«Silver linings may disappear but they always shine».Ronnie James Dio.

¿Se acuerdan de la izquierda rasgándose las vestiduras con un inexistente impuesto al sol que solo afectaba a instalaciones de más de 10Kw? Pues esa misma izquierda acaba de implementar un impuestazo al viento y al sol de verdad que ya ha dejado consecuencias brutales en las empresas independientes.

El precio mayorista de España no es el mayor de Europa. Tanto el mercado diario como especialmente el de futuros muestra que el precio en España es mejor que en Italia -donde tienen eléctrica y gasista públicas-, Franca, Alemania, Reino Unido, e igual a Portugal.

El precio de la electricidad mayorista diario que acapara titulares diarios sol afecta a 12% de la electricidad vendida. Casualmente, la alarma social y política se ha generado por dos decisiones que competen completamente al Gobierno de Sánchez:

1. Decidió fijar el precio de la energía al mercado diario cuando centenares de expertos le recomendaron que fijara los precios de 2019 con contratos de futuros y es una decisión que compete 100% al Gobierno. España es el único país que tiene tarifa regulada expuesta a los vaivenes del mercado diario.

Les escribo desde Lisboa donde no existe aleatoriedad política y asaltos a la seguridad jurídica porque el término de energía de la tarifa regulada está fijado en el mercado de futuros a tres meses revisable. España es el único país que tiene tarifa regulada expuesta a los vaivenes del mercado diario. El Gobierno de Sánchez prefirió ligarlo al precio diario porque pensaría que iba a bajar. Ahora la luz le cuesta a millones de personas el doble.

2. El gobierno de Sánchez fue el que cambió los tramos de la tarifa para hacer los de más consumo mucho más caros y más difícil ahorrar para el ciudadano. Hoy, el tramo barato es casi tan caro como el más caro en 2019.

España es el único país que tiene tarifa regulada expuesta a los vaivenes del mercado. El Gobierno de Sánchez prefirió ligarlo al precio diario 

Estas dos decisiones las tomaron por activismo político y por ignorancia añadida a la arrogancia.

Ahora han lanzado un hachazo a la generación que es menos del 30% de la tarifa mientras mantienen los costes fijos regulados e impuestos casi intactos, que son el 70%.

La situación de partida era bien clara a la hora de dar soluciones. Las dos las han ignorado Sánchez y Podemos:

Una factura eléctrica con un peso muy elevado de costes no relacionados con el suministro (más del 50%) que elevan artificialmente el precio de la electricidad, afectando al presupuesto de las familias y a la competitividad de la industria.

Una tarifa regulada por el Gobierno (PVPC), sujeta a la volatilidad del mercado diario, que expone a los consumidores a dicha volatilidad, al contrario que en Europa, donde las tarifas reguladas se indexan a los mercados a plazo.

El Gobierno ha impuesto una serie de medidas intervencionistas y absurdas:

Un cargo a las centrales no emisoras que trata de reflejar el supuesto mayor ingreso obtenido por la subida del precio del gas respecto a un precio de 20 €/MWh de gas.

Sin embargo, se calcula como si vendieran la generación en el mercado diario, obviando que la mayor parte de la producción (65%) ya está vendida a clientes finales a precios muy inferiores. Aún peor, ¿de dónde se han sacado que nadie iba a poder fijar el precio del gas a 20 euros cuando ha subido un 200% en el mercado internacional?

Medidas fiscales insuficientes. Reducción del IE del 5,11% al 0,5% y prórroga de suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7%) hasta fin de año, ampliando en 900 millones de euros la aportación del Estado en subastas de CO2.

El Gobierno se niega a soltar la gallina de los huevos de oro de los impuestos en la tarifa. Recaudará más de 2.300 millones de euros por venta de derechos de emisión de CO2 -un impuesto encubierto que ha subido un 300% al limitar la oferta artificialmente los estados- y más de 10.000 millones de euros en impuestos escondidos y visibles (60% de impuestos a la nuclear, 25% a la hidráulica, IVA a todos los componentes y otros).

El Estado recauda en la tarifa más del doble en impuestos que todo el beneficio operativo del sector eléctrico en España (generación, comercialización y distribución).

El Estado recauda en la tarifa más del doble en impuestos que todo el beneficio operativo del sector eléctrico en España

Las medidas anunciadas han generado inseguridad jurídica, desplome en los mercados y anuncios de quiebras inminentes en hasta el 21% de las renovables. Y el Gobierno, al ver el destrozo creado, se desdice y cambia afirmando que el hachazo no va a afectar a los PPA (contratos de compra a medio plazo) de las renovables. O sea, que si una renovable incorpora el precio del gas y CO2 en un contrato a medio plazo no es «beneficio caído del cielo» pero si lo hace en venta diaria sí lo es.

Ninguna medida resuelve los problemas mencionados y mantiene el expolio fiscal en la tarifa.

No soluciona ni la volatilidad ni subida de precios que está sufriendo el mercado regulado, puesto que sólo prevén que la tarifa regulada PVPC seindexe en un 10% al precio de las subastas a plazo, y no es inmediato, sino que está sujeto «a desarrollo reglamentario». Especulando a que baje. Mira cómo les fue en enero.

Ya se ha mostrado que ataca a las inversiones necesarias en generación limpia, haciéndolas inviables a corto plazo, erosionando la confianza para atraer capitales con vida útil de largo plazo y hundiendo el acceso a financiación de los independientes, como ha mostrado el sector de renovables que alerta de un 21% de empresas al borde de la quiebra.

No es aislado. El incremento de riesgo regulatorio y aleatoriedad por el intervencionismo absurdo gubernamental se traslada a toda la actividad económica.

España se convierte en el único país en el que contamina paga, y el que no contamina, paga más. Se perjudica a las energías limpias y se favorece a los combustibles fósiles, con lo que no solo aumentarán los precios, sino también las emisiones. Además, pone un suelo al precio mayorista, que llegó a ser negativo en 2019 por el efecto beneficioso del mercado marginalista.

El riesgo regulatorio no solo afecta a los que operan hoy. Los inversores locales e internacionales saben que el Gobierno tomará decisiones aleatorias y confiscatorias en cuanto se vea ligeramente presionado por efectos coyunturales.

Se perjudica a las energías limpias y se favorece a los combustibles fósiles, con lo que no solo aumentarán los precios, sino también las emisiones

Hoy en día el precio mayorista diario sólo afecta al 12% de la electricidad consumida ya que el resto se contrata con un precio fijo a largo plazo (muy inferior). Con esta medida hacen que todos los demás vean su factura encarecida al obligar a las comercializadoras a revisar sus contratos, que saldrán más caros, ante un sistema totalmente dinamitado.

Con esta sandez intervencionista, todos los consumidores con contratos firmados a largo plazo (estables, con precios razonables pactados con comercializadoras) se verán sujetos a una revisión al alza, sustituyendo el precio fijo por un reflejo de los vaivenes del precio diario.

Como ejemplo, un contrato en mercado libre a 40 €/MWh, (PPA renovable) deberá pagar (gas a 60 €/MWhg – 120 €/MWhe) 80 €/MWh por este nuevo cargo, el doble del precio de venta.  Ello sucede independientemente de la modalidad que se haya contratado, o quién sea la contraparte.

Sin embargo, el recorte de ingresos aplica al 85% de la energía (sólo excluye a los ciclos combinados) aunque venda a largo plazo.

Encima una pérdida de 7.500 millones de euros de capitalización en dos días de acciones, destruyendo a pensionistas y ahorradores que son los que más compran estos valores porque son «estables».

¿Qué hacer?

El Gobierno debería haber sacado de la tarifa los costes no ligados con el consumo (3.400 millones de euros) y pasarlos a los Presupuestos del Estado. Usted dirá que es lo mismo y se paga igual, pero no es lo mismo un estado que se financia al 0,3% a 10 años con enorme espacio fiscal concedido por la UE que una familia o empresa ahogada por la luz cara y anti-competitiva.

El Gobierno debería haber sacado de la tarifa los costes no ligados con el consumo y pasarlos a los Presupuestos

El Gobierno debería haber usado los 2.300 millones de euros recaudados por derechos de emisión de CO2 para mitigar el alza de la tarifa regulada, como le recomendó la Comisión Europea. No lo hace y mantiene la gallina de los huevos de oro de vender CO2, un impuesto encubierto.

El Gobierno debería haber fijado el 100% del término energético de la tarifa regulada al mercado de futuros con una fórmula como la de Portugal, revisable trimestral y con una banda. Nada de eso lo impedía la ley del sector eléctrico del PP. Nada.

El Gobierno debería haber suprimido el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (1.600 millones) y el impuesto extraordinario a la nuclear e hidráulica. Y debería haber generalizado a todos los consumidores la bajada del IVA (ahora es solo a una parte), otros 2.000 millones de euros.

Sin embargo, mantiene la cadena de impuestos superpuestos que le hace recaudar el doble del beneficio operativo del sector en España. El mayor beneficiado de que suba la luz es el Gobierno, al gravar sobre el precio de cada componente y añadir impuestos sobre impuestos.

Estas soluciones habrían bajado el precio de la luz de verdad un 23%, sin destruir la seguridad jurídica y a los renovables independientes. Lo habría hecho de inmediato y no con el trilerismo de «topar el precio del gas» hoy para cobrártelo en marzo, que es lo que han hecho, es decir, repetir el desastre del déficit de tarifa que llegó a 30.000 millones de euros en la época de Zapatero.

Sánchez y Podemos con su sandez intervencionista del impuestazo al viento y sol han sembrado alarma, inseguridad jurídica, y encima con ello encarecido los contratos a medio plazo de las renovables y muy probablemente puesto un suelo al precio mayorista. Había y hay soluciones serias, pero -de nuevo- el Gobierno ha preferido hundir empresas que dar soluciones reales.