Estados Unidos se acerca de nuevo a un techo de deuda que, como antes, se volverá a aumentar. Pero cuando el responsable del presupuesto de la administración Trump, Mick Mulvaney, habla de que la deuda de 20 billones de dólares del país es una “crisis nacional”, no miente. A razón de más de 500.000 millones de dólares anuales de déficit, el riesgo aumenta mientras las políticas llevadas a cabo han cercenado el crecimiento potencial (lean).

La administración Obama aumentó la deuda del país en nueve billones. Es curioso, pero en 2008, Obama decía que haber aumentado la deuda en cuatro billones en ocho años era “irresponsable” y “antipatriótico” (vean el vídeo aquí). Y ahora toca tomar decisiones complicadas. Ya explicamos aquí los esfuerzos de Rex Tillerson por reducir el “Deep State” (la administración paralela, el gobierno en la sombra creado en los últimos años) y, con esa reducción, se añade el presupuesto de Mulvaney, que está especialmente centrado en atacar el gasto político que se esconde en partidas que todos consideramos positivas, ese que se esconde bajo el subterfugio de “educación”, por ejemplo, sin serlo.

Leer el presupuesto de Mulvaney sin prestar atención a los detalles es como un regalo de Navidad para un ataque a la administración. “Sube gasto militar, baja educación y lucha por el medioambiente”. La realidad es muy distinta.

El principio que informa el presupuesto es el de “el Estado debe ocuparse de la seguridad, y poco más” que siempre han defendido los miembros de la administración actual.
El aumento del 10% en defensa es incuestionable, y muchos lo podríamos criticar. Pero no deja de ser exactamente lo que prometió en campaña. 54.000 millones de dólares, o un aumento del 10%, para combatir a ISIS y recuperar la posición militar de EEUU en el mundo. Puede ser debatible, pero es exactamente lo que pedía su electorado, su partido y sus defensores. De hecho, incluso republicanos críticos consideran que el incremento es pequeño. Aumentar las ayudas a veteranos un 10% (5.300 millones de dólares) y la seguridad nacional un 6,8% es simplemente una cuestión de justicia y lógica ante la amenaza del terrorismo.

Pero vamos a los recortes. Porque el presupuesto de Trump busca cumplir esos objetivos sin aumentar la deuda.

Los mayores de la historia de EEUU desde Ronald Reagan.

Sanidad. El mayor hachazo, 15.100 millones de dólares, se centra en dos partidas, el National Institute of Health y la Office of Community Services, que no son organismos de servicio finalista, sino criticados -incluso por los demócratas- de ser centros de gasto político. El gasto que se elimina es el discrecional, no el obligatorio -la prestación de servicios-.

Departamento de Estado. Los recortes de Tillerson que comentamos hace una semana. 10.900 millones de dólares menos para financiar conferencias y gastos discrecionales sobre “Cambio Climático” que se habían disparado en los últimos ocho años, y recortar agresivamente la financiación al Banco Mundial (algo que me parece absolutamente normal, lean por qué). Nadie puede negar que el chorreo de dinero enviado a las iniciativas más peregrinas sobre el cambio climático y el gasto en el Banco Mundial son fondos que no sólo pueden revisarse, sino que deben. Y que las administraciones paralelas escondidas, también.

Educación. Reducir un 13,5% sin afectar al programa Pell Grant que da becas a personas con dificultades económicas, se eliminan 20 programas y subvenciones que se considera que pueden y deben ser financiados desde el sector privado.

En Vivienda y Desarrollo Urbano, un recorte del 13% en subvenciones de baja prioridad, que hasta los demócratas como Sanders han criticado como ayudas que inflan los precios de las casas (Home Investment Partnerships Program y el Community Development Block Grant). De nuevo, la idea es que estos programas se pueden financiar desde la colaboración público-privada, sin acudir al dinero del contribuyente, gracias a deducciones fiscales.

Agricultura, Empleo. Transporte y Energía tienen un recorte de subvenciones de 20,7%, 21%, 12,7% y 5,7% respectivamente. Se eliminan todas las subvenciones que interfieren en asuntos de cada Estado y se cercenan las que generan un exceso de burocracia, ineficiencia o duplicidades. Incluye eliminar inversiones en transporte o energía que deben ser financiadas por el sector privado vía reducciones de impuestos, no con más gasto público.

Sigamos. Comercio reduce un 15,7% consolidando agencias estadísticas en otras federales y eliminando subvenciones. Interior, un 11,7% menos, incluyendo subvenciones a minas abandonadas, compra de tierra para fines públicos. Justicia, un 3,8% menos en subvenciones, pero un aumento en personal y recursos para la Justicia. Tesoro, un recorte del 4,1% en recortes de personal, y mayores recursos para el secretario del Tesoro para eliminar rescates públicos. Finalmente, reducir un 20% el presupuesto de la EPA es esencial a la hora de atacar subvenciones inútiles y programas de contenido eminentemente político.
Ya pueden ver que el objetivo de Mulvaney es eliminar subvenciones políticas y gastos discrecionales que pueden financiarse desde el sector privado con las deducciones fiscales y bajadas de impuestos que se anunciarán en mayo. Eliminar subvenciones limita el poder del político, que debe buscar con el sector privado financiar esos programas cuando tenga sentido.

La idea de Mulvaney es que los programas que puedan financiarse desde la iniciativa privada, lo hagan, sin acudir a eternos aumentos de presupuesto. Se busca que el servicio se mantenga con reducciones de gastos discrecionales, no los obligatorios, de un 10%, que tampoco es una locura. Pero, sobre todo, se busca eliminar la “administración paralela” que genera miles de millones de dólares de gasto simplemente por existir y perpetuarse.

Usted podrá decir que eso se podría hacer también con defensa, y no le falta razón. La idea es precisamente entrar en un proceso de ahorros en ese campo -entre otros en la contratación y mayor competencia entre proveedores-, pero primero recuperar el terreno perdido en los ocho años pasados. En cualquier caso, si usted mira el presupuesto, se recupera el nivel eliminando gastos discrecionales que se dispararon en la época del Yes, We Can, y con ello se reduce burocracia y regulación innecesaria, limitando el poder político en las decisiones y acabando con bolas de nieve de gasto irrelevante en temas ideológicos.
Hay muchas cosas positivas en este presupuesto, y el objetivo de este artículo es centrarse en ellas. No aumentar la deuda, buscar ahorros en duplicidades y subvenciones inútiles, eliminar programas sin contenido efectivo y acabar con las redes clientelares de algunos elementos internacionales. Todo ello se hace sin atacar el gasto esencial y manteniendo el servicio público.

Tomemos lo bueno, que es mucho, y critiquemos los detalles que queramos, pero eliminar imposición ideológica, gasto discrecional y subvenciones innecesarias del presupuesto para poder poner más dinero en el bolsillo del ciudadano nunca debe ser una mala noticia. Yo, personalmente, aplaudo el esfuerzo titánico de Mick Mulvaney en intentar conseguirlo. Veremos si le dejan llevarlo a cabo.