En España, la narrativa confiscatoria repite constantemente dos falacias: que pagamos pocos impuestos y que la recaudación es para sanidad y educación. La presión fiscal normativa en nuestro país es un 17% superior a la media de la Unión Europea.
El esfuerzo fiscal es especialmente sangrante en un país de microempresas y donde la renta per cápita ajustada por poder adquisitivo está a quince puntos de la media comunitaria. Los impuestos a la inversión, ahorro, capital y consumo son asfixiantes y empobrecedores.
Un trabajador con un sueldo medio en España paga el 50% de lo que gana en impuestos, incluyendo directos e indirectos.
¿Y qué financian estos impuestos? 2.000 millones para comprar un consejero en Telefónica, 5.000 millones de Agenda 2030, 4.500 millones de “Asuntos Económicos”, un elefantiásico aparato burocrático que ha aumentado su gasto en 7.000 millones desde que gobierna Sánchez que ha disparado ministerios, con más de 1.000 asesores y donde el despilfarro es la norma en el gobierno más caro de la historia.
Algunos dicen que este exceso de gasto político es “el chocolate del loro”. Curioso. Para despilfarrar cinco o seis mil millones no hay problema, pero para aliviar la carga fiscal a familias y empresas en una cantidad similar te dicen que pones en peligro la sanidad y la educación. Lo que pone en peligro las pensiones, la sanidad y la educación es el gasto en Asuntos Económicos o Agenda 2030, regar de millones a las asociaciones afines y disparar la red clientelar.
En España la propaganda te intenta convencer de que el expolio fiscal es una política social y que si te quejas del despilfarro eres antisocial. No hay nada más antisocial que disparar la deuda y el déficit para generar un gasto clientelar absolutamente inaceptable en un país empobrecido.
La aristocracia del gasto público siempre piensa que tú ganas demasiado y ellos gastan demasiado poco.
Las conclusiones del último informe de Competitividad Fiscal del Instituto de Estudios Económicos y del “Impuestómetro 2024” del Instituto Juan de Mariana son aterradoras.
Según el último ranking de competitividad fiscal, España se sitúa en el puesto 31 de un total de 38 países analizados en el año 2023, ocho puestos más abajo que el puesto 23 que ocupaba en 2019.
El asalto a las empresas es muy superior a la media de la UE, 12,2% del PIB comparado con un 10,4% en la media de la UE. Incluyendo todas las cargas fiscales al trabajo y en impuesto de sociedades, las empresas españolas aportan un 32,4% del PIB frente a un 25,8% de media en la UE. Por supuesto, estos son datos de recaudación sobre PIB. La carga fiscal efectiva sobre los ingresos generados por empresas y familias es muy superior a la media de la UE cuando consideramos toda la batería de hachazos fiscales directos e indirectos.
Así, según la Tax Foundation y el IEE, España está entre las economías con peor competitividad fiscal de la OCDE en 2023 y además “con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura».
Pagamos mucho más por un Estado cada vez más ineficiente y con un peso de gasto político y burocrático creciente.
Las conclusiones de “Impuestómetro” del Instituto Juan de Mariana son demoledoras.
El 60% del aumento de la presión fiscal en España desde 1995 ha tenido lugar bajo gobierno de Pedro Sánchez. España ha sido el país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal en el periodo 2019 a 2023.
El 66% del aumento de la recaudación tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez ha recaído sobre las familias. Prácticamente la mitad de la subida de impuestos a la clase media viene de negarse a deflactar los impuestos a la inflación. El gobierno se ha lucrado con la inflación empobreciendo a los ciudadanos, con un impacto mayor en las rentas más bajas, que sufren más la subida de precios.
Entre 2018 y 2024 el gobierno de Sánchez ha llevado a cabo al menos 69 aumentos de impuestos, además creando nuevos impuestos indirectos que recaen sobre el consumidor medio.
Considerando todos los impuestos directos e indirectos de una renta media, el contribuyente medio paga más del 50 por ciento de lo que gana a Hacienda.
Usted se creerá que esto sostiene el estado de bienestar, pero no es cierto. El gobierno ha disparado los impuestos y la recaudación y encima ha aumentado la deuda total (pasivos totales de las administraciones públicas) en 365.000 millones desde 2018, hasta superar la cifra de dos billones de euros según el Banco de España. Es decir, al triplicar la deuda de la Seguridad Social, disparar el gasto clientelar y la deuda total, el gobierno ha hecho insostenibles las cuentas públicas, pone en peligro el estado de bienestar y encima te dice que eres un insolidario cuando trabajas más de la mitad del año para pagar impuestos.
El gobierno de Sánchez ha empobrecido a los españoles, les ha expoliado a impuestos y encima deja una deuda pública insostenible. No es el estado de bienestar, es el bienestar de políticos extractivos y confiscatorios.
No hay que olvidar que a siete millones de votantes les parece de perlas todo esto. A los políticos los eligen los ciudadanos y los ciudadanos votantes de esta caterva les ha parecido correcto la corrupción política, retorcer la constitución y las leyes, el despilfarro de fondos públicos, los gastos «clientelares» (quien sabe si a lo mejor creen que les va a caer algo) y todas las barrabasadas que se les ocurran, que empezaron hace cuarenta años.
Esto demuestra la nula conciencia democrática de los ciudadanos que votan al P$O€, el partido político que más daño ha hecho a este país. Está visto que no podemos vivir sin que alguien, elegido por nosotros o no, nos pise el cuello.
En este artículo aparecen muchos datos sin citar fuentes ni mostrar cómo se han hecho los cálculos. La afirmación categórica más chocante es la siguiente:
«Un trabajador con un sueldo medio en España paga el 50% de lo que gana en impuestos, incluyendo directos e indirectos.»
Tendrá usted que demostrar cómo ha llegado a este cálculo. El sueldo medio en España en 2023 fue de 23k EUR, el cual que paga por IRPF apenas un 13% más las cuotas a la SS, sin siquiera aplicar ninguna deducción por hijos, mayores o discapacidades.
Incluso si añadimos impuestos indirectos como el IVA, los carburantes o el IBI (a ver cuánta gente que cobra 23k EUR brutos tiene un coche y una casa en propiedad), apenas suma otros 2000 EUR al año.
En total, en el supuesto más pesimista de un sueldo medio de 23k EUR brutos que no tiene ninguna deducción por hijos, mayores, discapacidades u otros motivos en el IRPF, y que tiene coche y casa en propiedad con un consumo relativamente elevado, apenas soportaría una presión directa + indirecta del 21% o 22%. ¿De dónde sale el 50%?
Sería una respuesta muy larga si entráramos en los otros «datos» y afirmaciones categóricas de este artículo.
Puesto que usted tiene un Doctorado en Economía, esperábamos más. No sé quién le escribe los artículos, pero tendría que hacérselo mirar, especialmente cuando acusa de falacias a otras personas.
Un saludo cordial
Todos los cálculos están en el informe del Instituto Juan de Mariana que cito y que son empíricamente correctos. Usted se olvida de parte de las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos a seguros, ahorro, hidrocarburos y electricidad, entre otros.
«Una renta media en España percibe un salario total real de 34.989 euros, pero a esta cifra hay que descontarle 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de 1.450 euros. En total, el 43,44 por ciento del salario completo termina en las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA le sumamos el IBI, un trabajador medio paga 15.480 euros cada año en impuestos, lo que supone el 44,24 por ciento de su salario completo.
A estas cifras hay que añadirle el impacto de las rentas del ahorro (a lo largo del tiempo, unos 20.000 euros por familia), la tributación de las primas de seguro (unos 110 euros por hogar), la imposición aplicada a la compra de vivienda anualizada (en torno al 26 por ciento del precio final, lo que serían 50.000 euros en una adquisición de 200.000 euros), los gravámenes que afectan al uso del automóvil (desde el IVA a los tributos de matriculación y circulación, y los impuestos aplicados al combustible) y los impuestos en la electricidad, el azucar, el alcohol o tabaco. Al considerar todas estas figuras tributarias, el contribuyente medio paga más del 50 por ciento de lo que gana a Hacienda».
Su comentario es, además de maleducado («no sé quién le escribe los articulos»), de una arrogancia inusitada teniendo en cuenta que cito exactamente las fuentes.
Ahora que va de listo, la OCDE también llega a la misma cifra centrado exclusivamente de imposición al salario (Taxing Wages, 2023), la Tax Foundation y el estudio de Civismo (Día de la liberación fiscal).
La propia OCDE muestra que los impuestos al trabajo en España son un 39,5% y, por supuesto, incluyen TODAS las cotizaciones sociales («In Taxing Wages, the term ‘tax’ includes personal income tax, SSCs and payroll taxes (which are aggregated with employer SSCs in the calculation of tax rates) payable on gross wage earnings.») que usted convenientemente ignora. Añada usted al 39,5% de la OCDE los impuestos indirectos, en seguros, hidrocarburos, electricidad, agua, vivienda, ahorro, etc… y le sale de manera más que conservadora un 50%.
Usted ha usado un cálculo de un tal Eduardo Garzón que, además de ser incorrecto, excluye parte de los impuestos al trabajo y todos los indirectos.
Leer el artículo le habría ayudado, pero es que no ha hecho ni eso.
Leyendo los comentarios se puede constatar el éxito de los gobiernos del PPO€ y del P$O€ en ocultar lo que nos roban. La ignorancia es supina en cuanto al coste del empleado para una empresa. Si yo le cuesto a mi empresa 100 y produzco por menos de 100 está claro que la empresa no va a ninguna parte… a no ser que sea receptora de subvenciones por contribuir a alguna fundación, observatorio de la cuerda o constituida para escamotear comisiones. Si a esto se le añade la propaganda gubernamental y que no hay una asignatura de economía, siquiera mínima, en el bachillerato, ya está todo «montado». Somos profesionales del «montaje». Lo que sí conocemos muy bien es la situación de los bares y la «tapa» que ponen, cuando son los «puentes» y si se pueden convertir en «acueductos».