“El Gobierno gastará lo que tenga que gastar y Europa tendrá que aceptarlo”. Esta peligrosa decisión supondrá, con toda seguridad, mayores ajustes a futuro.

El relato del Gobierno nos pretende convencer de que la única solución para luchar contra el virus Covid-19 es gastando mucho más y ha decidido llevar a cabo una política de hechos consumados: “El Gobierno gastará lo que tenga que gastar y Europa tendrá que aceptarlo”. Esta peligrosa decisión supondrá, con toda seguridad, mayores ajustes a futuro. Es, además, extremadamente irresponsable decidir no presentar presupuestos y aplicar la ley del silencio sobre la evolución de la economía, el déficit y la deuda. España se convierte en el único país líder de nuestro entorno que se niega a dar estimaciones de caída económica, deuda y déficit.

España caerá en 2020 mucho más que la media de la Unión Europea, la media de la OCDE y la global, según las estimaciones de casas de análisis líderes. Lo que es peor, su recuperación también se estima más lenta y prolongada, con más deuda y más paro. Haber abandonado las reformas, impuesto amplios escollos al empleo y la inversión y las subidas de impuestos nos penalizan en la recuperación, y caemos más en 2020 por haber ignorado todas las medidas de contención y prevención, y negarse a eliminar impuestos durante la crisis. Los países líderes, desde Alemania a Corea, han tomado dos medidas clave y estrictas: controlar la pandemia con medidas preventivas serias y preservar el tejido productivo. El Gobierno español negó la epidemia y la gestionó mal y todo su plan de ayudas descansa en permitir endeudarse para pagar impuestos a quien pueda. De los 200.000 millones de euros anunciados a bombo y platillo, 110.000 descansan en aumentar el balance de la banca aportando unos avales que no solucionan nada (porque la inmensa mayoría de las empresas que han cerrado no tienen acceso a crédito) y 83.000 millones en usar el balance del sector privado. Incluso con un plan fallido e insuficiente que acude casi exclusivamente al sector privado para fiar la recuperación, España será uno de los países con mayores desequilibrios fiscales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda de España se disparará hasta el 113% con un déficit del 9,5% del PIB. Para 2021, el FMI pronostica que el déficit sea del 6,7% y la deuda pública, del 115%. A eso se añade que el Gobierno de España, en 2019, con la economía creciendo un 2% y creación de empleo, aumentó el déficit por primera vez desde 2012 disparando los gastos. La política de la cigarra nos va a costar mucho. Lo más preocupante es que las estimaciones del FMI suelen errar por optimistas, y otras casas de análisis alertan de un empeoramiento de las cuentas públicas mucho mayor. Las cifras se sitúan muy por encima de la media de Europa, que cerrará el año con una deuda pública del 97% según el FMI.

El Gobierno ha aplicado medidas insuficientes y ha mantenido escollos ideológicos en vez de centrar su acción en preservar el tejido empresarial y las bases imponibles de futuro y tomar medidas serias de control y prevención de la pandemia. Para el Gobierno todo se soluciona gastando. En marzo se han destruido 122.000 empresas con empleados y el Estado ya da prestaciones de desempleo al 30% de la población activa, según datos de la Seguridad Social. El paro se disparó del 13,8% al 15% en pocos días en marzo. El paro, también según el FMI, se dispararía a una media del 20% pero muchas estimaciones lo prevén por encima del 35%. La destrucción de empresas y empleo es un problema a medio plazo. El cierre en cadena de empresas ya nos supone pérdidas de ingresos fiscales futuros (de 2021 a 2023) cercano a los 12.000 millones de euros. Hemos perdido en un mes casi el mismo número de empresas que se habían recuperado entre 2011 y 2018.

Por negarse a eliminar impuestos en crisis y a dar líneas de liquidez sin recurso en vez de avales ineficientes, el impacto negativo en ingresos fiscales a futuro será mucho mayor. En vez de usar el espacio fiscal disponible para permitir sobrevivir al tejido productivo, el Ejecutivo ha destruido bases imponibles futuras a un ritmo no visto en los países de nuestro entorno. 919.000 autónomos han tenido que cesar actividad, y las cifras de concursos de acreedores probablemente se dispararán cuando al cierre forzoso por ley se una el retorno lento y gradual de la economía. Un 70% del PIB de España, el sector servicios, va a tener enormes dificultades para recuperarse, al igual que el automóvil o la industria de maquila. El Gobierno ha preferido destruir y ofrecer pequeñas ayudas con un dinero que no tiene.

Debemos recordar cada día que esta no es una crisis por falta de gasto ni por recortes, sino por falta de previsión y mala gestión. El gasto público sanitario creció entre 2011 y 2018 de 71.667 millones de euros a 75.435 millones, récord histórico en España. Otros países con mucho menor gasto público y menor gasto en sanidad per cápita tienen muchos menos fallecidos y la economía bajo control. La política del Gobierno en esta crisis ha sido dejar de lado a autónomos, creadores de empleo e inversores de largo plazo y lanzar programas de asistencialismo fallidos que sabe que no puede ni va a pagar. Esto nos puede llevar a una crisis de deuda y económica sin precedentes con consecuencias sociales muy negativas a largo plazo.