El Ministerio para la Transición Ecológica presentó el pasado 16 de diciembre el Anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Según el propio documento oficial, este Anteproyecto persigue un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años. Lo consigue, al menos en intención.

Como hemos visto estos días, el precio de la luz no va a bajar mucho y sin embargo sí va a subir, vía impuestos, el de hidrocarburos. Por eso hay que avanzar en reducir los desequilibrios actuales, ya que España carga con más impuestos a la energía que la mayoría de países de nuestro entorno.

Para ello, se establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Este fondo se nutrirá de la recaudación de impuestos a la generación y de las subastas de CO2 (2.500M€/año) y de las contribuciones que realicen las empresas del sector energético, hasta cubrir el total del coste. 

De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejaría de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. Un coste que supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

En definitiva, se transfiere parte del coste desde unos agentes del sector eléctrico a otros sectores energéticos, también usados masivamente. Se ha fraccionado el pago de las subvenciones a las renovables entre varios agentes según su consumo de energía.

De esta manera, los hidrocarburos (petróleo y gas) pasarán a contribuir a la descarbonización, reduciendo la factura para los consumidores de electricidad. Los hidrocarburos son los principales causantes de las emisiones de CO2 y que la electricidad pagaba 8 veces más impuestos que el gas y un 50% más impuestos que las gasolinas.  

Las subvenciones a las renovables vieron la luz en el año 2007, bajo el argumento de que para fomentar el despegue de energías que hicieran posible una economía sostenible era necesario un impulso económico vía subvenciones o primas. Según la previsión del Gobierno en 2009, el sobrecoste que suponían estas primas ascendía a 4.008 millones de euros. La previsión del gobierno es que dicho coste sea de unos 6.500/7.000 millones de euros en 2025, similar al actual. 

Desde el gobierno se impulsó un sistema de intervención en las energías renovables a cargo del contribuyente que se ha demostrado ineficiente cuando el sector ha sido capaz de ser competitivo sin subvenciones en muy poco tiempo. 

Desde el punto de vista del usuario, la principal diferencia con la nueva regulación es que los 7.000 millones anteriormente eran trasladados a la factura de la luz, y ahora al menos serán compartidos por todas las empresas energéticas que operen en el país, generando un menor cargo al consumidor eléctrico en coste unitario. 

Es positivo despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética de forma más homogénea entre todas las energías. El riesgo es que se convierta en un “todavía más” que no reduzca la factura eléctrica si se sigue cargando de costes regulados e impuestos, y además suba la factura de combustibles.

Si se evitasen los incentivos perversos y los sobrecostes sumados, hay elementos que pueden ser favorables:

• Favorecer la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general. Favorece también a toda la industria asociada a la descarbonización.
• Puede abaratar para los ciudadanos, si se hace bien, el consumo de energía limpia, dando una señal clara a la hora de decidir apostar por equipos sin emisiones (vehículo eléctrico, calefacción con bomba de calor, etc) y puede mejorar el retorno de la inversión para la industria de sus procesos de descarbonización. 
• Puede ayudar a que nos lleguen las ayudas europeas. Es coherente con las recomendaciones del Semestre Europeo, que son la hoja de ruta de la UE para desbloquear las ayudas Next Generation EU de hasta 140.000 millones de euros. 
•  También es coherente con el informe del Comité de Expertos para favorecer la electrificación y con la metodología de cálculo de los cargos del sistema de financiación de las actividades del sistema eléctrico emitida por la CNMC. 

 Y es una medida que está en línea con las que ya se están adoptando en otros países de la UE, como Dinamarca, Alemania o Francia, con el objetivo de reducir emisiones y lograr una economía descarbonizada. 

Las empresas más afectadas, según el diario Expansión, serán Repsol (que aportará entre 900 y 1.400 millones), Endesa (600-930), Cepsa (506-721), Naturgy (463-721), Iberdrola, BP y Galp. Esta factura se irá digiriendo progresivamente hasta el año 2025, cuando todas las empresas de hidrocarburos (43,7%), de gas (24,8%) y de electricidad (31,5%) tendrán que aportar a dicho fondo hasta 4.765 millones de euros.  

Todo ello tiene el objetivo de abaratar la factura de la luz un 13%. Una reducción que, si se da en su totalidad y de manera absoluta y no “en términos equivalentes”, tiene un impacto importante y puede apoyar la descarbonización y electrificación, aunque es insuficiente. Bajar el IVA de la luz y eliminar los actuales impuestos a la generación eléctrica serían dos medidas adicionales clave.

Para el sector, esta reducción deja espacio para medidas necesarias tales como los pagos por capacidad, retribuciones pendientes de redes o para el incremento del límite de inversión de redes, entre otras cosas. 

Los combustibles fósiles y el gas natural van a subir hasta un 11% por un mayor peso del componente tributario, y se deben tomar medidas para evitar que agricultores e industrias sufran un mayor aumento de costes en un momento en el que el petróleo y el gas, además, están subiendo.  

El objetivo de esta reforma es hacer más competitiva la electricidad frente a los combustibles fósiles. En España los costes energéticos son de los más elevados de toda Europa, donde la factura eléctrica en España es la quinta que más cargos e impuestos soporta. Esto hace: i) A las familias más pobres y a las empresas menos competitivas; y ii) Más difícil hacia la transición hacia una electrificación de la economía sin minar su competitividad. 

Esta reforma puede ayudar, aunque muy levemente, a recuperar la competitividad energética que necesita el país. Lo que es más importante es, además, que no se convierta en una excusa para incluir en la factura de la luz más impuestos y en el fondo elementos que no tienen nada que ver con la cifra antes descrita. Monitorizaremos que el fondo no se convierta en una fuente de aumento de impuestos constante si la demanda, los precios o los ingresos destinados a ese fondo son menores a lo estimado.

No debemos olvidar que en cuanto a los combustibles fósiles, también somos uno de los países más caros en relación con el precio pagado por el consumidor final. El sector de los transportes, responsable del 24% de las emisiones de CO2 en Europa, lleva a cabo lentamente la migración hacia un modelo basado en energías más limpias. Los vehículos eléctricos empiezan a ser un sustitutivo a la altura de los de combustión.

La recuperación económica de España ha de contar con agentes privados eficientes, y el sector energético puede adoptar un papel clave en ella. 

Deloitte estima que la transición energética puede suponer unos 240.000 millones de euros de inversión en España entre 2021 y 2030. De ellos, 42.000 millones serán en redes, una inversión que, a su vez, permitirá realizar 118.000 millones de euros por parte de agentes de otros sectores, entre los que destaca la generación de energías renovables. Estamos hablando, por lo tanto, de un modelo energético adaptado a la demanda, cada vez más electrificado, competitivo y próximo a los objetivos medioambientales europeos. 

El riesgo de esta medida es que suponga un coste superior en media de la factura energética de los hogares y empresas españolas. Es decir, que se añadan más impuestos y no se reduzca la tarifa de la luz ni la energética total. 

Se ha demostrado que la tecnología y la competencia son mucho mejores aliados de la producción de energías renovables que las subvenciones, pero el coste de descarbonización debe ser compartido por todas las energías bajo un esquema de “pago por polución”. La reducción de impuestos y cargas injustas y su distribución equitativa según contaminación son esenciales, pero la competencia es un arma mucho más potente si lo que queremos realmente es reducir la factura energética de los agentes económicos y a la vez incentivar el cambio.

Este cambio en la regulación, por lo tanto, va en la buena dirección y sigue las recomendaciones del comité de expertos creado en la anterior administración, aunque es insuficiente ya que no elimina los actuales impuestos a la generación en España que nos hacen perder competitividad con los países de nuestro entorno, y conlleva riesgos que se deben monitorizar para asegurar que se cumplan los objetivos planteados. Esperemos que no se convierta en un incentivo perverso para subir los costes a todas las energías, que no se convierta en doble imposición encubierta y que no ponga escollos a la re-industrialización.