La ley de amnistía es un claro ejemplo de corrupción. Una ley dictada por los acusados donde el gobierno amnistía delitos de malversación de fondos públicos y terrorismo para mantenerse en el poder. Eso es corrupción.

Reducir el delito de malversación y amnistiar a delincuentes que han despilfarrado dinero público para sus aventuras separatistas es blanquear e institucionalizar la corrupción.

El caso Koldo es, además, la punta del iceberg de una forma de actuar generalizada por parte de un gobierno que ha institucionalizado dicha corrupción, y sus ramificaciones alcanzan al Delcygate y los rescates de empresas “estratégicas” tras contactos con personas cercanas a la trama. 

He escrito este artículo el 8 de marzo, cuatro años después de que el gobierno mintiera sobre la pandemia, afirmando que tendría “efectos poco significativos”, que el coronavirus estaba “bajo control” y que no había riesgo relevante de víctimas. El mismo gobierno que mintió sobre las mascarillas FFP2, diciendo que no eran adecuadas para la población y llamando “prepotente” a Ayuso por regalarlas. El mismo gobierno que mintió a la OCDE y la OMS sobre las pruebas que se realizaban. El mismo gobierno que impuso estados de alarma inconstitucionales que usó para colar hasta una ley de educación que ha destruido la educación especial. El mismo ejecutivo que pagó hasta siete veces más por mascarillas y material sanitario que las ofertas de empresas solventes competidoras. El mismo gobierno que rescató a una aerolínea con conexiones chavistas y a empresas cuya relación con la mujer del presidente es mucho más que casual. Y, además, el gobierno de la peor gestión económica de la UE 2019-2023, como mostrábamos hace dos semanas.

Todo esto llega después del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, el caso ERE. Más de 600 millones de euros malversados.

La excusa de todo lo antes mencionado por parte de la izquierda es “Ayuso y Gürtel”. Curiosa la equidistancia. Las acusaciones contra el hermano de Ayuso fueron investigadas y fue exonerado por la justicia europea y nacional por no existir indicio alguno de delito. Además, la comisión percibida iba contra el margen de la empresa que suministraba, no supuso un sobrecoste. Y eso lo ponen al mismo nivel que una trama que, según datos del sumario, ha desviado 130 millones de euros a Luxemburgo y donde se han identificado, como ha publicado El Español, contratos en los que se pagó hasta siete veces el precio ofrecido por otros competidores. Toma equidistancia. El caso Gürtel, que indigna a cualquier liberal y demócrata, tuvo consecuencias políticas inmediatas, con dimisiones y condenas. Es más, si les parecía el caso Gürtel algo intolerable que exigía dimisiones y una moción de censura, hoy deberían estar exigiendo lo mismo ya que el caso Koldo ya supera en mucho las cantidades malversadas comparado con el caso Gürtel y permea a ministerios y a la Moncloa. Pero no.

El caso Gürtel, inaceptable para cualquier demócrata, supuso dimisiones, 29 condenas y 123 millones de euros malversados reclamados por la justicia de los que se han recuperado, según datos oficiales, 70 millones. El caso Koldo-PSOE, que acaba de empezar a generar titulares, ya supone 130 millones identificados en Luxemburgo, 54 millones en contratos opacos y decenas de millones en favores diversos. Pero, oh sorpresa, como el gobierno “incompatible con la corrupción” ha reducido las penas por malversación y va a amnistiar a todos los que han usado fondos públicos para el separatismo, lo que es probable es que este caso se quede en condenas mínimas.

No podemos olvidar las ramificaciones de todo esto con el Delcygate, las maletas de Barajas, que ahora permea hasta a la mujer del presidente a la que se justifica diciendo que son sus “asuntos privados” cuando debería haberse inhibido de todas esas negociaciones y mediaciones.

Un gobierno incompatible con la corrupción no reduce las penas por malversación. 

Una coalición que se presenta para traer limpieza y transparencia a la política no traga con la corrupción propia con argumentos falsos, esconde informes de Hacienda y denuncias.

Ahora, con la ley de amnistía, se van a eliminar todas las investigaciones y denuncias por el uso indebido de fondos públicos para las veleidades imperialistas de lo que Sánchez llamaba “la ultraderecha xenófoba” en 2018.

Como explicaba Pedro J. ayer, la ley de amnistía supone un antes y un después en la democracia española por ser “la primera ley de la historia en la que son los delincuentes los que definen a placer el alcance de su impunidad con la aquiescencia de un Gobierno que debería ser garante de la aplicación de la legislación penal y no de su derogación a la carta”. El gobierno y sus socios nos han querido ocultar durante meses que uno de los principales elementos que exigía Junts x Cat tiene como principal beneficiaria a la familia Pujol. Y el gobierno ha claudicado. Eso, mis queridos lectores, también es corrupción.

El gobierno dice que es “implacable con la corrupción”, por eso ha reducido las penas por malversación y amnistía a aquellos que robaron, pero no se han lucrado personalmente. Si roba usted para el partido no se preocupe. Es decir, el gobierno es incompatible con la realidad de la corrupción y la maquilla. Lo mismo que hace con el paro. Éxito total.