Los titulares del fin de la semana han resaltado el cambio radical de postura del gobierno de Sánchez con respecto al Sáhara y Marruecos, que supone revertir la posición de España mantenida, gobierno tras gobierno, desde hace 46 años.

La primera reacción ha sido inmediata: Argelia ha llamado a consultas a su embajador en España ante lo que considera “la segunda traición histórica de España”.

Estamos acostumbrados a escuchar cosas sorprendentes de Moncloa, pero la entelequia surrealista que se han inventado para justificar su posición con el Sáhara merece un artículo.

Europa no va a conseguir tener una transición energética competitiva desde el intervencionismo. Sin embargo, la obsesión del Gobierno de Sánchez es seguir destruyendo el poder adquisitivo de los consumidores con las peores ideas económicas posibles.

Ante la evidencia del riesgo de estanflación, con el IPC al 7,6%, el más alto de nuestros países comparables y el peor ritmo de recuperación, el Gobierno desempolva del cajón del que nunca deberían haber salido las mayores entelequias económicas. pacto de rentas, «autarquía» e «intervención de precios».

El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó lo que todos sabíamos. El Gobierno infló las estimaciones de recuperación de PIB de 2021 hasta el último momento.

Recordemos que el Gobierno estimaba en marzo 2020 «impactos poco significativos» de la pandemia, que mantuvo estimaciones de subida de PIB del 1,6% todo lo que pudo hasta que las tuvo que bajar a -9,2% en ese año y, por supuesto, el desplome fue mucho mayor y brutal, -10,8%.

Esa misma euforia y estimaciones infladas las repitieron para 2021. Empezaron con una estimación de +9.8%, la rebajaron a  +7,2% y las mantuvieron en +6,5% para 2021 en los Presupuestos a pesar de estar un 24% por encima de las estimaciones de consenso y no existir ni una sola estimación independiente tan optimista.

La inflación es el impuesto de los pobres. Destruye el poder adquisitivo de los salarios y fagocita el poco ahorro que atesoran los trabajadores. Los ricos se pueden proteger invirtiendo en activos reales, inmuebles y financieros, los pobres, no.

La clase media y los asalariados no solo no ven ventajas de la inflación, sino que pierden en salario real y, además en perspectivas de futuro. El estudio de Robert J. Barro en más de 100 países muestra que un aumento medio de 10% en la inflación durante un año reduce el crecimiento un 0,2-0,3% y la inversión de 0,4% a 0,6% en el ejercicio. El problema es que el daño se enquista. Incluso si el impacto en PIB es aparentemente pequeño, el efecto negativo tanto en crecimiento como en inversión permanece varios años.