era ineficiente cuando era pública y se ha convertido, a lo largo de los años, en un triste caso de destrucción de valor con sus ruinosas compras internacionales, precisamente por una elevada injerencia política en sus decisiones. 

Telefónica llevaba unos años reorientando su estrategia y deshaciendo errores del pasado, enfocándose en ganar liderazgo, reducir deuda y aumentar la rentabilidad y eso no les gusta a los gobiernos. Los gobiernos quieren empresas privatizadas que funcionen como ministerios y conglomerados estatales encubiertos, con ejecutivos que se callen y miren al suelo cuando las expolian no vaya a ser que pierdan su puesto de trabajo.

El cuento de que hay que tomar posiciones en el capital para preservar la independencia y autonomía estratégica de una empresa no se sostiene. Para eso hay una regulación, unos límites accionariales y unas leyes, a las que se atienen los accionistas. 

Si usted compra el argumento de que un accionista malvado va a hundir Telefónica por ser saudí entenderá que el gobierno como accionista es, como mínimo, mucho más peligroso.

Es curioso que el gobierno, en vez de fortalecer la transparencia y seguridad jurídica de la regulación y normas con las que se mueve el negocio de Telefónica, sea el que sea el accionista, prefiera tomar posiciones de control. No demuestra mucho compromiso con la libertad de capitales y las reglas de la Unión Europea, pero desde luego no engaña a cualquiera que entienda que la composición del accionariado no es la clave a la hora de preservar unas condiciones de funcionamiento mínimas en un país. Es la regulación y las leyes en un marco estable, seguro y transparente.

El gobierno solo se lanza a comprar una participación en Telefónica para aumentar lo que ya es una injerencia desproporcionada y tomar posiciones en los equipos directivos y las decisiones corporativas. Negocio redondo. El gobierno debilita a las empresas con inseguridad jurídica, injerencia en las inversiones, intervencionismo fiscal y regulatorio y luego las asalta para llenarlas de puestos para amigos.

Si usted se cree que la independencia estratégica y la seguridad de Telefónica están en peligro por la llegada de un accionista saudí, ¿de verdad se cree que aumentar el control político de la empresa va a mejorar su independencia? 

Lo más peligrosos es que las intenciones del gobierno no se terminan en Telefónica. El ataque a las empresas y la obsesión del populismo de ultraizquierda con las grandes empresas tiene un único objetivo: controlarlas y dinamitarlas desde dentro. 

El gobierno se presenta como caballero blanco a rescatar de las malvadas garras de inversores extranjeros a una empresa estratégica… eso es lo que te venden. Pero es simplemente falso.

Una empresa no es de un país ni mucho menos de un gobierno. Es de sus accionistas y bonistas. Una empresa no es estratégica porque lo diga el gobierno. Se hace estratégica creando valor e invirtiendo en proyectos con rentabilidad económica real. 

Un accionista extranjero no pone en peligro la cualidad estratégica de una empresa. 

Pensar que un accionista extranjero va a llevar a que la empresa no se rija por las regulaciones, leyes y requisitos de transparencia y gobierno corporativo del país y de la Unión Europea es simplemente engañar.

Los gobiernos, desde la injerencia, sí que ponen en peligro a las empresas. Debilitándolas. La lista de conglomerados semiestatales destructores de valor en el mundo es enorme. 

Si el gobierno quisiera hacer a las grandes empresas inexpugnables y evitar compras lo que haría es facilitar que creasen mucho más valor para los accionistas. Lo que hace a las empresas fuertes e imposibles de comprar es crear valor. El problema de muchas empresas mal llamadas estratégicas en Europa es que lo que las ha debilitado y convertido en blanco de OPA ha sido la intervención constante de los gobiernos, que en muchos casos las han usado como ministerios encubiertos, aprovechando su balance para forzarles a llevar a cabo proyectos ruinosos y luego acusarlas de ganar demasiado.

No hay ninguna razón económica ni estratégica para tomar una posición de bloqueo por parte del estado en Telefónica. La única razón es política. Finalizar el proceso de politización de los órganos rectores de las grandes empresas, aunque las haga más débiles y se utilice para destruir valor. Detrás de Telefónica irán otras, aunque vuelva a ocurrir un desastre como el que se generó en 2004-2010 con aquella pesadilla de participaciones cruzadas entre cajas públicas y empresas. Porque el objetivo es el control, aunque para ello haya que quemar el bosque para quedarse como rey de las cenizas.