El caso Plus Ultra es mucho más que un rescate mal justificado. Es un ejemplo de una forma de gobernar usando la captura política de recursos e instituciones públicas, con efectos económicos directos y un deterioro claro de la imagen internacional de España. Entre analistas e inversores internacionales, la primera pregunta que aparece de nuevo es por qué no hay dimisiones inmediatas en un caso que involucra a cuatro ministerios y al presidente del Gobierno junto a todo el Consejo de Ministros. En cualquier país serio, el Delcygate, el caso Koldo, Ábalos o Berni habrían llevado a dimisiones inmediatas. En el caso Plus Ultra, las razones son, si cabe, mucho más evidentes.

En España se inyectaron 53 millones de euros por procedimiento de urgencia a una aerolínea marginal, con cuota irrelevante y sin viabilidad económica, mientras se dejaron fuera a cientos de empresas con mucho más peso en empleo, cuota de mercado e importancia estratégica. Cuando el Gobierno aprobó el rescate, por vía de urgencia, en marzo de 2021, Plus Ultra operaba solo un avión y representaba apenas el 0,03% del tráfico aéreo en España.