El dato de inflación de junio es especialmente preocupante. El IPC (índice de precios al consumo) sube al 10,2%, un punto y medio superior al de mayo y el nivel más alto registrado desde 1985.

Para los que echan la culpa a la energía, el IPC subyacente -que excluye el efecto de energía y alimentos- se ha disparado seis décimas al 5,5%, el más alto desde 1993.

Estos datos son particularmente malos por varios factores.

Primero, porque incorporan 15 días estimados con el subterfugio del “tope de gas” que el gobierno vendió como panacea para bajar la inflación.

Segundo, porque ya muestran el efecto de segunda derivada. Las empresas, que han hecho todo lo posible por no subir los precios y trasladar la subida de costes, ya no pueden más. Tras un aumento de costes de casi 45%, el alza de precios al consumo es inevitable, y ya alcanza a la hostelería y otros sectores que tradicionalmente contienen el IPC.

Tercero, porque muestra que el gobierno no tiene ningún interés en trabajar en reducir la presión inflacionista, ya que todas las medidas que anuncia suponen más gasto y deuda, es decir, consumir más unidades de nueva moneda creada. Además, porque sigue intentando que el BCE ralentice la normalización de la política monetaria.

España se empobrece a pasos agigantados y lo hace de cara a una ralentización económica muy relevante, lo que eleva el riesgo de estanflación. El propio INE muestra que ·el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó al 27,8%, desde el 27,0% de 2020”. El 8,3% de la población se encuentra en “situación de carencia material y social severa”.

España, además, se sitúa entre los países con un mayor índice de miseria (índice de Okun, paro e inflación), con el nivel de paro más alto de nuestras economías comparables y una inflación disparada, lo que sitúa el índice de Okun a niveles solo superados por países como Lituania, Sudáfrica, Turquía, Brasil o Argentina.

Estos datos de IPC muestran que la batería de medidas anunciadas por el gobierno en abril no funciona y además que su medida estrella, el ridículo concepto del “tope” de gas, no baja la inflación. Es peor todavía, ese tope de gas va a hacer que todos paguemos más por la factura de la luz total al incluir la compensación a las gasistas y el descuento a Francia en el término fijo, que no aparece en el IPC. Es decir, la inflación que sufrimos cada uno de nosotros contando la factura de la luz completa es mayor a la oficial.

Si tenemos en cuenta un salario medio de 21.000 euros, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación supone más de 2.100 euros anuales.

Todo este despropósito vuelve a demostrar que la mejor medida social es no implementar políticas inflacionistas. Hay que diversificar fuentes de suministro en energía, no limitarlas, y dejar de disparar el gasto público financiado con deuda y nueva moneda creada. Uno o dos precios pueden subir por cuestiones exógenas o una crisis, pero no todos si no aumenta la cantidad de moneda. La inflación subyacente se dispara porque hay mucha más cantidad de moneda emitida que su demanda.

Imprimir dinero no es una política social, es antisocial. Nos está empobreciendo a todos.

Desde hace dos años el gobierno de Sánchez y sus socios nos han repetido una y otra vez que “en esta crisis se han hecho las cosas de manera diferente”. Por supuesto, no es cierto. En esta crisis, igual que en la de 2008, se ha disparado el gasto, el endeudamiento y se ha fiado todo a la política del banco central.

Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de los gastos del gobierno que pensabas que eran gratis. Y tenía razón. El aumento masivo de cantidad de dinero en circulación dedicado a disparar el gasto público corriente en 2020 es uno de los principales factores de la inflación.

En 2014, con los precios de petróleo subiendo a niveles similares a los actuales, el IPC era negativo.

Los resultados de esa supuesta “forma diferente” de actuar son terribles.

La inflación de junio ha sido del 10,2% y eso considerando quince días de la medida estrella del gobierno, el “tope del gas” y un mes entero de aplicación de su plan anti-inflación anunciado en abril.  La inflación en Francia es del 6,5% y la de Alemania, 8,2% estando mucho más expuestas ambas al riesgo de Rusia y los problemas de cadenas de suministro y ambas sin “tope del gas”. En suiza, que no ha impreso moneda de manera descontrolada como la eurozona, la inflación es del 2,9%.

La inflación de junio es la más elevada desde 1985 y la subyacente –excluyendo el precio de alimentos y energía- es la más alta desde 1993. Como explica el gestor Rafael Valera, el +10,2% de los últimos 12 meses es superior a la inflación acumulada entre 2011 y 2021 que fue del 9.6% en diez años.

Un salario de 21.000 euros perderá este año más de 2.100 euros de poder adquisitivo, además de pagar más impuestos porque el gobierno se ha negado a deflactar el IRPF a la inflación.

En medio de lo que llaman “recuperación justa e inclusiva”, la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado aumenta al 27,8 % en 2021. Recordemos que los politólogos se mesaban los cabellos en 2017 con cifras inferiores y sin haber dilapidado 200.000 millones en nueva deuda en dos años.

Mientras tanto, la economía se frena. El PIB español registraba una variación de solo un 0,2% en el primer trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior, dos puntos inferior a la del cuarto trimestre y una décima inferior al dato preliminar avanzado.

España se queda por detrás de sus principales socios en recuperación y por encima en inflación, tasa de paro y déficit estructural.

El efecto de la temporada turística va a mantener las cifras de PIB relativamente estables, pero es preocupante leer que la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta caen un −0,5% y un −0,9% respectivamente en el primer trimestre.

Los españoles estamos empobreciéndonos a una velocidad inusitada en medio de una supuesta recuperación que es solo un rebote sin tendencia estructural.

Ante una situación tan preocupante es alarmante leer que el gobierno prepara el asalto al Instituto Nacional de Estadística, INE. En vez de trabajar para reducir los desequilibrios, relevar a la cúpula del INE porque no les gustan los datos.

Lo que debemos entender es que el ataque a la independencia y prestigio del INE no va a hacer que las nuevas cifras se valoren positivamente, sino que generarán desconfianza.

España se enfrenta a un entorno muy complicado en 2022 y 2023 con un gobierno obsesionado por cambiar las cifras estadísticas en vez de facilitar la salida de la crisis.

En época de alta inflación y riesgo de crisis no es lógico mantener fiscalidad de bonanza y baja inflación. Tenemos que dejar respirar a las familias y empresas, que han hecho todo lo posible por no trasladar los costes de producción a los precios y se encuentran con caídas muy relevantes de márgenes.

España se empobrece y si no se llevan a cabo políticas de oferta y normalización monetaria para atacar la inflación vamos a pasar un periodo muy complicado.