“A tongue that tastes like tin, steely-eyed outside to hide the enemy within” Neil Peart.

La ley de vivienda impulsada por PSOE, Podemos, Bildu y ERC entre otros es un ejercicio de intervencionismo que pone en peligro el acceso a vivienda de la mayoría. Al aumentar la inseguridad jurídica, amparar la ocupación, invadir competencias y perjudicar a la inversión, destroza lo que finge defender.

Lo más peligroso de la ley se encuentra en las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El gobierno y sus socios amparan la ocupación y desprotegen a los propietarios impidiendo los desalojos de inmuebles en determinadas circunstancias no objetivas. Al dejar las circunstancias abiertas, de manera vaga, y dependiente de lo que dictamine un organismo burocrático, se genera un blanqueamiento dañino a la “okupación”, permitiendo la suspensión de desahucios por impagos del alquiler durante dos meses en el caso de personas físicas y de cuatro meses en el supuesto de personas jurídicas.

Es especialmente preocupante el nivel de vaguedad y la utilización de causas no objetivas, pero sobre todo que atacan al derecho a la propiedad privada desde una perspectiva en la que la opinión de organismos burocráticos se superpone al derecho del propietario a que no le ocupen su casa.

Usted podrá decir que lo que pretende es proteger los derechos de los inquilinos en riesgo de exclusión o pobreza, pero es que las ayudas sociales a personas con problemas económicos no la tienen que hacer los propietarios, sino el estado. Para eso pagamos una cantidad brutal de impuestos.

En un país de propietarios donde miles de pequeños empresarios han buscado crear un poco de patrimonio en el sector inmobiliario, establecer personas jurídicas con más de cinco viviendas en propiedad como grandes propietarios, barreras en los procedimientos por desahucio, ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler con criterios no objetivos o el recargo del IBI de un 150%a las viviendas vacías es simplemente una batería de medidas intervencionistas y que atentan contra la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Prohibir que el precio de los alquileres se indexe a la inflación es, en sí mismo, un robo. El estado te obliga a pagar más impuestos al no deflactarlos a la inflación, el propietario sufre la inflación en sus costes, las cargas crecientes y en su poder adquisitivo, pero no puede subir el alquiler con la inflación. Imponer un tope del 2% en 2023, que será del 3% en 2024, para actualizarlo desde 2025 con un nuevo índice alejado de la inflación es una medida que perjudica a los ciudadanos como ha ocurrido en todas las ciudades en donde se ha implementado. Se reduce la oferta, se incentivan los acuerdos privados a precio mayor para los que pueden pagarlo, y se ataca a las decenas de miles de pensionistas que se han comprado una vivienda para alquilar y tener un complemento en su pensión.

El propietario, con esta ley, no solo no puede echar al “okupa” que asalta su inmueble y no paga, sino que, además, si el inquilino deja de pagarle, debe imputar esa renta que no percibe a efectos de Hacienda. Y si le paga, la inflación -el impuesto escondido- se come el poco dinero que recibes después de pagar todos los impuestos. El robo institucionalizado.
El traslado a los propietarios de los gastos de agencia es la siguiente afrenta al propietario. El gobierno se cree que los propietarios de vivienda en alquiler en España son grandes empresas y fondos, cuando la realidad es que la inmensa mayoría son pequeños ahorradores. Con esta ley, lleva a decenas de miles de pequeños ahorradores a la ruina o la desesperación por impago.

Dificultar el proceso de desahucio haciendo las condiciones vagas y no objetivas no ayuda ni a los inquilinos ni a los propietarios, solo sirve para introducir inseguridad jurídica.
Es alucinante la inseguridad jurídica que se introduce ya que aquellos que tengan menos de cinco viviendas en alquiler en “zonas tensionadas” -un término que dejan de manera vaga y completamente desierta de análisis objetivo- tendrán ayudas con bonificación fiscal en el IRPF para bajar el precio. Es decir, si tienes cuatro viviendas te dan ayudas fiscales sustanciosas y si tienes cinco te roban sin contemplación. ¿Qué se creen ustedes que va a pasar? Menos oferta, menos inversión y menos alquiler.

La propia definición de “grandes tenedores” es en sí misma arbitraria e inaceptable además de atentar contra la propiedad privada. A propósito, han puesto “cinco viviendas” porque son varios los miembros de los partidos involucrados en el desarrollo de la ley que tienen cuatro inmuebles en propiedad, porque hasta hace bien poco hablaban de cuatro viviendas en sus mensajes demagógicos. Iglesias y Montero, por ejemplo, tienen cuatro casas.

La ley contempla que los ayuntamientos incluyan un recargo del IBI de hasta el 150%, una aberración. Si la vivienda lleva más de dos años vacía el recargo seria del 50% y 100% si lleva más de tres años, con un recargo adicional de otro 50% si el propietario tiene dos o más viviendas en ese municipio. Es simplemente confiscatorio.

Se hace que las nuevas promociones tengan un 20% de vivienda social, ya sea en alquiler o venta si es en suelo urbano y si se ha recalificado, el porcentaje sube al 40%. Haga usted los números. Entre el riesgo antes mencionado de impago, ocupación y asalto a la propiedad privada, lleva a cabo una inversión multimillonaria en la que el 20-40% sea a pérdidas.
Por supuesto, que no falte más burocracia. El gobierno crea un “grupo de trabajo para regulación de contratos de arrendamiento” que, de nuevo, genera inseguridad jurídica y es una excusa para aumentar la burocracia.

Con respecto a la Vivienda Protegida, se invaden las competencias de las Comunidades Autónomas. No tiene sentido la calificación permanente de vivienda protegida y menos con carácter retroactivo. Esta cuestión se aborda en las disposiciones transitorias donde se suaviza el texto inicial, aplicando el carácter retroactivo solo a los parques públicos de vivienda, pero la definición, de nuevo, es ambigua.

Una ley que se suma a otras del gobierno en que aumenta la inseguridad jurídica y ataca la inversión, pasando a los propietarios e inversores la carga de unas supuestas ayudas sociales que son responsabilidad del gobierno mientras destruye la capacidad de la economía de mejorar el acceso a la vivienda.

Lo que necesita España es que la administración deje de ahogar el acceso a suelo, pare de atacar fiscal y regulatoriamente a los propietarios y facilite la inversión. Esta ley dinamita el derecho a la propiedad privada y expropia vía inflación e impuestos a los propietarios.

Mientras tanto, el gobierno «promete» 43.000 viviendas de alquiler social que se unen a las 50.000 que prometió la semana pasada, a las 70.000 que aseguró construir en 2019, que se unen las 10.000 que prometió en 2020 y las 26.000 comprometidas en 2021 y tampoco cumplirá. «Promete» más de lo que se construirá hasta 2030.

El gobierno de España está tan obsesionado con el franquismo que copia todas las fracasadas medidas intervencionistas de la dictadura cuando en 1957 creó un nuevo ministerio de la vivienda, que incorporaba la obra Sindical del Hogar.

Otra ley que hunde la oferta de vivienda y ataca a la seguridad jurídica. Un país que ampara a los okupas y expolia a los ahorradores es un país condenado a la miseria.

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