Los datos económicos de España son cada vez más preocupantes y 102 economistas, empresarios y académicos hemos firmado un documento alertando sobre la acumulación de desequilibrios en la economía española.

Es particularmente preocupante que en el entorno cercano al gobierno se hayan negado a prestar atención al evidente empeoramiento de las perspectivas económicas de España bajo la excusa de que “no pasa nada”, algo así como “ya que no nos hemos matado todavía, acelera”.

Esta semana hemos conocido que el total de desempleados apuntados al SEPE alcanza las 4.051.365 personas. El paro efectivo, incluyendo los desempleados con “relación laboral” ha pasado de 3.464.921 en diciembre de 2019 a 3.546.206 en enero. En 2024 el estado pagará entre 33 y 35.000 millones en intereses de la deuda y la tendencia, incluso si se bajan los tipos, es que la cifra superará los 42.000 millones de euros en 2027. Con una deuda total (pasivos totales de las administraciones públicas, que se debe y se paga) de casi dos billones de euros y un déficit estructural que no solo no ha bajado con la recuperación, sino que ha aumentado a pesar de aumentar masivamente la presión fiscal, la situación fiscal de España es grave.

Con los datos de avance disponibles en enero, el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ascendió a 1,58 billones de euros, una tasa de crecimiento del 6,2% en términos interanuales en una economía que apenas crece un 2%. Y, como he mencionado, los pasivos totales llegan a dos billones de euros.

No podemos olvidar que ese “no pasa nada” que repite el oficialismo viene de asumir que las reglas fiscales permanecerán suspendidas eternamente, o al menos hasta que gobierne otro, que el contribuyente va a soportar eternamente la creciente presión fiscal sin impacto en consumo e inversión y que el banco central va a monetizar todo y cualquier déficit público. Peligroso. Y es especialmente peligroso porque, contando con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia democrática y los fondos Next Generation, España se encuentra en el último puesto de gestión económica 2019-2023, como refleja, usando datos oficiales, el estudio “Indicador de Gestión Económica 2019-2023” (Instituto Juan de Mariana, Papeles de investigación #IJM_002).

Muchos se escudan en que la prima de riesgo es relativamente baja cuando Portugal la ha reducido mucho más y además solo refleja una política monetaria extremadamente acomodaticia. El riesgo se acumula lentamente, pero salta muy rápido. Se están ignorando todas las alarmas; inflación persistente, coste de deuda creciente -que son dos caras de la misma moneda consecuencia de una política fiscal y monetaria extremadamente laxa- aumento de deuda en periodo de ingresos récord, caída de la inversión y un PIB que solo “mejora” por un aumento del consumo público financiado con más deuda. 

Aún más preocupante es que muchos excelentes profesionales consultados se excusen porque firmar una carta abierta completamente neutral sobre los riesgos de la economía española tendrá consecuencias negativas personales y profesionales. 

El pasado jueves se distinguió como colegiado honorario del Colegio de Economistas a Pablo Hernández de Cos, el que, en mi opinión, ha sido el mejor gobernador del Banco de España. En su intervención preliminar, José Manuel González-Paramo nos recordaba la importancia de releer el estudio de Hernández de Cos de 2004 “Empresa pública, privatización y eficiencia” (Estudios Económicos n.º 75, 2004), que cito en mi libro Viaje a la Libertad Económica (Deusto) como uno de los trabajos más importantes a la hora de entender los impactos de las privatizaciones en nuestro país. Ojalá mucha gente leyera ese estudio, junto a “Consolidación fiscal y crecimiento económico” (2013) para todos aquellos que aborrecen el término moderación presupuestaria.

En su discurso “El papel de los economistas en la valoración social y la formulación de las políticas públicas”, Hernández de Cos dio algunos de los mensajes más importantes para un momento clave como el actual. 

“Promover la cultura de la evaluación de las políticas públicas”, en vez de penalizar al que no difunde el titular de la nota de prensa del gobierno, que es lo que sufrimos muchos. Un elemento clave es la transparencia. “Si no se dispone de datos de calidad, con la suficiente granularidad, no es posible la generación de evidencias sólidas. Por ello, resulta esencial el papel del sector público en la recopilación, tratamiento y difusión de los datos”. Muchos nos encontramos con escollos crecientes para conocer detalles que doten de mayor calidad al dato agregado. Es preocupante ver como nos intentan circunscribir a la nota de prensa y los datos convenientemente agregados por el poder político y, cuando los desagregas y rebates con datos oficiales, se les acuse de “negacionistas”. 

Lean el discurso en su parte sobre el marco institucional, en un país donde las políticas públicas se valoran por una supuesta buena o mala intención y no por sus resultados y donde constantemente se acude a pedir más recursos ante el mal impacto de una medida.

Es clave el reconocimiento de la premisa ideológica y explica “gran parte de nuestro disenso… no surge de que discrepemos sobre el impacto estimado de una determinada política en cada una de las dimensiones relevantes, sino de que asignamos pesos diferentes a cada una de esas dimensiones”. La ideología “aporta una noción ética sobre lo que es bueno o malo para la sociedad”.

En mi libro Libertad o Igualdad (Deusto), digo que los analistas más peligrosos son los que dicen que ellos no hablan de ideología, sino de economía ya que son, a la vez, los más ideólogos y los que usan un falso púlpito auto concedido para justificar cualquiera y todos los excesos políticos mientras gobierne su opción política. Mi ideología es el pilar de mi análisis porque define los principios que informan la política económica. 

La economía es una ciencia. La política económica es política. Confundir ambas es parte del interés por cancelar y enmudecer al que discrepa. El análisis es siempre subjetivo (el de todos) y el debate y el disenso son claves para alcanzar consensos reales, no dogmas. 

Los que nos intentan vender la identidad de pensamiento, un consenso impuesto desde el poder político y que el análisis suyo es “objetivo” son los mismos que revolotean alrededor del gobierno en funciones buscando reconocimiento pecuniario. De ahí la creciente importancia del análisis de inversores, analistas independientes, hedge funds etc además del puramente académico. Como nos decía Ken Griffin, el análisis del “lado vendedor” (sell side) debe considerarse teniendo en cuenta los incentivos y desincentivos de este. 

Deberíamos tener la capacidad de discutir y llegar a acuerdos sobre los factores relevantes: La productividad, las claves de un crecimiento sostenido, cuentas públicas sostenibles y la importancia de que el sector público responda de manera responsable. 

Sin embargo, cuestionar y criticar al gobierno es cada vez más perjudicial personal y profesionalmente, y no era así con Aznar, González, Zapatero o Rajoy. Exigir y criticar al poder político debería ser una obligación, no un estigma. Lo que debería ser una discusión enriquecedora se está convirtiendo en la anticultura de la cancelación y la destrucción de personalidad para evitar que los ciudadanos escuchen otras opiniones. 

El poder político impone el veto al discrepante y, a los que le defienden, la exigencia de adhesiones incondicionales. Y a esos últimos, el elemento clave del autoritarismo: la purga al más leal como aviso a navegantes.

El consenso impuesto es la mediocridad del que piensa que en un campo de vacas lo que importa es el ruido que hacen los grillos, citando a Churchill. La ciencia es disenso y debate. Gracias, gobernador, por tu trabajo.