“I see you laughing but you’re cutting it fine” John Wetton, Geoff Downes

Cuando nos enfrentamos a la transición energética debemos tener en cuenta dos factores esenciales: La competitividad y la seguridad de suministro. Las propuestas de Podemos para el mercado eléctrico atacan ambos factores.

No podemos pensar en dicha transición energética sin entender la importancia de tener un mix energético equilibrado y con suficiente respaldo de energías de base (las que pueden funcionar un 100% de las veces que se les necesita, es decir, hidráulica, nuclear y gas natural) para cubrir la volatilidad e interrupción periódica de las renovables (solar y eólica). Lo deberíamos haber aprendido este invierno. Gracias a la nuclear, hidráulica y gas natural no sufrimos ningún corte de suministro ni apagones generalizados en un momento puntual en el que eólica y solar dejaban de funcionar por inclemencias meteorológicas.

Lo malo es que se utilizó ese periodo para desempolvar argumentos populistas y falaces. Uno de ellos es el de los “beneficios caídos del cielo”. Repite el populismo que algunas tecnologías se cargan de beneficios con costes mínimos. No solo parte de la falacia de que no tienen coste y están totalmente amortizadas, confunden construcción con toda la inversión y desarrollo necesario para mantenerlas, sino que además ignoran los costes de mantenimiento y operación.

El caso de las nucleares es particularmente indignante. El ciudadano consumidor debe saber que la nuclear es una máquina de impuestos nacionales y regionales. Beneficio caído del cielo, sí, pero para el estado. El 61,04% de los ingresos de esta tecnología en 2020 se han ido a impuestos.

Un ejemplo evidente de expropiación indirecta vía fiscalidad. Las empresas corren con los costes, y el estado absorbe el 60% de los ingresos.

En Francia, país con un importantísimo parque nuclear que el gobierno mantiene como esencial para conseguir sus objetivos de descarbonización, los impuestos de las nucleares son de 10€/MWh, la mitad que en España.

La energía nuclear ha sido en 2020, por décimo año consecutivo, la tecnología que mayor producción neta ha aportado en el sistema eléctrico español, con el 22,18% y ha sido, igualmente, la tecnología que más horas ha operado: de media el 89,81% del total de las horas del año. La energía nuclear ha sido también la que más emisiones contaminantes ha evitado a la atmósfera, cerca de 20 millones de toneladas de CO2.

Ninguna tecnología, ni las renovables más eficientes, puede sobrevivir con el equivalente a €13/MWh de ingresos en 2020, de ahí que, ante el asalto fiscal perpetrado, el parque nuclear haya generado cuantiosas pérdidas cada año en los últimos cuatro años.

La fiscalidad es, además confiscatoria, ya que muchas de las tasas se aplican sobre la producción, no sobre los márgenes o beneficios.

Aparte de la llamada tasa Enresa (tarifa fija unitaria de la prestación patrimonial para la financiación de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, generalmente aceptada), se han añadido en los últimos años el impuesto sobre la producción de combustible nuclear de la Ley 15/2012 y las “ecotasas” autonómicas (Extremadura, Comunidad Valenciana y Cataluña) que se solapan en su fundamento.

Este solapamiento y duplicación de impuestos no solo lleva al parque nuclear a generar pérdidas sino a poner en peligro las inversiones. Recordemos que las eléctricas sufragan hasta los establecimientos de seguridad de la Guardia Civil en esos parques.

Todo esto es especialmente peligroso porque se repite la falacia de los beneficios caídos del cielo, pero, sobre todo, porque se pone en peligro la transición energética, las inversiones y la competitividad. Recordemos que la decisión de Alemania de desmantelar el parque nuclear elevó los precios para los consumidores más de un 70% y aumentó la dependencia del lignito local y el gas ruso.

Si queremos una transición energética competitiva y eficiente que no ponga en peligro las energías de base y con ello la seguridad de suministro, las señales de precio deben ser adecuadas para mantener la inversión. Si no se convierte en un sistema rentista y extractivo donde se penaliza al eficiente para subvencionar al ineficiente. Y no olvidemos que una enorme parte de toda esa carga fiscal al parque nuclear no es finalista. Es decir, que los impuestos a la nuclear regionales no financian menores costes renovables, sino que van al presupuesto de la región.

La solución es relativamente sencilla: Eliminar los desincentivos a la seguridad de suministro. Suspender la aplicación del impuesto sobre la producción de combustible nuclear de la Ley 2012 que es redundante con la Tasa de ENRESA, ya que el primero grava la producción de combustible nuclear gastado y la segunda financia el coste de gestión de estos mismos residuos, y suspender los impuestos y tasas autonómicas que no son ni finalistas ni eficientes.

Con ello, la fiscalidad de la tecnología nuclear sería similar a la de Francia y permitiría una transición energética competitiva y sin desastres de suministro.