El último informe del Banco de España sobre el mercado inmobiliario debería haber reordenado por completo el debate público sobre la vivienda en España. No lo ha hecho. Y no por falta de claridad, sino por un evidente interés político en ignorar lo que realmente dice.
El diagnóstico es incómodo porque es estructural. España no tiene un problema puntual ni un culpable concreto. Tiene un problema persistente de oferta: allí donde crecen la población, el empleo y la actividad económica, la vivienda no llega. Llega en menor cantidad de la necesaria, tarde y no donde se necesita.
Las consecuencias son conocidas. Cuando la oferta no responde, los precios suben, el acceso se deteriora y los hogares más vulnerables quedan expulsados del mercado. No es ideología. Es economía básica.
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