Todas las entradas de: Daniel Lacalle

Acerca de Daniel Lacalle

Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica y el IESE.

El socialismo lleva a Latinoamérica a una nueva década perdida

Estoy haciendo una gira de dos semanas por países de Latinoamérica dando conferencias. La evidencia de la última década es la de un crecimiento extremadamente pobre, productividad estancada y elevada inflación.

El socialismo lleva a Latinoamérica a una nueva década perdida

Gran parte de Latinoamérica se ha entregado al socialismo y el resultado es devastador. Todos los países que han sido infectados por el virus del Grupo de Puebla han empobrecido a sus ciudadanos, especialmente a los más desfavorecidos, como ocurre siempre con el socialismo.

La evidencia empírica del fracaso del socialismo se une al equivocado diagnóstico de los problemas de la región. Desde México a Colombia, Brasil, Uruguay o Chile, se repite constantemente que sus problemas vienen de aplicar recetas neoliberales. 

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Lo que nos espera: menos empleo y menos Estado del Bienestar por una fiscalidad contra la inversión

El expolio impositivo es negativo a medio plazo: el temor empresarial trae peor empleo y menos recaudación

El Gobierno y sus socios siguen obsesionados con atacar a las grandes empresas, utilizando la inseguridad jurídica y la regulación. Las consecuencias son evidentes. La inversión en España lleva estancada desde 2019 y la inversión extranjera se desploma desde 2018.

El Gobierno miente de nuevo con la reforma fiscal. Otro hachazo a la clase media

Todo viene de una visión maniquea y sectaria que viene de pensar que una empresa que gana mucho es mala y, sobre todo, que, si gana mucho porque invierte muchísimo más, hay que penalizarla. Atacar a las grandes empresas es atacar el progreso y poner en peligro el sistema de bienestar que fingen proteger. Tenemos menos empresas y menos grandes, y solo se encuentran con desprecio regulatorio y fiscal.

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Sánchez instala la inseguridad jurídica en España

El esperpento del hachazo fiscal de la última semana debería ser fuente de titulares diarios. Lo aterrador es que se queda en nada cuando sabemos por El Español que Aldama, el comisionista del caso Koldo, ha implicado a Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres y Teresa Ribera en sus negocios con el Gobierno. Estamos ante un sistema de corrupción e inseguridad jurídica institucionalizado.

Sánchez instala la inseguridad jurídica en España

Da vergüenza leer que el Gobierno acuerda por un lado mantener el impuesto a las energéticas para contentar a sus socios comunistas y, por el otro acuerda con Junts x Cat que no se mantenga. Como no cuela, les intenta convencer de que no afectará a las inversiones en su región. Aleatoriedad e inseguridad jurídica.

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Ribera y Sánchez: activismo irresponsable, incompetente o criminal

Si ellos saben más que nadie de riesgos climáticos y, por acción, omisión e inacción, han eliminado infraestructuras clave que mitigan sus consecuencias, deben dimitir

Ribera y Sánchez: activismo irresponsable, incompetente o criminal

“El cambio climático mata” y “si necesitan más recursos, que los pidan”pasarán a la historia como dos frases que resumen a la perfección la hipocresía y condescendencia del Gobierno de Sánchez.

Que el señor Sánchez solo usa el cambio climático como excusa para crujirte a impuestos es una evidencia.

Si se creyese lo que dice, no penalizaría a las empresas e industrias que invierten y crean soluciones de innovación y tecnología que mejoran la sostenibilidad, no tendría paralizadas miles de millones en licencias de inversión en renovables, no demonizaría a las empresas que ponen su capital para dar alternativas, no prohibiría la limpieza de cauces, barrancos y brozas multando a 600 euros del ala a quien se atreva a hacerlo, ni gastaría 2.500 millones de euros en derribar infraestructuras.

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