La subida del salario mínimo esconde otro brutal aumento de los impuestos al trabajo. En realidad, lo que el Gobierno y sus socios hacen es imponer el equivalente a un arancel a la contratación.

El incremento de coste de contratación por trabajador para el empleador es de 929 euros al año en 2020, pero si se compara con 2018, el incremento en dichos costes de contratación para autónomos y empresas es de 3.980 euros al año por cada trabajador, como reflejan las asociaciones de autónomos y agricultores (ATA, Coexphal, Asaja). Hablamos de un aumento de costes para el empleador del 29,9% desde 2018.

Es decir, un sueldo de 950 euros supone un coste total de 1.471,3 euros para el empleador.

El gran engaño de los políticos populistas es centrar el debate en una cosa (“subir el salario mínimo”) presentándose como generosos Reyes Magos para que ustedes no se fijen en la otra, y más importante, (“subir los impuestos al trabajo y la contratación”).

Y es que esa es la cuestión. Desde el intervencionismo no se está subiendo el salario, se están subiendo, y de manera brutal, los costes de contratar al disparar los impuestos al trabajo, aumentando las bases mínimas de cotización.

En los debates sobre este tema, escuchará diferentes argumentos. Permítanme desmontar varios:

1) “El salario mínimo es mayor en otros países”. La verdad es que debería ser obvio que no se pueden comparar países con niveles de precios, productividad, paro y costes de contratación diferentes, pero lo más alucinante es que encima se comparen países donde el salario mínimo no está obligado por ley ni a nivel nacional.

Por ejemplo, en la mayoría de países nórdicos no existe un salario mínimo nacional, sino que la negociación empresarial puede fijar un salario mínimo para aquellos trabajadores cubiertos por un determinado convenio colectivo. En Austria, Italia o Chipre no existe salario mínimo nacional.

Pero lo más alucinante es que se comparen países con una legislación laboral mucho más flexible y con menores costes de contratación con el nuestro. España es uno de los países de la OCDE con una cuña fiscal mayor para el empleador. Adicionalmente, a ningún país serio se le ocurre subir un 29% los costes de contratación con un 14% de paro.

Cuando comparan con otros países nunca dicen que en esos países la subida del SMI no viene automáticamente acompañada de una brutal subida de los impuestos a la contratación. Eso se lo callan.

2) “Subir el salario mínimo es bueno porque aumenta el consumo y crece la economía”. La enorme subida de impuestos escondida tras el subterfugio del SMI hace que los trabajadores que cotizan por la base mínima no vean ninguna subida apreciable en su salario neto, mientras que aproximadamente un 14,5% de los trabajadores, que cotizan por la base máxima según el Ministerio de Trabajo, reciben un salario neto inferior.

Es decir, la subida del salario mínimo incluye una mínima apreciación del salario al 13% de los trabajadores, un aumento neto cero a la mayoría y una pérdida neta de renta disponible a aproximadamente el 14% de los trabajadores, los que más consumen. Eso significa que la renta disponible media no aumenta y el impacto sobre el consumo es imperceptible.

Fíjense si el Gobierno sabe que el impacto no es positivo que, mientras se vanagloria de generosidad con el dinero de los demás, ha congelado el IPREM, índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y deja desprotegidas a las empresas contratistas, que no podrán subir el precio por el que fueron contratados sus servicios por la Administración, pero sí tendrán que subir el sueldo bruto a sus empleados.

3) “Las empresas tienen margen”. Todo el argumento de que a las empresas no les cuesta nada pagar más impuestos al trabajo por contratar se desmonta con una cifra: casi un millón de empresas en España están en pérdidas según la AEAT y ya sufren una carga impositiva brutal en impuestos directos e indirectos antes de generar un euro de beneficios.

Según el índice Paying Taxes, España es uno de los países con una mayor cuña fiscal a empresas y empieza con una enorme variedad de cargas mucho antes de hablar de Impuesto de Sociedades.

4) “Son solo ocho euros”. Si son solo “ocho euros” ¿por qué no se los reducen en la carga impositiva con deducciones a la contratación? Porque el objetivo no es ni el empleo ni los salarios sino subir las bases mínimas para esconder un aumento de impuestos generalizado a millones de salarios.

El aumento de coste de contratar es inasumible para cientos de miles de empresas. Perjudica a los sectores más débiles y los trabajadores más desfavorecidos, que son expulsados del mercado laboral. Las asociaciones de agricultores lo han reiterado.

Según datos de la Seguridad Social, la subida de costes laborales del año pasado destruyó 50.000 puestos de trabajo (45.000 empleos menos, según BBVA). De ellos, 33.400 personas dejaron el campo.

Coexphal y Asaja recuerdan que las regiones más perjudicadas han sido Andalucía y Extremadura. Un enorme impacto a unos 220.000 trabajadores agrarios que cotizan por las bases mínimas y niveles retributivos más bajos, a los más jóvenes y a los menos cualificados.

Hasta el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmaba que los sectores más débiles “han encajado la medida pasando al mercado negro en una magnitud de 13.000 personas y dejando de cobrar horas extraordinarias” como compensación por la subida de coste laboral.

Para los autónomos ha sido también un grave impacto. El número de autónomos aumentó en solo 14.425 personas en 2019, un 70% menos que en 2018.

5) “Si no pueden pagar 950 euros, que cierren”. Toda la demagogia con el SMI empieza por no entender lo que son los salarios. Empezar la casa por la ventana sin pensar en la productividad y el tamaño empresarial, bajísimo en España, solo condena a una amplia capa de los trabajadores al paro.

Pero además ignora el escandallo de una empresa. Lo que no pueden pagar son más de 1.470, además de la subida de las bases, de los impuestos al diésel, a la electricidad, impuestos locales, inmuebles, de actividad, verdes…

No paran de hablar de competitividad mientras la penalizan fiscalmente y se vanaglorian de apoyar a pymes mientras las hunden. Si lo que les preocupa es el salario, el empleo y el consumo, reducirían los enormes costes de contratación, no los aumentarían.

6) “Para eso volvemos a la esclavitud”. El argumento del Sheriff de Nottingham. Todos tienen margen menos el Gobierno ¿Qué mayor esclavitud hay que pagar casi 4.000 euros anuales ¡adicionales! de canon al príncipe Juan (ya que utilizamos el mismo símil) por una persona que cobra 950 al mes?”… Ah, que es ¿por mayores y mejores servicios? No.

Muchos países de nuestro entorno tienen excelentes servicios públicos sin una cuña fiscal tan alta. España tiene una recaudación sobre PIB aparentemente baja pero una cuña fiscal muy alta porque tenemos más paro y empresas más pequeñas. No se soluciona cargando más a los que ya contribuyen.

Otros gestionan mejor y ponen el empleo y el crecimiento como pilares de su política, no rascar de lo que queda. España es el único país del mundo en el que se habla de los salarios en términos netos, como si del bruto al neto no se llevaran casi el 40%.

La OCDE ya muestra que España tiene una de las brechas fiscales más altas. Brecha fiscal es la diferencia entre lo que cobramos en bruto y lo que percibimos en nuestra cuenta bancaria o bolsillo, en neto.

Con la nueva subida de impuestos encubierta, un salario español consumirá en impuestos casi el 42% del total. Robin Hood le quitaba el dinero al Estado para dárselo a los trabajadores. Aquí tenemos al Robin Hood inverso, que le quita el dinero a los trabajadores para dárselo al Gobierno de los ministerios multiplicados.

7) “La reforma laboral ha liberalizado el mercado y hecho gratis el despido”. España es uno de los países con un nivel de flexibilidad laboral más bajo (muy por detrás de Dinamarca, por ejemplo) y mayor coste de liquidación de empleo.

España sigue teniendo la indemnización por despido más alta de la Unión Europa junto con Grecia. Dinamarca, Austria o Finlandia tienen los costes más reducidos de la UE.

8) “Si los ricos pagasen lo que deben, no subirían los impuestos”. Las rentas de 150.000 euros abonan unos 84.000 al año en impuestos, antes de entrar en impuestos indirectos, al ahorro, a la vivienda, etc.

Las grandes empresas sufren una de las fiscalidades normativas y efectivas más altas en cuña fiscal de Europa. Como en Argentina, estamos cayendo en una fiscalidad confiscatoria y extractiva que ni atrae bases imponibles ni fomenta el empleo.

9) “La subida del salario mínimo no destruye empleo, es culpa de Trump y el brexit”. Aparte de los datos incontestables ya mostrados, tendremos que repetir una y otra vez que el subterfugio de aumento de impuestos escondido bajo la subida del salario mínimo desplaza a los sectores más débiles. Ahí es donde se destruye empleo.

España, creciendo al 2% todavía, creó 180.000 empleos menos en 2019 que en 2018, mientras países de nuestro entorno llegaban a niveles de paro mínimos de la serie histórica. Nuestros políticos hasta le echaban la culpa al brexit y la guerra comercial mientras Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea ¡alcanzaban niveles de paro más bajos en décadas!

Uno de los factores incuestionables de los malos datos de empleo es el aumento de escollos a la contratación. España destruyó empleo en el último semestre (109.000 afiliados menos, 148.000 parados más, 17.500 autónomos menos, en datos del Ministerio de Trabajo).

10) “Nos merecemos salarios dignos”. Incuestionablemente, por eso hay que bajar los impuestos al trabajo. Los salarios altos y los servicios de calidad no se consiguen echando empresas, demonizando el mérito y el éxito, poniendo zancadillas a la inversión, el empleo y dinamitando el crecimiento de la productividad.

El problema en España es que la medida populista de la subida del salario mínimo no es un aumento de salarios ni de empleo, es un enorme aumento de impuestos. Es un arancel a la contratación por parte de aquellos que siempre destruyen lo que fingen proteger. Los sectores más desfavorecidos y las empresas más débiles son los grandes perjudicados.

Luego nos dirán que les preocupa mucho el paro y los salarios mientras no paran de poner escollos a la contratación, la inversión y el crecimiento.

España no tiene un paro que casi duplica a la media de la Unión Europea y triplica el de las economías líderes por casualidad o por maldad empresarial, ni mucho menos por alta flexibilidad, más bien lo contrario. Por la batería de asaltos burocráticos, fiscales y normativos a la creación de empleo.