El gobierno ha tenido la osadía de llamar “bulo” al informe del Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation que muestra que España es uno de los países con una fiscalidad más agresiva contra el sector productivo. Como es normal, faltan a la verdad.

Según el informe, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados y es uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE.

El esfuerzo fiscal, la presión fiscal normalizada en función de la renta, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea.

“We all wear disguises” Pete Townshend

España 2022, a la cola de Europa y con el paro maquillado.

Los datos de paro de diciembre reflejan el preocupante frenazo del empleo en España y la lenta y pobre recuperación.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de diciembre, ha descendido en 43.727 personas en relación con el mes anterior.

Sin embargo, el total de parados y desempleados registrados en el SEPE se sitúa en 2.837.653 parados registrados «oficiales», pero en total hay 3.300.341 personas inscritas en el SEPE y que no trabajan, a los que cabe añadir los 20.574 trabajadores que al finalizar el mes están en un ERTE, como explica el sindicato USO.

España no es el país que «más crece de Europa», como dice el gobierno

No, estimado presidente, España no es ni será el país que más crezca de la Unión Europea. Para tristeza de todos los españoles, nuestro país no recuperará el PIB de 2019 hasta 2023 -si lo hace- y eso después de aumentar la deuda pública más que ningún otro país comparable.

El gobierno ha subido la luz un 20% a la inmensa mayoría de los españoles

Ya hemos comentado en varias ocasiones el engaño que supone eso que llaman “el tope del gas” que ni es un tope ni nada. Es una subvención al gas natural que ha tenido varias consecuencias. Por un lado, el coste de la medida ya supera los 12.000 millones de euros, según fuentes del sector. Esa es la cantidad que se ha pagado a las gasistas por la diferencia entre el precio maquillado del gobierno -eso que llaman “la excepción ibérica”- y el coste del gas natural real. Esa diferencia la pagamos todos en la factura, pero disfraza el IPC al traspasarle el coste a todos los consumidores, incluso aquellos que tenían contrato a precio fijo.

El coste total esperado del mecanismo durante su aplicación (hasta junio 2023) es de 12.000 millones de euros, frente a los 4.300 millones de euros que se estimaban inicialmente, según el sector. Las rentas enviadas a otros países (Francia, Marruecos, Portugal) superan los 1.500 millones de euros y se ha elevado un cargo a contratos que eran fijos y no se veían afectados por las subidas de 80 €/MWh, incluyendo los PPAs renovables.