España ha terminado el año 2022 con un nuevo récord de deuda pública, 1,5 billones de euros. Supone un aumento de 8.384 millones más que en octubre, y eso con ingresos que alcanzan niveles históricos tras la subida de impuestos generalizada por no deflactarlos a la inflación.

El endeudamiento aumentó un 5,6% con respecto a noviembre de 2021, lo que supone un incremento de 79.227 millones en un año. En 2023, el Tesoro tiene que refinanciar 257.000 millones en 2023 y no podemos olvidar que, en las propias estimaciones del gobierno, se incurrirá en unas necesidades de emisión de deuda neta, de nuevo, con ingresos récord, de otros 70.000 millones de euros por el elevado déficit estructural.

La euforia gubernamental con los datos económicos esconde que España es el país que más se empobrece de nuestro entorno, y además con gran diferencia.

No. España no es el país que más crece de Europa. Otros, con una fiscalidad mucho más atractiva, crecen mucho más y además ya han recuperado el PIB de 2019. España, con las últimas estimaciones de la AIReF y el FMI, sigue por debajo de los niveles de PIB pre-covid y eso a pesar de inflar el producto interior bruto con un aumento de deuda sin precedentes.

Con los últimos datos para 2022, España aún está un 1,1% por debajo del PIB de 2019 tras aumentar la deuda pública un 15% y disparar el gasto público (que infla el PIB aunque se financie con más deuda).

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La tarifa eléctrica en España está intervenida masivamente. Más del 60% de la tarifa son impuestos y costes regulados. Además, la parte mal llamada “liberalizada” incluye impuestos a la nuclear, a la hidráulica y el impuesto escondido del coste de CO². Ante semejante barbaridad, solo a un burócrata se le ocurre la idea de que la solución es intervenir aún más.

El gobierno, que recauda más de 14.000 millones de euros de la tarifa eléctrica, el triple que el beneficio operativo en España de todo el sector, y que mantiene la tarifa con un 60% de impuestos y costes regulados, te dice que va a bajar la luz interviniendo.