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LA INCERTIDUMBRE PASA FACTURA

Tras dos votaciones de investidura fallida, es muy probable que España se encamine a nuevas elecciones en junio. Este periodo de incertidumbre política, que ya se extiende desde las elecciones municipales, empieza a mostrar señales evidentes de impacto económico.

Existen muchos estudios sobre el efecto en la economía de procesos de indefinición política. Estudios del Fondo Mondo Internacional (Aisen y Vega, 2011) o Harvard (Alesina, Sule, Roubini, Swagel, 1996) explican que la inestabilidad política y los cambios constantes de políticas y administraciones tienen un impacto directo en el crecimiento económico.

Lo primero que sufre en un entorno de constante batalla política con “enmiendas a la totalidad” y amenazas de cambiar todo a peor es la propensión marginal al consumo, la inversión financiera directa y las decisiones de contratación de los agentes nacionales. Es decir, somos los propios españoles los que reducimos la actividad viendo cada día en los medios de comunicación la batería de soluciones mágicas imposibles, los ataques y las llamadas a eliminar las medidas que han apoyado el crecimiento.

 

 

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La confianza del consumidor español -ICC – se ha reducido en doce puntos en lo que va de 2016. El ICC ha bajado a 95,2 puntos, un nivel que no se alcanzaba desde diciembre de 2014.

 

 

 

Mucho se ha hablado de la “fuga de capitales”.

Los inversores sacaron del país 70.200 millones de euros en 2015, la mayoría entre octubre y diciembre. Debemos aclarar que en esa cifra se encuentra la financiación a tipos más atractivos y repago de deuda gracias a las condiciones del BCE. Pero incluso si tenemos en cuenta ese efecto, usando el periodo temporal desde que el Banco Central Europeo, ha lanzado el programa de recompras, es evidente la ralentización de la concesión de crédito y que se ha dado una fuga de capitales que, aunque menor a los titulares, sigue siendo inconsistente con una economía que crece y atrae capital. Una gran parte corresponde a ciudadanos que prefieren depositar sus fondos fuera del país. Que España haya recibido casi 59.800 millones en financiación barata del BCE y se haya estancado entre deuda pública y el sector de la construcción, que ha sido un 55% del crédito privado concedido, muestra el evidente impacto de la incertidumbre. Aunque apoya el Banco Central, la percepción de riesgo aumenta.

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Se nota en el empleo también. El desempleo aumentó en febrero en 2.231 personas, y además contrastaba con la tendencia de los dos últimos febreros. En dicho mes de 2015, el desempleo bajó en 13.538 personas, y en 2014, en 1.949. Sin embargo, utilizando datos desestacionalizados, el paro bajó en 21.959 personas. Incluso si lo vemos desde ese punto de vista, se percibe una

Evolución del paro
Evolución del paro

ralentización en la intensidad de creación de empleo desde que comenzó el riesgo político tras el proceso electoral. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos siguen siendo positivos, con un aumento de ocupados de 63.355 personas, pero menos intenso que en febrero de 2015, cuando fue de 96.910 cotizantes. El problema sigue siendo el mismo. Incertidumbre y unas propuestas políticas que, en vez de afrontar el empleo desde la perspectiva correcta, que es potenciar la creación y crecimiento de empresas, se empecina en el dirigismo e intervencionismo que ha hecho de Andalucía campeona de paro con más de 35 años de políticas ‘sociales’.

 

No solo es la incertidumbre. También es la “mala certidumbre”, cuando se ataca a la inversión y la creación de riqueza. Proyectos cancelados o suspendidos en Barcelona, Navarra o Madrid ante la gestión entorpecedora de Podemos, etc. Se contabiliza en una pérdida de más de 7.500 futuros puestos de trabajo y superior a 6.000 millones en inversiones, además de una subida generalizada de impuestos, como hemos visto en Cantabria o Navarra.

 

FUNCAS estima que la economía seguirá creciendo por encima del 2%, pero muchos análisis cuantifican el impacto mínimo de la incertidumbre en hasta un 1% del PIB y, con ello, que la creación de empleo sea nula y, si se deroga la reforma laboral, hasta 300.000 empleos menos. El crecimiento de afiliaciones a la seguridad tiene una correlación muy importante, casi el 90%, con el del PIB, y ya muestra un riesgo de desaceleración claro.

 

Índice de actividad económica
Índice de actividad económica

 

Moody´s ha alertado que incumpliremos el déficit y que los pactos anunciados son negativos para la solvencia del país.

Un escenario de riesgo político puede reducir de manera drástica el acceso a financiación, y con toda seguridad lo encarecerá hasta en 300 puntos básicos.

En algunos casos se estima que hasta en 300 puntos básicos.  Es por ello que es tan importante que se permita la gobernabilidad y la estabilidad desde el objetivo de avanzar en las reformas, promover el crecimiento y la creación de empresas y empleo. Los ciudadanos han apostado claramente por la moderación y avanzar en las reformas. Nuestros políticos deben mostrar responsabilidad para facilitarlo.

 

Fuente de los gráficos : Markit, INE, Ministerios de Empleo, CIS y elaboración propia, Infografía La Razón.

Un pacto difícil de aprobar

Decía Margaret Thatcher que “el consenso parece ser el proceso de abandono de todas las creencias, principios, valores y políticas, algo en lo que nadie cree y a lo que nadie pone objeciones”.  En un periodo de incertidumbre política es precisamente donde esos principios no pueden abandonarse en aras de cualquier acuerdo de gobierno.

La economía española ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo frágil. Pasamos de no tener déficit estructural a un 5% del PIB en 2011, duplicando la deuda pública y con déficits anuales de más de 100.000 millones. Hoy, tras los esfuerzos realizados, se han puesto las bases de un crecimiento sostenible. Pero los desequilibrios se mantienen. Una deuda pública de casi un 100% del PIB y un gasto público que ha aumentado un 41% desde 2004. Por ello no podemos aceptar un acuerdo que propone volver a los errores históricos. Hundir la economía con el inexistente efecto expansivo del gasto corriente e ingresos estimados que no se cumplen.

Si aceptamos relajar el déficit y aumentar el gasto corriente en 25.000 millones aumentaremos el déficit estructural –que se genera aunque la economía crezca- en vez de seguir mejorando. Tras una expansión fiscal de más de 550.000 millones desde 2008 nuestro objetivo no puede ser aumentar la presión fiscal y retrasar la consolidación.

Eliminar deducciones y desgravaciones es un ataque directo a la inversión productiva. En el nuevo escenario fiscal el 80% de los autónomos, según ATA, sufrirá un aumento de impuestos. Hacerlo para aumentar el gasto político en un país que ha mantenido el gasto social en un 21% del PIB en medio de una grave crisis es engañar a los contribuyentes.

En España el gasto social se ha dejado intacto. Es falso que haya que “recuperar” el estado de bienestar. Quieren recuperar el bienestar del burócrata.

Por un lado hablan de eliminar las diputaciones, pero el gasto aumenta. El documento del acuerdo incluye la creación de un nuevo organismo, observatorio o comité estatal casi por página. Y tiene 66.

No se trata de decir no a los acuerdos. Se trata de rechazar lo que, con toda seguridad, agrandará el agujero fiscal español con la experiencia que ya tenemos. Los gastos se cumplen a rajatabla y la estimación de crecimiento e ingresos fiscales demuestra ser optimista.

No hay nada de socialdemócrata en repetir las políticas que han fracasado en media Europa. Y nos lanza a otro shock de deuda.

Publicado en La Razón el 25 de febrero, 2016.

Moody´s alerta. Riesgo de shock de deuda.

Históricamente siempre han reaccionado tarde ante los desequilibrios. El informe de Moody´s sobre la economía española publicado ayer es, por ello, extremadamente revelador. Nos muestra que el deterioro de las cuentas públicas que se avecina es muy relevante, ante promesas de más gasto y más déficit.

La rebaja a “estable” de la calificación de la deuda española nos muestra que siguen esperando un ritmo positivo de crecimiento de la economía que será insuficiente para reducir el déficit y, lo más importante, señala el riesgo que supone revertir las reformas y caer en políticas que acentúen los desajustes económicos.

Moody´s alerta de un panorama político fragmentado que puede llevar a políticas presupuestarias equivocadas. El clima favorable a avanzar en las reformas ha “decaído por el fuerte calendario electoral” de los últimos meses, afirma la agencia. La fragmentada constelación política que ha emergido de las elecciones del 20D no conduce a una nueva aceleración de las reformas en España.

La agencia de calificación muestra la misma preocupación que he comentado en tantas ocasiones en esta columna. Revertir las reformas puede ser extremadamente negativo, sobre todo la laboral y la de las administraciones públicas, que han supuesto gran parte de la mejora en crecimiento y empleo de nuestro país.  Moody´s avisa que es improbable que “las reformas estructurales que aún necesita España para consolidar el crecimiento se logren en los próximos tres o cuatro años con independencia de la composición del próximo Gobierno”. Y ahí es importante que los partidos que mantienen la responsabilidad y cordura no se rindan a las exigencias de los populistas.

Moody´s estima que España no cumplirá el objetivo de déficit público ni este año ni los próximos, lo que evitará que se reduzca una deuda pública en el entorno del 100% del PIB.

La agencia constata lo difícil que va a ser cumplir con los objetivos cuando las mejoras conseguidas por el Gobierno en los últimos años, entre ellas el control de las administraciones públicas o la reforma de las pensiones, han tenido un menor impacto de lo que la propia agencia estimaba.

La agencia estima que no se han implementado las reformas con la contundencia necesaria para controlar el desajuste presupuestario, a pesar de contar con la legislación para hacerlo.  Moody´s reconoce que el crecimiento económico ha sido mayor a lo estimado, pero constata que el lo no ha resultado en una mejora equivalente de las cuentas públicas, a pesar de la reducción del déficit.

Todo esto nos puede parecer subsanable si continuamos creciendo y creando empleo como hasta ahora. Efectivamente, si el Gobierno tiene como objetivo avanzar en las reformas, seguir creando empleo y fortalecer el crecimiento económico, estas preocupaciones de la agencia de calificación serían irrelevantes. Pero no lo son. Muestran un deterioro que es evidente desde que la incertidumbre política se instaló en nuestro país y comenzaron las promesas rupturistas, populistas y temerarias de gastar y endeudarse.

 

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¿Cuáles son las consecuencias reales?

La economía no va a crecer un 2,8%-3% si se vuelven a subir los impuestos y se aumenta el gasto para alimentar mayor burocracia. Las irresponsables llamadas a relajar el déficit ya parten de unas estimaciones de ingresos optimistas e imposibles de cumplir y de un aumento del gasto corriente que profundizará los desequilibrios de una economía con un déficit estructural de casi 40.000 millones de euros anuales.

Se ha llevado a cabo una modesta reforma de la administración pública que ha generado ahorros de 30.000 millones de euros estructurales, pero olvidamos que el gasto público ha aumentado en España un 41% desde 2004 y llevamos un déficit acumulado de más de 550.000 millones en ocho años. Los políticos olvidan también lo que ha alertado el BCE. No se reduce la deuda con subidas de impuestos y estimaciones mágicas de ingresos fiscales futuros para gastos muy reales.

Debemos hacer mucho más. Garantizar un “colchón” de reducción de gasto ante caídas de recaudación imprevistas que impidan cumplir con el déficit. Introducir sensibilidades al crecimiento que se ajusten cortando gasto discrecional, no aumentando deuda y subiendo impuestos.

Esta llamada de atención no debe ser ignorada.

Si paramos las reformas, intervenimos y gastamos más nos encaminamos a otro shock de deuda que ningún banco central va a disfrazar.

España tiene que refinanciar más de 400.000 millones de euros en 2016, de los cuales unos 230.000 son de deuda pública. Destruir lo conseguido y entorpecer las reformas nos llevará no solo a que se dispare la prima de riesgo, sino al impacto en pymes y familias del mayor riesgo país. Ignorar la alerta de Moody´s es peligroso. Lanzarnos a repetir el 2008, suicida.

Publicado en La Razón, 21 de febrero 2016.