“No pienso recortar de mis colegios y de mis hospitales”, comentaba Susana Díaz al anunciarse la desviación presupuestaria que ha hecho que España incumpla el objetivo fijado. Lo curioso es que se justifica el exceso de déficit utilizando el subterfugio de la sanidad y la educación y el gasto en medicamentos por la hepatitis B.

Un momento. El gasto en hepatitis C ha sido de 1.000 millones de euros y el desajuste de 10.000. Algo no cuadra.

El coste de esta partida no puede ser una excusa para entrar en mayores déficits. Como cualquier país, si se da un coste extraordinario, se debe ajustar en otras partidas, no sumar y olvidar. En Reino Unido hay 200.000 pacientes y el coste total de financiarlo al 100% por la sanidad pública –que no es el caso- habría sido de 7.600 millones de euros, según Pharmaceutical Journal y la NHS. En España hay unos 24.600 pacientes que reciben 100% tratamiento público.

Y es que, como en 2011, se acude al subterfugio de la “educación y sanidad” para justificar la enorme cantidad de gastos innecesarios. En Andalucía, una de las comunidades que más ha recortado en sanidad y educación desde la crisis, el coste de la administración paralela, que engloba a 128 empresas, y 30.000 empleados públicos, supone casi 7.000 millones al año,
incluyendo presupuestos de capital y transferencias de financiación (según los presupuestos de 2015 y analizados por Cornelia Cinna).

El problema de dividir en muchos “chocolates del loro”. Achacan el problema a la Seguridad Social y el Estado Central. El déficit de la Administración Central se redujo el año pasado un 21,8% hasta 28.966 millones de euros, el 2,68% del PIB, casi un punto menos que el año anterior e inferior al objetivo. El de la Seguridad Social es coyuntural porque la subida de gasto en pensiones ha sido del 3% con un aumento de las cotizaciones efectivas del 1,7%. Se soluciona creciendo y creando empleo con mayor intensidad. Mientras tanto, solo tres comunidades cumplen con el objetivo acordado. Y ojo, que no es un objetivo agresivo –los landes en Alemania no tienen derecho a déficit- sino de un 0,7% “del PIB”… es decir, que cada una gasta entre un 12% y un 25% más de lo que ingresa.

Entre las regiones que superaron el límite del 0,7%, algunas lograron reducir el déficit, fundamentalmente La Rioja, Castilla La Mancha, Andalucía, Baleares, Cantabria, Madrid y Murcia. Aragón y Navarra, con aumentos de tres y cuatro décimas, muestran que los gobiernos “del cambio” solo cambian para gastar más y peor, incluyendo embajada en Bruselas. Las enormes subidas de impuestos solo llevan a incrementar los desequilibrios.

Cataluña volvió a ser la Comunidad con mayor déficit (2,7% de su PIB), seguida de Valencia, otro ejemplo del “cambio” que paga usted, con un 2,51%. Cantabria que subió los impuestos diciendo que “es menos que un café” se ha gastado el café y se ha endeudado para pagar el zumo y las tostadas.

Pero lo fácil es decir que hay que centralizarlo todo. No.

El problema del déficit de las Comunidades Autónomas es diferente, y no es porque existan modelos gubernamentales regionales. Los ingresos crecieron con fuerza, más del 3,9%, y el primer dato positivo en tres años, pero los gastos se dispararon al mayor ritmo desde 2009.

Los gastos no se adecúan a los ingresos, sino que cuando suben dichos ingresos se disparan aún más los gastos, agrandando el déficit estructural. El gráfico cortesía de Ramón Diez Guijarro es muy evidente. Con la pérdida de los ingresos extraordinarios que generaba la burbuja inmobiliaria, cuantificados en 40.000 millones, no solo no se ha reducido el gasto burocrático a la situación pre-burbuja, sino que se ha aumentado. Los gastos siguen adecuados a unas expectativas de ingresos que son simplemente imposibles en diecisiete entes cuyo tejido empresarial son sobre todo pymes de las cuales, según el FMI, más de la mitad continúan en pérdidas.

Además, el sistema del Fondo de Liquidez Autonómica se ha convertido en algunos casos en un incentivo perverso por el cual se beneficia el que más incumple, puesto que el estado rescata con condiciones muy benignas. Lo ha alertado Moody´s y la Comisión Europea.

La exigencia de un acuerdo de no disponibilidad de créditos, condiciones adicionales, penalización por incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores, y solicitud de Plan Económico Financiero y vigilancia del presupuesto de 2016 se convierten en males menores comparado con la ventaja relativa –para algunos gobiernos y su estructura- de perpetuar los desequilibrios.

El modelo autonómico tiene ventajas indudables, tanto en cercanía a los ciudadanos como en fuente de promoción de las características únicas y especiales de esa región. La fiscalidad debe estar más cerca del ciudadano que la paga, pero no para “armonizar” subiendo tributos en todas las comunidades solo para sostener el entramado burocrático. El País Vasco cumple con el déficit, tiene mejor fiscalidad y menor paro. Y sin embargo, lo que “el cambio” busca es lo contrario, atacar con una fiscalidad confiscatoria para encima aumentar el déficit y reducir el crecimiento potencial.

El modelo autonómico no debe ser una excusa para que siempre paguen los mismos y cobren los de siempre, y echar la culpa al enemigo exterior. Una cosa es la solidaridad y otra la donación. Necesita revisarse a un modelo que atrae inversión y empresas, con competencia fiscal y servicios de calidad, no observatorios y administraciones paralelas. En el que cada comunidad busque crecer como los mejores, no compararse con los peores.
¿Se imaginan una empresa donde todas las divisiones fueran deficitarias? Exacto. Insostenible.
Es vergonzoso que los mismos que dejaron un déficit oculto de 30.000 millones digan que la mayor parte del incumplimiento de 2015 viene de “una bajada del IRPF electoralista e insostenible del IRPF”. Llamar electoralista a devolver parte del esfuerzo a los ciudadanos que salvaron el país de la quiebra tras el despilfarro es un insulto a familias y trabajadores. Viene de volver a tirar de gasto a la mínima indicación de crecimiento.

Lo que más me preocupa de las cifras de déficit es la constatación de lo que llevo diciendo desde hace tiempo. Las coaliciones de perdedores solo se ponen de acuerdo en gastar y subir impuestos, y es casi imposible garantizar la responsabilidad presupuestaria en gobiernos en minoría. Pero nos dice más. Si queremos que el estado de bienestar no caiga junto a los gastos de época de burbuja cuando haya un shock de deuda, tenemos que trabajar ya, y exigir como ciudadanos, que los gobiernos, estatal y regionales, no lo pongan en peligro. Y está ocurriendo.

(Texto publicado en El Español)