Una de las grandes falacias del intervencionismo es decir que se ha privatizado la sanidad. Identificar titularidad con gestión y servicio. Para el intervencionista el servicio sólo es público si lo gestiona el poder político. Y es falso. Está demostrado, precisamente en esos países que dichos intervencionistas ponen como modelo, que la colaboración público-privada es más eficiente y que un servicio público de calidad se hace mejor con una gestión profesional, privada y no política.

Adicionalmente, cuando estos intervencionistas defienden “recuperar la sanidad”, en realidad ponen en peligro lo que fingen defender. Porque su objetivo no es mejor calidad, coste y servicio, sino mayor control. Es convertir la gestión de la sanidad en gestión política.

Es, además, una falsa deificación de lo público, porque esos intervencionistas, cuando toman la gestión, subcontratan a empresas una enorme parte de los servicios. Si es así ¿por qué la obsesión por estatalizar la gestión de la sanidad? Para convertirla en una máquina de contratación política.

La sanidad pública y universal es un servicio. Quien lo preste debe ser el más eficiente, no el que decida un político que no sufre ninguna de las consecuencias negativas de su gestión. Si una empresa gestiona mal un servicio público, pierde la concesión. Si un político lo gestiona mal, le sube a usted los impuestos y le echa la culpa a la falta de presupuesto.

Usted, como ciudadano tiene un beneficio gracias al ánimo de lucro de la empresa concesionaria, mejor servicio a mejor coste. Usted, como ciudadano solo tiene pérdidas ante el ánimo de despilfarro del gestor público. Menor servicio y más impuestos.

El ciudadano tiene muchos mecanismos para defenderse de las tentaciones de exceso del sector privado, si se dieran. El primero es la competencia, el segundo es la retirada de la concesión a favor de otro. El ciudadano no tiene ningún mecanismo para defenderse del ánimo de despilfarro del gestor político. Lo paga sí o sí.

La gestión y titularidad de la concesión es algo completamente distinto. Y cuando lo que se busca es intervenir todo el proceso del servicio público, lo que en realidad se busca es convertir un servicio público en un instrumento político. La sanidad pública no se defiende haciendo su gestión política. Se destruye.

En el caso de varias comunidades autónomas, PSOE y Podemos están llevando a cabo un equivocado asalto al modelo de colaboración público-privado en la Sanidad. Bajo el engañoso lema de defender “lo público”, solo busca defender “lo político”. Empeorar el servicio para convertir la Sanidad de todos en un instrumento político guiado por la ideología y no la eficiencia en la gestión.

Todo parte de una mentira. La falacia de la “privatización de la Sanidad”. La titularidad de la Sanidad Pública siempre ha sido del sector público. Una concesión para la gestión no elimina ni la titularidad, ni la supervisióny regulación por parte de la administración pública. Una gestión privada es un servicio a los ciudadanos que se mide por la calidad y la eficacia del mismo para todos, y que además es más barato ofreciendo mejores prestaciones.

Que se contrate a una empresa líder para gestionar un servicio estatal no significa que deje de ser público y de todos. Pero es que, además, el poder político que asalta la sanidad va a seguir subcontratando. No se trata de hacer el mejor uso del dinero de los contribuyentes y maximizar la calidad, se trata de que el poder político se apropie de la gestión para su propio beneficio.

Según datos oficiales de la Generalitat Valenciana y la propia Sindicatura de Cuentas autonómica, la colaboración público-privada generaba un ahorro del 25% y menos demoras quirúrgicas. Un informe de 2018 realizado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) y la consultora Antare muestra que la sanidad gestionada por el sector privado es más eficiente y económica. A esa misma conclusión llega el estudio comparado de la eficiencia técnica de 230 hospitales generales financiados por el sistema público de las 17 comunidades autónomas publicado por Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas, 2018).

Si España tiene la sanidad más eficiente de Europa y la tercera del mundo es precisamente por un exitoso modelo de servicio público en el que colabora la empresa privada y el sector público con una de las menores interferencias políticas de la eurozona.

Lo que esconde la amenaza del PSOE y Podemos es un programa de politización de la gestión de la sanidad.

Los intervencionistas engañan al ciudadano:

1) La titularidad pública no se ha perdido nunca. Se trata de una decisión ideológica que busca el control político.

2) La propuesta de destruir el modelo de colaboración público-privada es fiscalmente nefasta. No solamente carga al sector público de más costes e infla de contrataciones políticas el sistema, es que es un asalto a la inversión, el empleo y esos ingresos fiscales de los que tanto se quejan y que caen al destruir el tejido empresarial que ha apostado por invertir en el sector.

3) La sanidad pública se destruye cuando se antepone el interés político. Si ustedes creen que un grupo de partidos tienen como objetivo la eficiencia y el servicio, dénse un paseo por cualquier empresa gestionada por políticos. No hay mejor manera de que se evite el despilfarro y el descontrol que una gestión privada monitorizada regularmente, transparente y al servicio de los ciudadanos, no de los partidos. La prueba es que allá donde gestionan la sanidad, empeora el servicio y la calidad, y además –ojo– obliga a los ciudadanos que pueden a contratar seguros privados adicionales. Pagar dos veces por lo mismo.

4) ¿Y qué ocurre cuando se disparan los costes y el servicio empeora? Ningún partido gestionando la sanidad mejora el servicio, solo aumenta el coste. El burócrata siempre achaca los problemas de servicio a falta de presupuesto, y eso significa más impuestos. Y entonces es cuando llegan los recortes de verdad.

Defender lo público no es defender el control político. Defender lo público es dar el mejor servicio, con más calidad y con un coste más eficiente, asegurando la sostenibilidad, la inversión y el empleo, como se hace en toda la OCDE, con modelos de colaboración público-privada eficaces.