Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y colaborador de El Confidencial, propone en su segundo libro, Viaje a la libertad económica. Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera, un viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en el que vivimos. Lacalle propone en el libro una reducción radical del gasto y una bajada inmediata de impuestos, así como eliminar las subvenciones. A continuación, unos extractos del capítulo sobre el gasto político. Lacalle recalca lo desmesurado del despilfarro en España y denuncia el gasto innecesario en infraestructuras, entre otras cuestiones.

Al llegar a España y hablar de políticas liberales, la reacción es furibundamente negativa. Posiblemente, España es el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. Según un estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países occidentales, el porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea.

Un 62% cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento y un 65% afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas. Curiosamente, según Demoscopia, más del 60% de la población achaca a “los políticos” los problemas del país. Pero no parece que nos demos cuenta de que entregar tal cantidad de nuestro destino al Estado es precisamente lo que hace que el abuso del Estado sea más fácil y tolerado.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciadoLa convicción de que son los poderes públicos los que deben velar por los que viven en situación precaria es un claro elemento distintivo de nuestra cultura actual, y no era así en la España que salió de todo tipo de crisis pasadas. Es una característica creada en muy poco tiempo, en menos de dos décadas. La sopa boba. Según datos del Pew Research Center, comparado con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, España es el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido que garantizar su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). En Estados Unidos se registra la situación opuesta, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%.

Así, no es de extrañar que en nuestro viaje mis compatriotas me repitan una y otra vez: “¿Cómo puede crecer una economía sin gasto público? ¿Quién hace los puentes? ¿No gastamos menos que Finlandia? ¿No tenemos menos deuda que Japón? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la deuda y el gasto?”. Por el umbral de saturación de deuda. Es decir, el punto a partir del cual una unidad adicional de endeudamiento no genera un efecto positivo, sino neutral o negativo. Lo comentábamos en el capítulo Estímulos no, gracias. Pero la explicación no es suficientemente convincente, porque agrega todo ese gasto y deuda acumulada y compara peras con manzanas. ¿Es lo mismo gastar 30.000 millones en obras civiles innecesarias o gastarlo en un proyecto que generará recursos superiores al capital invertido? ¿Es lo mismo gastarlo en investigación real, que genere rentabilidad, o sumar funcionarios y administrativos, como hemos visto en Argentina o en España? Bienvenidos al gasto político.

Desde el punto de vista del mal llamado keynesiano (que al pobre John Maynard Keynes no hay que culparle de nuestros excesos), todo gasto es válido porque mueve la actividad económica, es lo que se llama la demanda agregada, y presupone que el efecto positivo en la economía es superior al negativo del despilfarro. No será la primera vez que ustedes oyen a un amigo o conocido decir que “la crisis no es culpa del despilfarro, porque al menos eso crea empleo y actividad económica». O mi frase favorita, muy típica de los adictos al ladrillo y a la construcción como símbolo de economía real sólo porque es tangible, «si se construye algo, al menos está ahí, ya se le dará uso». Como en muchos de los países en los que se tiende a echar la culpa de todo al extranjero, en España, donde los gastos siempre son «el chocolate del loro» y los problemas siempre los crea algún unicornio extranjero, tendemos a ignorar o perdonar los enormes desvaríos presupuestarios.

La locura de obra civil que arrasó a España, y llegó a suponer junto a la burbuja del ladrillo un 16% del PIB, nos llevó a construir más kilómetros de líneas de alta velocidad que Japón, Francia, Alemania o Italia. A aprobar más de cincuenta aeropuertos con costes desorbitados. Regiones en las que hay tres aeropuertos en un radio de 150 kilómetros, que no sólo son una ruina, sino que fagocitan la recuperación del número de pasajeros de uno a otro. En agosto de 2013 se publicaron las cifras de 10  aeropuertos que no sumaron 1.000 pasajeros en julio de ese año.

Les recomiendo que lean AVE, aeropuertos, autopistas y tranvías: La cleptocracia arruina España. Ciudades de la cultura, del circo, etcétera.

El problema de los que justifican los gastos excesivos es que cualquier ciudadano español que se dé un paseo por su ciudad o alrededores va visitando ejemplos del cheque en blanco en cada rincón de la geografía. Y mientras lo hace, ve que sus hijos nacen con 22.000 euros de deuda y sus amigos o familiares se encuentran en paro o sufriendo recortes. Ése es el legado del despilfarro, que siempre toleramos, pero cuesta mucho.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española, según un informe de Deloitte para UTECA.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciado en términos de inversiones reales y renta disponible en impuestos para construir obras megalómanas que asustan por su extravagancia a cualquier extranjero que las vea.

Sobre el despilfarro en infraestructuras

Ese desastre se ve ejemplificado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el atroz plan de estímulo llamado Plan E, que muestra que no sólo no se creó empleo, sino que contribuyó a agrandar el agujero económico de España en otros 12.000 millones. Según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.

Pero el Plan E es un ejemplo muy pequeño. Es mucho más aterrador comprobar que el Tribunal de Cuentas, europeo y nacional, estima que en el coste de las obras públicas licitadas existe una desviación media sobre lo presupuestado cercana al 20%. Nos parece normal leer que un hospital en Toledo, presupuestado en 299 millones, lleva gastados 362 millones con un 34% de la obra ejecutada.

El Puente de Castilla la Mancha, en Talavera de la Reina, es uno de mis hitos burbujeros preferidos. Menos de 90.000 habitantes, pero el segundo puente más alto de Europa, con un coste presupuestado de 60 millones que ha superado los 200 millones de euros y un coste de mantenimiento anual que se va triplicando cada tres años, debido a las inspecciones técnicas que deben realizarse, algunas en Suiza.

Leemos que desde el año 2004 ninguna obra civil se ha terminado dentro de lo presupuestado, o por debajo, y nadie se rasga las vestiduras. El sobrecoste no es problema. Que lo pague otro.

Como tantos otros ejemplos de exceso de gasto, me comentaban una vez: “No es un despilfarro, es un gasto”. Y esa opinión, de que los gastos en elementos tangibles siempre son justificables, persiste aun cuando leemos en informes de la Unión Europea que España gasta 4 veces más que Alemania por kilómetro construido de carretera. El día que se publicó dicho análisis, las respuestas en las redes sociales eran cuando menos pintorescas: “Es por la orografía”. Sin embargo, además de este estudio del Tribunal de Cuentas Europeo se han presentado otros resultados en los que se han eliminado los elementos relativos a la adaptación del trazado al terreno para poder hacer comparables las carreteras de los distintos países a pesar de tener perfiles orográficos muy diferentes. El resultado sigue siendo negativo para España: 160.694 euros cuesta asfaltar 1.000 metros cuadrados, comparado con 87.217 euros que cuesta en Alemania.

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios.

Sin embargo, el puente o la obra inútil, cuestan, y mucho. No sólo la obra, sino el gasto en mantenimiento. Sólo ocho de los 52 aeropuertos españoles no presentan déficit. Los 44 restantes nos cuestan cientos de millones al año. En 2013, según el BBVA, mantener los aeropuertos cerrados y las infraestructuras de la locura de obra civil tendrá un coste de 720 millones de euros. Sin embargo, siempre que comentamos el abuso de dinero público nos dicen: “¿Y quién hace las carreteras si no?”. Pues bien, en Suecia, como hemos comentado, dos tercios de las carreteras son privadas. Una cifra equivalente en Reino Unido. Pero el gasto político no es sólo obras civiles innecesarias, también es el coste de propaganda para fomentar las ideas que el gobierno de turno busca difundir.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Según un informe de Deloitte para UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española.

Sobre la sanidad pública

Lo mismo ocurre con el gasto en administración. Cuántas veces hemos oído la frase “el gasto público no se puede recortar porque se destina fundamentalmente a educación y sanidad”, como si esas dos partidas fueran un tótum revolútum donde todo es justificable.

Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado, sin embargo, esa cifra, que a cualquier persona consciente del coste le escandalizaría, se justifica en cuanto se introduce el término “sanidad” o “educación”. Como si no existiese el despilfarro.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos. Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. La competencia de la gestión privada pone de manifiesto el despilfarro en aquellas áreas públicas incapaces de utilizar el dinero eficazmente, y viceversa, también pone de manifiesto si el sector público lo hace mejor. Lo importante es que haya una concesión -y retirada- de las licencias por parte del gobierno que sea absolutamente rigurosa. Como comentábamos en Suecia.

Según Eurostat, España gasta en sanidad 1.463 euros por habitante, 631 menos que la media de la eurozona, que se sitúa en 2.094 euros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que «entre el 20% y el 40% del gasto sanitario se pierde por la ineficiencia del sistema de salud». Los principales problemas son el excesivo gasto en fármacos caros, la mala utilización de los sistemas hospitalarios y el exceso de pruebas médicas.

De hecho, el informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, elaborado por 56 médicos, defiende que aportar más financiación no es la solución.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos.

Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. En 2011, Juan Oliva, editor del informe, comentaba al diario El País que “los servicios sanitarios viven inmersos en la cultura del Despilfarro”. Se da prioridad a la construcción de nuevos hospitales y se abusa del uso de pruebas médicas y nuevas tecnologías -que además no son inocuas- obviando los auténticos determinantes de la salud: las condiciones de vida.

El 17% del coste en farmacia se dedica a medicamentos contra la hipertensión y el colesterol, es decir, casi un 5% del gasto corriente en sanidad, a pesar de que sólo el 40% de la población cumple el tratamiento. Además, en muchos casos son enfermedades prevenibles con buenas políticas de concienciación de la salud pública, a la que España, sin embargo, dedica sólo el 1,3% de su gasto en sanidad.

Este aspecto me parece de una enorme relevancia por la importancia de desagregar y analizar dónde y por qué se gasta mal, no solucionarlo de una manera errónea, dando más fondos. Merece la pena entender que cualquier tipo de asistencia pública no es justificable por definición. Suiza, por ejemplo, rechazó en referéndum, con algo más del 70%de los votos, la creación de un sistema de seguridad social nacional y se decantaron por mantener la situación actual de seguros médicos particulares. Es la segunda ocasión en cuatro años en que los suizos se muestran a favor de un sistema de sanidad privado, con verdadera competencia -87 empresas-, porque el coste es menor y la asistencia, a todos, de mayor calidad. La legislación suiza establece que toda persona, incluidos los recién nacidos, debe contar con un seguro médico, que cubre al individuo, no a la familia. En el caso español, es un modelo perfectamente compatible con una seguridad social pública, e incentiva a ser más eficaces.

Sobre el exceso de funcionarios y asesores

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7% y un 3,2%, respectivamente. De cada 100 empleados públicos, 51 trabajan para los gobiernos regionales, que sumaban, en enero de 2013, 1.307 343 personas. Las universidades, que cuentan como otro escalón de la administración, suman 148.905 empleados.

Tenemos un gasto en salarios públicos superior a la media de la Unión Europea, pero un número de funcionarios por ciudadano menor (Eurostat). Mucho patrón, poco marinero. Continuamente nos dicen que España tiene menos funcionarios por habitante que Alemania o la media europea. En Alemania hay 13,8 habitantes por empleado público, mientras que en España hay 16,6. Estupendo. ¿Y los asesores externos y las empresas públicas? Añadiendo las dos partidas cambia la cosa.

Los asesores externos suponen otros mil millones anuales. Desde el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) apuntan que existen alrededor de 20.000 cargos elegidos ‘a dedo’.

Las miles de empresas publicas se han utilizado como alfombra de esconder gasto y deuda. Aumentando altos cargos durante la crisis. En 2012 existían alrededor de 4.000 empresas, consorcios y fundaciones. Se han liquidado -o se está en vías de hacerlo- 469 entidades, lo que significa que aún subsisten más de 3.500. Las empresas públicas emplean alrededor de 159.000 personas, 13.700 más que a comienzos de 2008. Si tenemos en cuenta solo las 3.000 empresas publicas dependientes de las tres administraciones, acumulaban una deuda de 55.000 millones en 2012. 

En España hay 2,5 millones de personas trabajando para el sector público, sin contar empleados de empresas públicas. Eso convierte al país en el quinto socio con más funcionarios. Esta cifra sólo es superada por Francia, con 5,2 millones, Alemania con 4,5 millones, Polonia e Italia, 3,4 millones cada una. La masa salarial del personal público le cuesta al Estado 116.087 millones de euros. Una cifra que sigue siendo superior a lo que gastaba en 2007, que era de 107.835 millones.

Mientras, los salarios del sector privado han caído entre un 15%y un 20%. Desde el año 2000, en España el gasto público por habitante ha crecido en un 58,5%, cuando en Alemania lo ha hecho un 17,7%y en la UE27 un 36,2%, lo que lleva a que hoy, en un país con economía cíclica, orientada a servicios y muy necesitada de competitividad, la administración pública le cuesta de media anual a cada español 9.816 euros. En una economía dinámica y sujeta a ciclos muy importantes como la nuestra, eso es un coste fijo simplemente inasumible.

¿Por qué lo aceptamos? Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70% de la población quiere un trabajo en la administración. Tenemos que mirarnos al espejo y ver el verdadero problema. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Frédéric Bastiat: “Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo”.

Sobre el derroche en educación

El despilfarro en educación también se justifica siempre. España destina 9.608 dólares al año de gasto público por alumno en la educación pública, un 15% más que la media de los países de la OCDE, que es de 8.382 dólares, y también está por encima de la media de la UE21 (8.348 dólares). El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8% del PIB en 1975 a más del 5% en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear, los peores datos del informe PISA comparado con los países de nuestro entorno. La universidad pública española no cuenta con ninguna de ellas entre las mejores del mundo. Es un modelo de réplica y copia. Cada año produce más abogados que Reino Unido y Francia juntos, y multiplica en cada una de las regiones los mismos modelos, carreras… En un país donde hay casi cuatro universidades públicas por cada región, acumulan edificios de campus universitario, cuando la mayoría de los universitarios estudia a menos de 5 kilómetros de su casa.

El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8%del PIB en 1975 a más del 5%en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear. No es de extrañar que sume una deuda de 1.398,1 millones de euros; y lo que es curioso, como tantos elementos del gasto excesivo en España, es que la desagregación en 17 comunidades autónomas hace que se esconda la información y no se disponga de cifras totales oficiales, lo que incentiva al gasto excesivo.

Además, la saturación de universitarios, la titulitis, diluye el valor de la educación en el mercado laboral, y genera frustración en generaciones a las que les dicen que «son las más preparadas» y, sin embargo, se encuentran, estupefactos, que no tienen oportunidades. Les hablan de derechos y se encuentran con  el muro de la realidad. No nos damos cuenta de que la hemorragia de títulos inservibles, de aprobados generalizados, sólo genera empleados destinados a cubrir puestos de trabajo de bajo nivel en un mercado laboral rígido e intervenido, donde no se generan prácticamente incentivos para crear empresas y desarrollar la iniciativa individual. La educación debe estar orientada a crear líderes, innovadores, gestores y profesionales que puedan comerse el mundo allá donde vayan. No una fábrica de parados frustrados pensando que se han esforzado mucho para aprobar exámenes.

Igual que la sanidad, la educación pública no es gratuita. Es extremadamente onerosa, carísima, cuando supone que nuestros jóvenes pierdan años en tener un título que no les ha dado experiencia, ni capacidad para abrirse puertas, o directamente no vale para nada porque tienen que pasar otros cuatro años haciendo másteres u  oposiciones, a ver si el currículum vítae sirve de algo.

Mucho deberíamos reflexionar cuando tenemos decenas de universidades públicas y ninguna entre las mejores del mundo, y, sin embargo, nuestras escuelas privadas de negocios, IESE o IE y otras, aparecen año tras año en los rankings de las más valoradas del planeta.

Lograr una administración eficaz, ágil y rigurosa

Abandonar los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos. El hecho de que queramos una organización estatal no justifica tolerar el abuso del Estado.

Queremos una administración eficaz, ágil y rigurosa. No un ente que busca perpetuar el «bienestar del Estado», no el Estado de bienestar. Es una obligación patriótica criticar el abuso del Estado, los errores que cometemos. Y ofrecer soluciones prácticas, factibles y realistas.