Cada vez que oigo las palabras “derecho a déficit” y “solidaridad interterritorial” uno se lleva las manos a la cartera. Con la falsa polémica del “cuponazo” , además, me llevo las manos a la cabeza. Resulta que Compromís -el mismo que pide mucha independencia y autonomía- exige centralización y homogeneizar para los impuestos. Ya saben ustedes que, en lenguaje intervencionista, homogeneizar siempre es subir. Y que aquí quieren mucha autonomía menos la nuestra, la de los contribuyentes.

Pero me sorprende que un partido que se denomina liberal, como Ciudadanos, critique el cupo vasco, en vez de defenderlo para todos.

Primero, aclaremos: Debemos diferenciar el concierto (sistema de recaudación) con el cupo (lo que aporta al estado). ¿Por qué es compatible con la solidaridad inter-territorial? Porque la mejor gestión de las cuentas públicas con una fiscalidad más cercana al ciudadano no es incompatible con un sistema verdaderamente solidario donde todos nos beneficiamos de esa aportación a gastos comunes y apoyo a otros territorios. De hecho, sería más fácil de financiar y la utilización de los fondos más eficiente.

El concierto vasco no es un privilegio. Es justicia fiscal. Podemos criticar el cálculo del cupo, pero no su mérito en un sistema abierto. Y lo que debemos trabajar todos es para que se dé un sistema similar en todo el territorio nacional, para evitar que la financiación autonómica se convierta en un perenne incentivo perverso del que se benefician los que peor gestionan, que son los que más reciben. No podemos tener un sistema autonómico en el que, tras cuarenta años y centenares de miles de millones de transferencias y ayudas, las comunidades que reciben son siempre las mismas y las que aportan, también. Una cosa es la solidaridad, y otra la donación. Y el cupo vasco, por el que el territorio aporta al estado central el equivalente a su porcentaje del PIB es, claramente, solidario. Pero es que solidaridad no es sufragar los excesos administrativos de otros.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una administración paralela que cuesta más de 6.700 millones al año, según sus presupuestos, la de Cataluña más de 9.000 millones de euros anuales, las propias fuentes gubernamentales cifran aún en varios miles de millones anuales las duplicidades que aún se mantienen en las administraciones públicas. Madridaporta un 9% de su PIB a otras regiones, frente al 5,8% de Baleares y el 4,5% de Cataluña o el 3,4% del País Vasco.

Por lo tanto, ¿qué problema hay en que esos gastos -si sus ciudadanos los quieren y los aceptan- se sufraguen con los recursos que generan en su territorio sus contribuyentes y sus empresas? ¿No quieren autogobierno? Autogobierno es también compromiso crediticio y económico. ¿Por qué tiene que ser “solidaridad interterritorial” cubrir los gastos de administraciones paralelas y entidades públicas

Con un sistema como el del cupo vasco, los ciudadanos de un territorio sabrían que, si les suben los impuestos, es por la gestión de los recursos de sus gobernantes cercanos. Si lo aceptan porque les parece bien contar con miles de empresas públicas y observatorios, estupendo. Pero ¿por qué tiene que pagar eso una caja común? Y todos aceptamos que hay una serie de servicios y actividades centrales de ámbito nacional y otras locales y regionales. Que la fiscalidad se adecue a esa realidad no es malo, es lo lógico.

Por qué defiendo el cupo vasco… para todos

La fiscalidad, cuanto más cerca esté del ciudadano y los agentes económicos que la pagan, mejor. La centralización fiscal no es más eficiente, y genera los mismos incentivos perversos que una descentralización sin responsabilidad crediticia, es decir, gastar de manera descontrolada y echarle la culpa a los que pagan de ser poco solidarios.

El cupo vasco tiene una ventaja esencial, que es la de la responsabilidad crediticia.

Sí, se gestiona una cantidad mayor de los recursos cerca del contribuyente, ¿Cuál es el problema? Pero, además, cuando llegan los periodos de recesión o dificultades, no se acude a justificar los desequilibrios al Fondo de Liquidez Autonómica.

Así, en periodos de bonanza el ciudadano percibe que sus impuestos se invierten en mejorar el bienestar económico, porque puede discutir de tú a tú, casi en persona, con los responsables de la gestión. Cuando es más difícil diluir responsabilidades, es más difícil despilfarrar, porque tus votantes te lo exigen, y es casi imposible acudir al enemigo exterior de la “insolidaridad” o “robo” de los demás. En realidad, es un sistema que combina solidaridad con responsabilidad crediticia y compromiso de gestión. Y por eso lo defiendo para todos. Efectivamente, mientras el Estado tuvo que inyectar más de 250.000 millones de euros a las comunidades autónomas deficitarias durante la crisis, en el caso del País Vasco no se acudió a ese mecanismo.

Curiosamente, este sistema se les ofreció a algunas comunidades que lo rechazaron porque es mucho más fácil tener un sistema en el que gastas sin preocuparte, y del que te beneficias tirando de la deuda de los demás y luego dices que “te roban” en Madrid o en Bilbao o en donde sea o que estás “peor financiado”.

Con los anteriormente mencionados “derecho al déficit” y “solidaridad interterritorial”, el concepto “mal financiado” es otra perversión del lenguaje. Es decir: “Esto es lo que me gasto, y los demás me lo tenéis que dar porque sí”. Si queremos autonomía y mayor autogobierno, eso significa también mayor responsabilidad, no menos, y la política fiscal es parte de ese “mayor autogobierno”. No se puede pedir autogobierno para gastar, pero sí quejarse de que otros gestionan mejor y pueden ofrecer una fiscalidad más atractiva a sus agentes económicos. No se puede llevar a cabo una política económica que echa a las empresas y desincentiva el crecimiento y exigirle a los demás que se adapten a sus caprichos.

No es cierto que el resto de los españoles le vayamos a “dar 1.400 millones más” a los ciudadanos vascos, es que el territorio gestionará 1.400 millones más de los recursos que generan las empresas y ciudadanos de dicho territorio.

No es cierto que si “se impone un cupo a todas las Comunidades Autónomas el Estado quebraría”. No, con la aportación que supone el cupo, cada una con respecto al PIB del país, se cubrirían más del 100% de los gastos centrales. Y, sobre todo, el Estado central no se endeudaría constantemente para cubrir los desequilibrios en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios.

No es cierto que el País Vasco sea un paraíso fiscal. Esto es una broma de mal gusto y un insulto a los contribuyentes vascos y del resto de España, que solo un burócrata confiscador puede decir. Considerar una presión fiscal que se situaba en el 33% del PIB hace unos años y ha ido subiendo hasta situarse en 2016 a niveles similares al resto del Estado para familias y pymes es un “paraíso fiscal” es una broma. Ni la presión fiscal es muy baja comparada con la Unión Europea, donde hay países con mucha menos presión fiscal, ni con la OCDE.

El cupo vasco no es un privilegio injusto. Un privilegio injusto es gastar decenas de miles de millones de euros en duplicidades burocráticas y gasto político y que los demás te lo financien.

Que unos hayan convertido su territorio en un infierno fiscal no puede ser excusa para llamar a otro paraíso fiscal.

Que unos impongan a sus empresas y ciudadanos un castigo fiscal no puede ser excusa para llamar privilegio al cupo vasco. Es un sistema completamente solidario y, aunque no perfecto, más adecuado a la realidad diversa de España y la UE. Y, de hecho, el cupo vasco es un ejemplo de hacia donde debería orientarse el encaje del sistema autonómico dentro del estado.

No, el cupo vasco no es el problema. Es parte de la solución del encaje de las autonomías en el estado y en la Unión Europea, de un verdadero autogobierno.

Porque los que quieren independencia para gastar y multiplicar burocracia, pero no aceptan competencia fiscal ni responsabilidad crediticia lo que quieren no es mayor descentralización, sino un pisito de soltero estatista pagado por los demás.

Es empíricamente falso que un cupo para todos acabaría con la sanidad y la educación públicas. O que no habría capacidad de financiar el desarrollo de comunidades menos ricas. Para lo que sirve es para que los recursos que se destinan a desarrollo vayan a eso, a desarrollo, no a comités y observatorios o empresas públicas fantasma.

En realidad, el cupo es un sistema que cada vez tiende más a reflejar la realidad de la economía española y mundial. Diversa y a la vez solidaria. Los impuestos no los pagan los territorios, las regiones o el gobierno de España o la Comisión Europea, sino las empresas y ciudadanos. Cuánto mejor se gestionen, más actividad económica y mayor empleo, y con ello, verdadero estado de bienestar.

Tenemos que recuperar el debate de la financiación autonómica y el encaje fiscal desde una política de autogobierno regional con mayores recursos y mayor responsabilidad, no desde el privilegio del burócrata que gasta sin consecuencias esperando que lo financie otra comunidad, o la UE, o Alemania.

Un sistema unido y diverso con responsabilidad y autogobierno refuerza las ventajas de cada región y ciudad para atraer capital y crear empleo. Pone la administración al servicio de los ciudadanos, no a los ciudadanos al servicio de la administración. Con ello se crea más riqueza y es más social y solidario que un sistema asistencialista que solo beneficia al que lo gestiona, el burócrata.

Un sistema fiscal que mira a empresas, ciudadanos y otras regiones o países como cajeros para financiar nuestros despilfarros está condenado a desaparecer.

El objetivo de tener mayor autogobierno no es recaudar más para tener más estructuras de gasto corriente, es para mejorar el bienestar de todos, no el bienestar de la administración.