«My bread keeps landing jam side down». Francis Rossi.

Subir las cotizaciones sociales no soluciona ninguno de los problemas de la Seguridad Social. Engañar a los ciudadanos diciendo que «la mayoría es a cargo de la empresa» es inaceptable. Todo el coste bruto de una nómina es salario. Cuanto más alto sea el impuesto al trabajo, más caro es contratar y supone menor salario neto para el trabajador.

No, subir la cotización social -el impuesto al trabajo- no es «salario diferido». No va a tu cuenta, no vas a cobrar más pensión sino menos, y van a jubilarte más tarde.

El propio ministro Escrivá lo decía claramente antes de ocupar su cartera. En un documento llamado La sostenibilidad de la Seguridad Social, opinión de la AIReF al Gobierno (Palencia 5 de abril de 2019) afirmaba: «Las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose seis puntos por encima de la media de la OCDE» y «se considera que cualquier modificación no debería implicar un incremento de las cotizaciones sociales, si no únicamente una reconfiguración de las mismas».

La literatura económica sobre la subida de cotizaciones sociales es inequívoca, desde el Banco de España a Funcas y, por supuesto, la AIReF, se ha alertado en muchas ocasiones del efecto perjudicial en empleo.

Según Eurostat, España está por encima de la media de la Unión Europea y es uno de los tres países donde las empresas pagan más por impuestos a la contratación y al trabajo. España, junto con Francia, es el país donde las cotizaciones sociales que pagan los empresarios por un salario suponen un mayor peso (más del 35%) en el numerador de la presión fiscal.

Ahora Escrivá dice que si sumas las cotizaciones al salario el coste es bajo. Claro, porque no lo paga él. Impresiona además que no tenga en cuenta el tamaño empresarial relativo, el coste de vida ajustado, la productividad y el resto de impuestos. Bueno, no impresiona, él lo sabe.

El problema de la Seguridad Social no es de ingresos ni mucho menos de bajos impuestos.

Los ingresos por cotizaciones sociales han registrado récordhistórico año tras año desde 2017. De hecho, los ingresos de la Seguridad Social solo bajaron, y de manera moderada considerando el desastre de paro, entre 2008 y 2013. Desde la Reforma Laboral de 2012 los ingresos de la Seguridad Social se han estabilizado primero y alcanzaron récord histórico. En 2021 se estiman unos ingresos de más de 157.000 millones de euros después de llegar a más de 152.000 millones en 2020.

Desde la Reforma Laboral de 2012 los ingresos de la Seguridad Social se han estabilizado primero y alcanzaron récord histórico

El estudio de López-Rodríguez y García Ciria del Banco de España,Estructura Impositiva de España en el contexto de la Unión Europea, resalta lo siguiente sobre España: El «peso de las cotizaciones sociales sobre el PIB es superior a la media» de la Unión Europea.

Añadían que «la cuña fiscal media, medida como cociente entre la suma de los impuestos sobre la renta personal derivados de las rentas del trabajo y las cotizaciones sociales, por un lado, y el salario medio bruto de los empleados a tiempo completo en el sector privado, por otro, se sitúa en España por encima de la media del conjunto de las economías de la OCDE para todos los tramos de renta y tipos de individuos de acuerdo con su situación familiar».

El problema de la Seguridad Social es triple: pirámide demográfica, alto paro con alta economía sumergida y tamaño empresarial.

El problema demográfico

La pirámide demográfica española es un gran problema financiero que se puede solucionar, pero no aumentando impuestos. La población española está estancada en 47,3 millones y la longevidad es un factor determinante. Casi el 20% de la población tiene 65 o más años, el 30% tiene entre 45 y 64.

El estrechamiento de la base de la pirámide demográfica y ensanchamiento del pico hace que un sistema de reparto, como el español, sufra importantes tensiones que no se solucionan con subidas de impuestos a los que trabajan y pueden tener hijos. Es un error claro de incidencia económica que pone en peligro la sostenibilidad del sistema a largo plazo.  

El problema económico

Efectivamente, lo que ha pasado es que se ha disparado el gasto en más de 70.000 millones por la incorporación de nuevos jubilados y la revalorización de las pensiones.

España tiene 1,2 millones de pensionistas más que en 2010, fecha en la que el número de afiliados era de 17,6 millones. Hoy, el número de afiliados efectivo (excluyendo ERTE y autónomos en cese de actividad) es de 19,4 millones.

La pensión media se ha revalorizado un 34% y el gasto en pensiones es un 41% superior. El gasto en pensiones crece a un 3% anual, más que el PIB real y que la tasa de empleo mediana.

Ninguna medida de aumento de impuestos habría cubierto el agujero creado por la fuerte subida del número de jubilados y del gasto mensual. El que se crea que se habrían recaudado 70.000 millones adicionales anuales subiendo impuestos en medio de una crisis y recuperación frágil simplemente tiene problemas con las matemáticas y la estadística.

El problema laboral

España tiene la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europeacon Grecia, no casualmente otro país con altísimas cuotas sociales, y la tasa de paro juvenil más alta de todos. Hacer más cara la contratación es una medida masivamente regresiva porque afecta más a los nuevos demandantes de empleo, los más jóvenes, y los más desfavorecidos.

Una gran empresa que tiene altos salarios puede soportar una subida de las cuotas sociales, una pyme o microempresa, no.

España además es un país de microempresas. Las mal llamadas grandes empresas o grupos consolidados también son comparativamente más pequeñas que en nuestros comparables.

El 39% de las empresas de España son microempresas con menos de 9 empleados. El 56% son pymes sin empleados, que no pasarán a contratar con esta medida. Las grandes empresas son solo el 0,17%. Las pymes con 10 a 49 empleados son menos del 6%, según datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El problema del Gobierno es que legisla como si España fuera un país de grandes empresas y sin alto paro, imponiendo a microempresas y pymes unos costes de país rico y con bajo desempleo.

El problema del Gobierno es que legisla como si España fuera un país de grandes empresas y sin alto paro

España también tiene una alta tasa de economía sumergida. Las estimaciones para 2021 de Friedrich Schneider sitúan la economía no regularizada en el 16,9% del PIB, dos puntos más que en 2019. Pero en España la economía sumergida no es un tema de malvados defraudadores forrándose, es que la inmensa mayoría no puede emerger. Decenas de miles de pequeños trabajadores no pueden permitirse elevadas cuotas de autónomo y altísimos impuestos y cargas por retrasos.

Ni el problema demográfico, ni el de empleo ni el de tamaño empresarial o el de economía sumergida se solucionan disparando los costes de contratación. Es como intentar parar una hemorragia apuñalando al enfermo.

Un sistema de reparto como el español solo puede reducir el déficit de la Seguridad Social atrayendo mucha más inversión, mucho más empleo y siendo un centro mundial de creación de valor por atracción de capital. Poniendo escollos al crecimiento empresarial y encareciendo la contratación empeoras a medio y largo plazo los problemas de España.

Es todavía peor cuando alguien de trayectoria seria, antes de ser ministro, como Escrivá dice en sede parlamentaria que ha calculado los ingresos de la supuesta hucha que va a crear usando una rentabilidad anual -y acumulativa- del 3%. ¡Del 3% anual!

En la última década, los 115 planes de pensiones que invierten en bolsa y tienen recorrido de más de una década han subido, de media, un 3,82%, según Morningstar. Los más rentables se han centrado en invertir en EEUU, mientras los peores, en el mercado español y en renta fija soberana. Los 93 planes con al menos 10 años de recorrido que invierten en renta fija han conseguido una rentabilidad del 1,22%.

Los fondos de pensiones invertidos en renta fija han conseguido una rentabilidad del 1,22% anual en una década, pero Escrivá, el Warren Buffett estatal, se cree que va a generar una rentabilidad anual de casi el triple en su “hucha”. 

La solución a las pensiones en España es hacer lo contrario a lo que hace el Gobierno de Sánchez. Crear mucho más empleo, fortalecer el crecimiento empresarial y atraer inversión más que nadie.

Con estas medidas el agujero de la Seguridad Social se irá a unos 50.000 millones según el Banco de España y lo que hacen Sánchez y Escrivá es cavar más hondo.