Es alucinante que Calviño anuncie, ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, su disposición para financiar nuevos proyectos nucleares. Solo unos meses antes mantenían una posición radical ante el cierre de centrales nucleares en España.
Ribera exigía «no volver a la casilla de salida» en materia de cierre de las plantas nucleares mientras en la Unión Europea alcanzaba un acuerdo histórico que no solo apoya a la energía nuclear, sino que refuerza la importancia de la misma como motor clave en el proceso de descarbonización. La Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones adoptan la energía nuclear como pilar de la transición energética y, sin embargo, en España se penaliza y se mantiene el calendario de cierre.
En algunas entrevistas se intenta justificar esa diferencia de criterio usando el argumento de que son las propias empresas eléctricas las que no quieren invertir y las que no quieren alargar los plazos. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta. Lo que dicen las empresas es que se puede extender la vida de unas centrales nucleares seguras, que funcionan excepcionalmente y que cuentan con capacidad para seguir produciendo electricidad competitiva y abundante, pero que la fiscalidad y la regulación asfixian la rentabilidad de las centrales, haciéndolas inviables. Según declaraba José Bogas en un encuentro con medios de comunicación con motivo de la presentación de sus resultados: “Creo que habría que dejar más tiempo las nucleares”
No es que las empresas no quieran invertir o extender la vida de las nucleares, es que los gobiernos las hacen antieconómicas.
Detrás de la errada regulación antinuclear está la falacia repetida sin descanso de que las nucleares e hidráulicas venden electricidad a precio de oro y hay que expoliarlas.
El consumidor debe saber que la nuclear es una máquina de impuestos nacionales y regionales. El 61% de los ingresos de esta tecnología se van en impuestos. Un ejemplo evidente de expropiación indirecta vía fiscalidad. Las empresas corren con todos los costes y el estado absorbe más del 60% de los ingresos.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, detallaba el expolio fiscal que supone el sistema eléctrico español cuando mostraba, en su última presentación estratégica, que la compañía pagó 1.702,7 millones de euros en impuestos en España en 2023, un 99% más que 2022 y, para que se hagan una idea, la cifra supone alrededor del 120% de sus costes operativos. Mientras los tributos a nivel grupo crecen un 56% (España representa el 62% del total de los tributos del grupo)
En un informe de PWC España (“El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética” marzo 2024), se llegan a importantes conclusiones que reflejan el riesgo de seguir perdiendo competitividad.
Una importante conclusión es que el “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima” (PNIEC) va muy retrasado en renovables y almacenamiento. Las trabas burocráticas y el atasco de permisos son enormes y el informe alerta que el cumplimiento del plan de cierre “conllevaría un incremento muy relevante de emisiones y precios energéticos”.
La rentabilidad de la inversión de las centrales nucleares ha sido demolida por una fiscalidad extractiva y confiscatoria, y una de las cosas que resalta el informe es que no se está cumpliendo el compromiso de no elevar la fiscalidad incluido en el protocolo de cierre. El incremento de tasa ENRESA propuesto es del 40%, elevando la carga fiscal a un nivel que hace imposible su viabilidad económica.
Ustedes leerán a veces que la fiscalidad de la electricidad es similar en España y el resto de Europa, pero es completamente incierto. No solo se ignoran el gravamen sobre ingresos a las empresas eléctricas o el impuesto del 7% a la electricidad limpia que se pretende restablecer, , así como los impuestos creados arbitrariamente por algunas comunidades autónomas a las renovables sino que, actualmente en el caso de la energía nuclear, la carga fiscal española es 12 euros por megavatio hora mayor que la francesa, y sería 15 euros por megavatio hora mayor si se aprobarse la propuesta actual, restando más competitividad a la industria española, que lleva en contracción casi dos años.
El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema “artificial” de viabilidad económica por su elevada fiscalidad, con los riesgos que eso conlleva en seguridad de suministro.
Es increíble que el impuesto nuclear de la Ley 15/2012 se creara para cubrir posibles incrementos en los costes de Enresa y, para no variar, no se utilice para ese propósito sino con un objetivo puramente recaudatorio. Es increíble pero no sorprendente, claro.
No hay transición energética competitiva sin la energía nuclear, que supone el 20% de la producción firme y sin emisiones. El cierre innecesario de las centrales nucleares ha llevado a que Alemania, tras más de 500.000 millones de subvenciones, mantenga un 42% de su producción energética en combustibles fósiles (carbón y lignito y gas natural), aumentando su dependencia del carbón un 20% en los últimos años. Menos nucleares, más carbón aunque se invierta masivamente en renovables. La recesión de Alemania y el colapso de su sector manufacturero tienen una causa directa: La destrucción de un mix energético diversificado y competitivo. Exactamente lo que no nos podemos permitir en el país con la mayor tasa de paro de la OCDE.
Sin duda, en este articulo de Daniel se resume de forma muy transparente como los intereses politicos y sus vasallajes nos conducen a una inexorable dependencia economica. Nos conviene recordar quienes son las figuras artifices de este escenario porque sirven a terceros y están muy alejados de procurar prosperidad en nuestro país.
Lo que es alucinante es que un economista tan reacio al gasto público abogue por mantener las centrales nucleares cuando sus dueños afirman que no extenderán su vida útil di el gobierno no se sienta a negociar darles más dinero. La tasa ENRESA no es un capricho: toda central nuclear al final de su vida útil se nacionaliza a través de ENRESA para desmantelarla, y eso es muy caro: desmantelando Zorita, que era una central «de juguete» ya se ha constatado que los fondos de ENRESA son más que insuficientes. Y España no es el único país que no está apostando por ampliar la vida útil de sus reactores nucleares, porque de hecho ya lo ha hecho: en 2019 se acordó con sus dueños ampliar la vida útil de todos los reactores entre 4 y 6 años hasta el calendario actual. El único que cerró dos años antes de tiempo fue Garoña, pero eso fue con el gobierno de Rajoy, no con este gobierno.
Las empresas no piden que el gobierno les de dinero para mantener las centrales nucleares, sino que no les quite el 60% de los ingresos. Le ruego que lea lo que escribo antes de hacer un comentario asumiendo que afirmo algo que el artículo no muestra y la realidad contradice. Y el error total del cierre de Garoña del gobierno de Rajoy ya lo expliqué igualmente en este blog.
Siento haberme explicado mal, pero no me estaba refiriendo a lo que escribe en este artículo, sino al hecho de tomar una postura tan clara, sin mencionar lo que precisamente no escribe y es de dominio público.
Por partes:
Las nucleares pagan más impuestos y tasas que otras tecnologías porque cuestan mucho dinero público para poder funcionar, para estar paradas e incluso muchos años después de que dejen de funcionar. Otra cosa es que este gobierno y las autonomías aprovechen la coyuntura para destinar estos impuestos a otras cosas que no tengan que ver, pero eso es un problema endémico de España que poco tiene que ver con este tema.
Lo que piden los propietarios de las centrales no lo sabe ni usted ni yo, porque no lo han manifestado oficialmente; ahora bien, no han presentado un proyecto de ampliación formal, cuando no hay ninguna ley que lo impida. Endesa mete mucho ruido pero no dice nada claro; Iberdrola dice que tendría que sentarse a hablar de dinero. Iberdrola pidió para ampliar Garoña que el gobierno pagara parte de la inversión. Bélgica ha tenido que crear una empresa pública que corre con la mitad de los gastos para que ENGIE se digne a ampliar la vida de sus reactores. Francia a tenido que terminar de nacionalizar EdF… no sé que quieren los dueños de las centrales para ampliar su vida, pero lo intuyo. Más teniendo en cuenta que además generan también con gas y renovables, cuando la primera les da mayores ingresos y las segundas les causan muchísimo menores gastos de operación. Buscaré el artículo que menciona sobre el «error» de Rajoy con Garoña, aunque a priori opino que su gobierno no pudo hacer nada razonable para evitar su cierre; a ver si su artículo me hace cambiar de opinión.