El Gobierno no para de decir que no va a dejar a nadie atrás. Excepto a los casi novecientos mil trabajadores que no han cobrado ERTE, las empresas y los autónomos, que son la clave para una recuperación sólida y para la recuperación del empleo.

Los datos de paro de mayo muestran una terrible realidad, que refleja además que España está destruyendo mucho más empleo que la inmensa mayoría de países de nuestro entono.

8,3 millones de personas se encuentran ya bajo algún tipo de subsidio de desempleo (parados, ERTE y prestación extraordinaria por cese de actividad). Un drama que supone que casi el 36% de la población activa esté en alguna forma de desocupación.

Si consideramos la media de la eurozona, de la Unión Europea o de la OCDE, hablamos de un paro oficial -sin contar ERTE- que superará en más del doble la de nuestros países comparables. Solo Grecia tendrá unos niveles de paro (oficial y total) remotamente similares a los de España.

La crisis ha destruido ya 133.430 empresas del régimen general en solo dos meses y unos días. Una destrucción de empresas sin precedentes que lleva a España a tener hoy menos que en 2009. Y el número de empresas del régimen general con trabajadores es un factor clave para la recuperación de las cuentas públicas, del empleo y de la recuperación.

El devastador impacto en el número de empresas viene de la errónea gestión de la pandemia y un cierre forzoso más agresivo que el de la inmensa mayoría de países, y hecho sin coordinar con empresas y agentes económicos. Ningún país líder de nuestro entorno se encuentra hoy con menos empresas con empleados que en 2009.

Son 133.430 proyectos destruidos, creados con ilusión, con enorme esfuerzo y trabajo y con una inversión muy importante de ahorro por parte de sus gestores y propietarios. Esos proyectos no volverán. 

Sus propietarios se quedan con las enormes pérdidas patrimoniales, la dificultad de recuperarse y la frustración de ver caer su negocio no por mala gestión o estrategia, sino por la desastrosa incompetencia gubernamental.

El destrozo en ingresos públicos a medio y largo plazo creado por negarse a exonerar impuestos durante el estado de alarma va a ser aterrador.

El destrozo en ingresos públicos a medio y largo plazo va a ser aterrador en los próximos meses. 

Por obsesionarse con recaudar cuatro euros mal contados mientras enviaban a decenas de miles de empresas al cierre, se pierde muchísimo más a medio plazo.

Calculamos que la pérdida de ingresos fiscales por desaparición de empresas entre 2020 y 2024 será de un mínimo de 13.500 millones de euros menos cada año y un menor empleo de al menos 200.000 puestos de trabajo.

La crisis también ha generado un destrozo en los autónomos, los más olvidados de esta pandemia. Y se ha llevado por delante a casi 37.000 autónomos. Más de 1,5 millones de autónomos han pedido la prestación extraordinaria por cese de actividad, y 27.523 aún no han cobrado nada desde marzo.

La capacidad de estos profesionales de recuperarse va a ser muy baja, lenta y complicada, pero además va a ser mucho más difícil que contraten nuevos empleados ante la acumulación de impuestos y costes fijos.

Cualquier gobierno realmente preocupado por el crecimiento y el empleo habría tomado medidas urgentes de exoneración (no retraso) de impuestos durante el estado de alarma y dar liquidez sin recurso para cubrir necesidades de capital circulante (no avales, que es permitirte endeudarte, si te lo conceden, para pagar impuestos).

Esto habría mitigado de verdad la sangría de empresas y habría facilitado la recuperación del empleo. Nos volverán a decir que “no van a dejar a nadie atrás” de manera propagandística, pero llevar al cierre a decenas de miles de empresas y autónomos no es una política social, es la más antisocial.