El Fondo Monetario Internacional ha despedazado esta semana las estimaciones excesivamente optimistas del gobierno con la segunda mayor revisión a la baja para 2023 de las economías comparables. El FMI certifica que España, tras disparar la deuda pública más que ninguna economía comparable, no recuperará el PIB de 2019 hasta 2024, y eso dopando el gasto público. De nuevo, el gobierno lanza unas previsiones que son desmontadas por entidades internacionales que, además, no son precisamente conservadoras sino muy diplomáticas.

España ya es la única potencia europea que no ha recuperado todavía el nivel de PIB previo a la pandemia y no podemos olvidar el brutal aumento de deuda y gasto público desde la llegada del gobierno. Desde mayo de 2018 el gobierno ha aumentado la deuda pública en 216 millones al día, más 329.000 millones de euros hasta julio de 2022.

Según el Banco de España el PIB España no alcanzará el nivel de 2019 hasta 2024, si lo hace. El problema además viene de un PIB donde el deflactor utilizado por el INE para estimar el producto interior bruto real es del 3,4% con una inflación (IPC) del 9%. En términos reales, la riqueza de las familias y empresas continúa muy por debajo de niveles pre-pandemia.

Según el propio Fondo Monetario Internacional el estado español se endeudará en más de 48.000 millones de euros anuales al menos hasta 2027.

El gran problema es que el gobierno ha desaprovechado el periodo de tipos bajos cuando el Banco Central Europeo compraba el 100% de las emisiones netas del Tesoro y ha aumentado los desequilibrios fiscales a pesar de contar con un aumento de ingresos de más de 50.000 millones desde 2018 a los estimados para 2023.

El gobierno estima que el pago de intereses de la deuda pública crecerá un 3,6% en 2023, hasta alcanzar los 31.275 millones de euros, pero el problema se acrecienta al vencer la deuda emitida a tipos cero o negativos y tener que renegociarse a tipos más realistas.

Incluso con un apoyo masivo del Banco Central Europeo el bono a diez años del Reino de España ha subido al 3,3% de rentabilidad exigida, un aumento de seis veces sobre el nivel de enero en el que el “gas de la risa monetario” todavía funcionaba.

Esto es lo que solemos olvidar cuando los economistas de consenso recomiendan “gastar porque los tipos son bajos y la deuda barata”, que después llega el invierno.

El gobierno se vanagloria de que el Tesoro sólo tiene que refinanciar en 2022 el 15% de la cartera de deuda, pero esto son 162.500 millones de euros. El año que viene tendrá que emitir 257.000 millones de euros incluyendo la estimación del gobierno de 70.000 millones adicionales de deuda. Eso significa que el gobierno aumentará sus emisiones de deuda un 8% en 2023 sin el disfraz del efecto placebo del Banco Central Europeo.

La política monetaria no elimina el riesgo, lo disfraza, y ahora va saliendo a la luz con un presupuesto que ahonda en los problemas estructurales de deuda de España.

¿Quién va a comprar bonos con rentabilidad real negativa en un entorno de subida de tipos y elevada inflación? La banca ya acumula casi 164.000 millones de bonos del Tesoro que queman en su balance con rentabilidades negativas nominales y reales. El año 2022 ya se presenta en todos los países como el peor para la renta fija desde 1931, y ¿se creen que van a emitir barato y abundante?

El coste medio de la deuda ha caído de un 3,8% en la época en la que la prima de riesgo copaba los titulares a un 1,57% actual. Teniendo en cuenta las estimaciones de inflación del Fondo Monetario Internacional y sin entrar en estimaciones de alto riesgo, el coste medio de la deuda de España aumentaría al menos un 27%, dejando un mayor agujero en unas cuentas donde el déficit no va a bajar del 4% del PIB hasta 2027 según el FMI.

Al problema de exceso de deuda y necesidades de financiación a tipos mayores el gobierno de España añade la baja credibilidad de sus expectativas de recuperación.

En 2020 la ministra vaticinó un impacto “poco significativo” y “transitorio” de la pandemia (marzo 2020) esperando una recuperación rápida en forma de «V asimétrica». Luego, en abril (actualización plan de estabilidad) revisó su estimación a una caída del 9,2%.

En 2021 el gobierno presupuestó un crecimiento del 9,8% que acabó siendo del 5,5%, un 44% de desviación. En 2022 se presupuestó un crecimiento del 7,0% que, en el mejor de los casos, acabará en el 4,4%, un 37% de desviación.

En abril de 2022 en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) que se envió a Bruselas se preveía un crecimiento para 2023 del 3,5%. La previsión recogida en los PGE y su cuadro macro presupuesta un crecimiento del 2,1%, una reducción del 40% sobre su propio informe APE. Sin embargo, la AIReF la sitúa en el 1,5% (-29% comparado con el gobierno en los Presupuestos Generales del Estado), el Banco de España en el 1,4% (-33% vs gobierno en los PGE), BBVA en el 1% (-52% vs gobierno) y el FMI en un 1,2% (-42% vs gobierno).

Cuando la credibilidad de las estimaciones se desploma y se une a un calendario de emisiones de deuda tan elevado como el de España es cuando empiezan a resquebrajarse las ilusiones de gasto infinito disfrazadas con placebo monetario. La política de la cigarra ha llevado a desaprovechar la época de bajos tipos y elevada liquidez aumentando los desequilibrios fiscales estructurales.

El gobierno asiste a lo que está ocurriendo en Reino Unido y Japón como si no tuviese nada que ver y aquí no hubiera riesgo. Y la eurozona va detrás. Ahora llega el invierno y el BCE no va a estar para disfrazar el riesgo.