«Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both» – Benjamin Franklin

Publicado en El Confidencial

Recuerdo que hace unos años en Italia, en medio de un escándalo de corrupción, le preguntaron a un político local sobre un apartamento en Roma que le habían regalado ilegalmente, y contestó: «Como me entere de quién ha sido el que me ha pagado el piso, le denuncio». Visto desde el extranjero, los escándalos que leemos en la prensa española, y sus justificaciones por parte de unos y otros, me recuerdan aquel episodio.

Según el Banco Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5% del PIB de un país. Estudios de la misma entidad valoran el impacto de dicha corrupción –en todas sus escalas- hasta en un 2% del PIB de los países de la OCDE, incluido el nuestro. En un encuentro organizado por Transparency International en Lisboa, en junio de 2013, comentaban que:

– En la Unión Europea, entre un 10% y hasta un 20% del total de los contratos públicos se pierde en corrupción

– El cinco por ciento del presupuesto anual de la UE no se justifica

– Tres de cada cuatro ciudadanos europeos perciben que la corrupción se ha disparado en los últimos cuatro años

– Pero, sobre todo, supone una pérdida de casi un billón de inversión y capital anual

– A escala global, el 55% de los ciudadanos de 107 países encuestados percibe una influencia excesiva de los gobiernos en la economía

No es de extrañar que ante semejante situación, el capital se escape.

Demasiado gobierno, demasiado poder, demasiada corrupción. Por ello hace falta transparencia absoluta, anteponer los principios a cualquier consenso, liderazgo y cercenar el acceso desproporcionado del Estado a la caja como parte de la solución. Precisamente porque esa es la única manera de garantizar los servicios esenciales que la gente valora. Si no, con la quiebra se hundirá todo, lo superfluo y lo necesario.

Tengamos en cuenta que un colapso institucional, cuando la deuda se ha disparado a casi un 90% del PIB, supondría una quiebra en cadena, que se llevaría por delante a la Seguridad Social y las pensiones, que están invertidas hasta un 90% en deuda soberana, a los bancos que acumulan 241.000 millones de bonos y créditos públicos… Y con ellos a las pymes y familias.

¿Es casualidad que esa percepción de corrupción creciente coincida con la crisis? No. ¿Y que se genere con el aumento del intervencionismo y el gasto público, a niveles el 49% del PIB de la UE, que se supone que es precisamente para combatir dicha crisis? Tampoco. Tras gastar cientos de miles de millones, la población sufre las consecuencias de lo que parecía un sistema muy atractivo, el asistencialismo clientelista, hasta que hay que pagarlo. “El socialismo es una idea estupenda hasta que se acaba el dinero de los demás” decía Margaret Thatcher.

El helicóptero travieso ha dejado de repartir dinero entre todos, por poco que fuera, y solo se genera deuda. Hemos entregado libertad a cambio de seguridad y ahora no tenemos ni libertad ni seguridad.

La corrupción se tolera –incluso se incentiva- mientras a la mayoría le cae algo de la misma. Pero cuando se acaba el sobre de la base de la pirámide –PER, subvenciones, ayudas, primas, enchufes, contratos, amiguismo- nos entra la indignación. Por eso hay que recuperar los principios de austeridad, meritocracia y esfuerzo y dejar de pensar que volverá 2005 y la fiesta.

Porque nunca hemos vivido periodos de mayor prosperidad que cuando la libertad económica estaba en máximos y el intervencionismo en mínimos. En las economías más intervenidas, la renta media es hasta 8 veces menor que en las economías con alta libertad económica. Desde que el intervencionismo y las políticas de gasto público se han instalado en las grandes economías, la desigualdad, que se había conseguido reducir a mínimos históricos gracias a la mejora de la libertad económica, no sólo no se ha reducido, sino que se ha disparado a los niveles más altos de la democracia (índice Gini).

El dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos.

Sin embargo, nos llevamos las manos a la cabeza cuando algunos proponen reducir gasto y bajar impuestos, que han sido las políticas que han creado riqueza y prosperidad. Como si el dinero que se despilfarra no fuera nuestro. Es el chocolate del loro. Hasta que se convierte en el chocolatón. Creer que un problema de mala gestión se va a solucionar con más dinero público, no solo es ingenuo. Es peligroso. Y creer que un problema de corrupción que parte de una sociedad acostumbrada al paternalismo asistencial se soluciona con «otros políticos», cuyos incentivos son los mismos, es suicida.

Hay que desprenderse de las manzanas podridas para que no ocurra lo que pasó con la banca, que al esconder a los malos entre los buenos y pretender salvar a todos, se acaba igualando a la baja y todos, los eficientes y los insolventes, sufren el estigma.

Lo que genera la corrupción, y su impunidad, es incertidumbre y miedo. Aumenta la inseguridad jurídica para alimentar al Leviatán del estado depredador que sostiene esa corrupción, que siempre nos parece «bajísima» e «irrelevante» o peor «pasa en todos lados»… Y el inversor simplemente desaparece. La palabra más usada en el mercado es uninvestable –imposible de  invertir-. Por eso ante estos casos es donde hay que poner por encima de todo los principios de libertad y honestidad, demostrar que no «ocurre igual en todos casos». Liderazgo y contundencia, no consenso y política de avestruz. Aprovechar que ahora el riesgo percibido es bajo para una catarsis real.

¿Sube la prima de riesgo por un caso u otro de corrupción? No en la OCDE, aunque sí en los mercados emergentes. La razón es que en los países emergentes no se parte de la base de una estabilidad institucional que se da por garantizada en la OCDE. Por tanto, la prima de riesgo sólo se ve afectada cuando se pone en peligro el estado que la ha tolerado. Es decir, no se dispara el riesgo crediticio por los escándalos. Son solo síntomas, pero muy relevantes porque son causa directa del gasto inútil, la falta de responsabilidad presupuestaria y el resultado final, el sobreendeudamiento, la debilidad y la posible quiebra.

 

El problema de la corrupción -y sus consecuencias- es que se convierte en un gravísimo problema financiero. Cuesta dinero cuando se pierde la confianza institucional y entonces, como en un país emergente, afecta a las primas de riesgo, que la Universidad de Cornell estima puede costar entre 300 y 350 puntos básicos de coste adicional de deuda. También cuesta por la huida de capital y caída de la inversión financiera directa, dos elementos que nuestro país necesita como el agua.

Y no es un problema causado por unos políticos, como si fueran extraterrestres que han caído de Ganímedes. Son el reflejo de una sociedad, no una casualidad. Es un problema de un sistema económico que tolera e incentiva el clientelismo como modo de evitar el libre mercado, la meritocracia y la competencia.

Hace unos meses el periodista John Müller dio una excelente charla en Madrid en Cunef y mostraba las portadas de su periódico desde finales de los 80. Dos cosas me sorprendieron:

– Desde Roldán (2,6 millones de euros más o menos) a los últimos casos (ciento treinta y seis millones de ERE, que podrían ser hasta setecientos millones, y cuarenta y siete, hasta ahora, de Bárcenas) las cantidades se han multiplicado de manera exponencial . De hecho, son las cantidades astronómicas las que diferencian a nuestro país de muchos otros donde también se dan esas corruptelas. En Reino Unido el escándalo de las dietas de los parlamentarios le costó no volver a poder presentarse a las elecciones a un 30% de ellos, por una cantidad acumulada de un millón cien mil libras (1.320.000 euros).

Solo el caso Edu + ERE, los mayores casos de corrupción de la UE, suponen un coste acumulado cercano al 0,4% del PIB.

– La falta de impacto político. El propio Roldán decía: «Tengo dos alternativas: pegarme un tiro o tirar de la manta». Y claro, mejor que no hable. Los nombres se repiten y apenas hay encarcelados, condenados… Hay más encausados pero por una cosa o por otra, no son condenados. Nuestra tendencia maniquea a analizar la corrupción desde el «y tú más» nos lleva a justificar lo que en otros países –donde también hay corrupción- sería inimaginable. Y nos lleva a equiparar a todos, dudar y acusar a todos, buenos y malos.

Es curioso, sin embargo que algunos se indignen con la corrupción en España en el puesto 40 de 177 del ranking mundial (cuanto mayor el puesto, más corrupto) y sin embargo alaben o asesoren a los regímenes más corruptos del mundo (Venezuela, el 160 de 177, etc…) . Gráfico cortesía de Transparency International.

Me dirán que es una exageración y que no es para tanto, que España se financia y no hay riesgos. Imaginen cómo mejoraría la financiación, y las cuentas públicas, de no existir este cáncer. Piensen que el impacto de un shock institucional es enorme y tiene efecto dominó, sobre Estado, bancos, empresas y familias. Y que ocurren, como hemos visto en países vecinos.

Justicia, dimisiones y mano dura. Los no corruptos deben saber que están empañando su prestigio tolerando el destrozo, que todos estamos financiando a los malos gestores, que además están expulsándonos del crédito, de la toma de decisiones, y apartando a los buenos de las instituciones. Eso no puede ser. Que la imagen de España no sea donde no se puede invertir.

El abandono de los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos.